El Ayuntamiento blinda a la empresa de los incumplimientos en los colegios a un mes de las elecciones

Se amplía el contrato para la limpieza de dependencias municipales a Limpiezas Garayalde. Esta empresa también se encarga de los centros educativos, cuyas trabajadoras denuncian incumplimientos, impagos y precariedad
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El Ayuntamiento de Santander ha aprobado la prórroga del contrato suscrito con Limpiezas Garayalde Cantabria, S.A., para la limpieza de centros y dependencias municipales.

Se trata de un contrato formalizado con fecha 19 de septiembre de 2022, es decir, hace menos de un año, por un presupuesto anual de 2.427.849,57 euros con una duración de 2 años, prorrogable por acuerdo expreso de ambas partes por dos años más.

El 5 de diciembre de 2022, fue aprobada la primera ampliación para incluir la limpieza del edificio c/ la Paz, del Centro Cívico Numancia y del nuevo edificio de Talleres municipales, por un importe anual de 102.373,08 euros.

Ahora se vuelve a ampliar el contrato al incluir nuevas instalaciones:

  • Local para Servicios Sociales sito en Fernández de Isla por un importe anual de 1.856,96 euros
  • Nueva sede de la Policía Local por un importe anual de 56.445,27 euros
  • Centro Cultural Fernando Ateca por un importe anual de 32.977,10 euros

De forma que la empresa sumará 91.278 euros más al servicio

INCUMPLIMIENTOS Y PRECARIEDAD 

Es la misma empresa que presta otro servicio de limpieza que depende del Ayuntamiento de Santander, el de limpieza de los colegios, cuyas trabajadoras sólo reciben 5 euros de los 13 que percibe la empresa, entre otros incumplimientos de los que se hacía eco recientemente el portavoz municipal y candidato del PSOE a la Alcaldía de Santander, Daniel Fernández.

Según esta denuncia, se está incumpliendo el contrato en 15 colegios públicos de Santander: Magallanes, Gerardo Diego, Fuente de la Salud, Eloy Villanueva, Elena Quiroga, Antonio Mendoza y Cisneros, Manuel Cacicedo, Jesús Cancio, Manuel Llano, Quinta Porrúa, María Blanchard, Ramón Pelayo, Vital Alsar y Nueva Montaña.

Del mismo modo, las horas no prestadas afectan al mantenimiento de dos pabellones municipales incluidos en el contrato, el del Eloy Villanueva, en Monte, y el del Manuel Cacicedo, en San Román

Según el portavoz socialista, la suma de incumplimientos en las horas diarias, la falta de sustituciones en periodos no lectivos (como la Semana Santa) y el despido de la mayoría del personal en la semana entre el 23 y el 30 de junio «no sólo son incumplimientos flagrantes del pliego, sino que constituyen un ataque a las condiciones laborales de las limpiadoras que está indirectamente amparando el Ayuntamiento de Santander».

Además, señalaba Fernández, los incumplimientos se traducen en un «sobresfuerzo» de las trabajadoras, que «se ven obligadas a hacer en su horario también los patios» y «dificulta la limpieza a fondo de las aulas como correspondería en semanas no lectivas», porque «no se sustituyen a las operarias que están de vacaciones».»El resultado es un servicio que se presta deficientemente y que precariza a las limpiadoras», ha lamentado.

El portavoz socialista recalcaba que este contrato, adjudicado a Garayalde por 1,8 millones de euros en octubre de 2022, «se está incumpliendo desde principio».

Por otra parte, ha recordado que anteriormente a esta adjudicación ha habido «años de prestación del servicio sin soporte legal y mediante facturas en el cajón que han incluido un beneficio empresarial que no estaba justificado al no haber relación contractual, tal y como han advertido reiteradamente los servicios jurídicos del Ayuntamiento».

En concreto, Fernández ha valorado en 3,2 millones de euros las facturas de la empresa Garayalde que el PP ha elevado al Pleno en la actual legislatura, por lo que el «exceso para las arcas públicas ingresado indebidamente por el beneficio empresarial sin soporte en ningún contrato durante estos años es de casi 200.000 euros».

El PSOE de Santander ha cifrado en 31,5 millones de euros el total de reconocimientos extrajudiciales de deuda en la legislatura, con una estimación de «casi 2 millones de euros de coste para las arcas públicas en concepto de un beneficio industrial que no estaba amparado por contrato al extinguirse la relación con las empresas». «Es la mala gestión del PP que nos sale carísima a los santanderinos», ha sentenciado.

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