El colectivo Salvar La Magdalena, que nació en protesta por el impacto visual de los espigones en esta playa santanderina, organiza este jueves una nueva ruta comentada con la que hacen didáctica del valor cultural y paisajístico que tiene todo este entorno.

En concreto, será este mismo jueves a las 19.00 horas, y estará centrada en el Paseo de Reina Victoria, coordinada por el arquitecto y pintor Domingo de La Lastra, muy implicado en la defensa del patrimonio y en todo el tema de las playas de La Magdalena.

Bajo el título ‘Reconocer el paisaje’, la ruta partirá a las 19.00 horas desde el mirador de San Martín (donde antes estaba la bolera y ahora hay una plaza que propusieron que se hiciera responsables del Grupo Sadisa, que luego acometieron la obra, dentro del proceso de alegaciones al Plan General de Santander, como se cuenta en ‘Expulsados. Santander, la transición urbanística pendiente’, del equipo de EL FARADIO’).

Una de las escolleras levantadas en las playas de Magdalena , Bikini y Peligros.

Salvar La Magdalena nació a raíz del inicio de las obras de los diques de La Magdalena, justificados en la necesidad de mantener la arena y que fueron una de las opciones –no la única- que planteó el Instituto de Hidráulica, inclinándose el Ayuntamiento por la más barata y de mayor impacto. Se construyó uno de ellos, pero se paralizó la obra del segundo. La alcaldesa de Santander pasó del rechazo inicial al impacto visual, como consta en documentos del Ayuntamiento, a defenderlo y luego rechazarlo otra vez como forma de conservar la Alcaldía en su pacto con Ciudadanos, para finalmente volver a pedir su construcción esta legislatura, que, en todo caso, es algo que depende del Gobierno central (tanto la construcción como la opción de los rellenos de arena periódicos).

El colectivo Salvar La Magdalena recuerda en esta nueva etapa los intereses privados que se han gestado en torno al proyecto de los diques:

Tal y como ha contado EL FARADIO, pegada a la playa, está la finca de Elena García-Botín, Prima del fallecido Emilio Botín y que fue miembro de la Junta Directiva Bacional del PP, quien encargó en su día unas obras de urgencia para para levantar una escollera privada que protegiera el muro de su vivienda, en línea de playa, que se había venido abajo tras un temporal.

Por la finca pasaba un camino que, por la Ley de Costas, debería ser público. Es lo que se conoce como zona de servidumbre de tránsito, que según la Ley de Costas se establece seis metros hacia el interior desde la línea máxima de marea (que en esa zona de la Magdalena, junto al Balneario, es el muro de la propiedad) y según los planos atraviesa el jardín de su casa, a escasos metros de su piscina.

El proyecto de los diques implicaba que se ganarían hasta 40 metros de arena seca, según los expertos ligados al proyecto.

Ganar metros al mar supondría alejar la línea de marea máxima del muro de la propiedad de los García-Botín y Pérez-Maura, y en consecuencia, a futuro sacar la línea de servidumbre de tránsito de su parcela.

La escollera de los García-Botín

Si la playa ganaba cuarenta metros de arena seca como se plantea en el proyecto, se desplazaría la servidumbre de tránsito hacia el sur, hasta hacerlo salir de la finca privada.

Según planteó entonces el abogado Javier Gómez-Acebo, miembro de la plataforma Salvar La Magdalena, sucesivas actuaciones tendieron a colocar la pasarela ciclista de madera sobre arena ganada a la playa que habitualmente ha tenido que volver a ponerse ante la acumulación de temporales. Al colocarse encima precisamente de la escollera privada se justificó el uso público.

Ese tipo de “obras de defensa” frente a la “invasión del mar” fue una posibilidad abierta por la reforma de la Ley de Costas del PP EN 2013, e implica el pago de un canon por lo que no dejaba de ser construir en dominio público marítimo-terrestre. Hubo debate, que llegó a los tribunales, sobre el concepto del canon: fijado en 40.000 euros anuales durante 15 años (total: 800.000) , aplicando la Ley y el uso residencial del bien a proteger, como defendió la Abogacía del Estado, frente al criterio que empleó la ponente de la sentencia del TSJC, la magistrada Paz Hidalgo que al verlo “desproporcionado” optó por emplear la media de las concesiones en el subsuelo del dominio público marítimo terrestre en el término municipal de Santander, quedando en 10.041 euros durante 10 años –cuatro veces menos al año que el cálculo inicial- y pasando de 800.000 a 100.000.