La Asociación Eólica de Cantabria ha celebrado esta mañana su asamblea anual ordinaria. Tras la reunión, los asociados han podido compartir un encuentro abierto con el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, y con el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti. El acto ha contado también con la aportación del vicepresidente de la asociación Cantabria Sostenible, Ángel R. Baquero.

El presidente de la AEC, Agustín Valcarce, ha aplaudido la decisión del nuevo gobierno de desbloquear la burocracia que afecta a los parques cántabros que cumplen con toda la normativa. Igualmente, ha insistido en la necesidad de mantener esta agilización en las tramitaciones, con el objetivo de movilizar los 300 millones de euros de inversión que suponen los siete parques eólicos con Declaración de Impacto Ambiental positiva (DIA) en nuestra comunidad autónoma.

Del mismo modo, el presidente de la AEC ha destacado la oportunidad que tendrá la industria cántabra de aprovechar la energía limpia producida en los parques para poder abastecer buena parte de sus necesidades con contratos de precios estables y media y larga duración (PPAs). Así, la industria eólica dinamiza una interesante cadena de valor que va desde la obra civil a la ingeniería, pasando por la I+D+i o la logística.

Valcarce también ha recordado a los representantes del Gobierno que Cantabria que los objetivos de sostenibilidad energética vigentes en la región siguen sin cumplirse por el escaso desarrollo que sufre la energía eólica terrestre desde hace décadas. El presidente de la AEC ha destacado que los siete parques con DIA positiva suman 280 MW de potencia, con lo cual, una vez entraran en servicio, podrían abastecer la mitad del consumo eléctrico doméstico de la región. Además, evitarían la emisión de más de cinco millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

En cualquier caso, esta potencia en tramitación, sumada a la ya instalada en Soba y en Campoo de Enmedio (35,2 MW), no llega ni siquiera a ser la mitad (315 MW) de los 700 MW de energía eólica previstos en el borrador del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2021 – 2030. D

El Parque Eólico de El Escudo (105 MW) es el único que ya ha superado el trámite de la CROTU, de manera que sus promotores prevén tenerlo a pleno rendimiento en 2025. Los otros seis parques en tramitación son Bustatur (41,6 MW), Somaloma – Las Quemadas (43,2 MW), Campo Alto (27 MW), La Costana (13,5 MW), Cuesta Mayor (30 MW) y Alsa (20 MW). Los promotores que los desarrollan son Biocantaber, Iniciativas Eólicas de Cantabria, EDP Renovables y Capital Energy.

La AEC recuerda que también existen promotores con proyectos pendientes de someterse a declaración de impacto ambiental.

Según la AEC, la construcción de los parques empleará a 400 personas durante tres años y dará trabajo a otras 80 durante los 25 años explotación.  En la actualidad, solo las compañías asociadas a la AEC suman 2.000 empleados.

Toda esta inversión se realiza sin ningún tipo de ayuda ni subvención por parte de ninguna administración pública. En palabras de Agustín Valcarce “a los cántabros les cuesta cero euros que haya energía renovable en la región”.  No existe ningún tipo de prima ni proyecto sostenido con fondos europeos.

También destacan el impacto en los ayuntamientos y juntas vecinales de Campoo de Yuso, Campoo de Enmedio, Molledo, San Miguel de Aguayo, Luena, Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río, Valdeolea, así como el plan de apoyo a las poblaciones locales, que se gestionará de manera autónoma por parte de promotor. Serán iniciativas orientadas hacia el desarrollo rural y el reto demográfico que sumarán cada año 1 millón de euros aproximadamente. Incluyen tarifas de luz reducidas para los vecinos, así como la creación de comunidades energéticas de autoconsumo mediante energías renovables. Se contemplan actuaciones específicas de apoyo a sectores económicos como el turismo y la ganadería, así como planes de formación y empleo, asistencia social a mayores y dependientes o actividades para la población infantil.

Las acciones de impulso de las comunidades rurales también prevén la promoción turística y venta de productos artesanales a través de herramientas digitales, la mejora y restauración de zonas verdes y vías forestales, así como la conservación de bienes y lugares de interés o el patrocinio de eventos culturales.

Los siete parques supondrían además un pago directo a los ayuntamientos de 7,4 millones de euros en concepto de licencias de obra. Además, anualmente se percibirían por estas entidades más de 2 millones de euros en concepto de IAE, IBI, canon urbanístico y arrendamientos de terrenos.