Hace aproximadamente un año, una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estimaba parcialmente la demanda de Ecologistas en Acción Cantabria, interpuesta en octubre de 2019, por incumplimiento del Plan de Restauración de la Cantera de Santullán aprobado por la Dirección General de Industria en 2008.

El fallo del tribunal alegaba que «la Administración Autonómica deberá resolver de forma motivada sobre la incoación de expediente sancionador por incumplimiento del plan de restauración de la cantera con arreglo al art. 121 de la ley de Minas de 1973».

Una sentencia que, según explican desde Ecologistas en Acción  «obliga a la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria a exigir a Canteras de Santullán un nuevo plan de restauración ambiental que se someta a información pública».

Para el colectivo, esta sentencia supuso una esperanza inicial en que «el Gobierno de Cantabria cumpliera con su obligación de controlar la actividad minera».

MALA PRAXIS

Hoy Ecologistas en Acción denuncia que la Dirección General de Industria, ajena a la sentencia, sigue » por el camino de la mala praxis, la falta de transparencia y la persistencia en ignorar el derecho minero y ambiental».

Explican que Industria sí que ha abierto un expediente sancionador, pero añaden que » lo ha ventilado eximiendo a Canteras de Santullán de cualquier responsabilidad por el presunto incumplimiento de su propio Plan de Restauración aprobado en 2008, y que, a estas alturas, si se hubiera cumplido, la ciudadanía tendría que haber observado que se había acometido la restauración de la zona superior de la cantera, tal como expusimos al tribunal con abundante información gráfica, y con un informe pericial que ratificaba el incumplimiento de la restauración ambiental así como la superación de los niveles de contaminación por polvos y ruidos que regula la legislación ambiental».

PLAN DE REEXPLOTACIÓN DE LADERAS

La organización ecologista añade  que La Dirección General de Industria saca a información pública un nuevo Plan de Restauración «que es en realidad un plan de reexplotación de las laderas norte, este y sur de la Peña Santullán, que invade las zonas de desarrollo del encinar cantábrico, y vuelve a rebanar la ladera norte vulnerando el principio de no regresión ambiental»

Y recuerdan que la segunda parte de la sentencia («exigir a Canteras de Santullán un nuevo plan de restauración ambiental que se someta a información pública») también se ha cumplido tras someterse a información pública un nuevo plan de restauración presentado por la empresa. El plazo de presentación de alegaciones ha terminado el 2 de mayo.

En su escrito de alegaciones, Ecologistas en Acción Cantabria expone que este nuevo plan de restauración no se ha sometido al trámite de evaluación ambiental; que falta el preceptivo informe de la autoridad sanitaria sobre los efectos para la salud de la contaminación por polvo; que a diferencia de lo que aconteció con el plan de restauración ambiental de 2008, ahora no se ha consultado al Instituto Geológico Minero de España (que había dictaminado hace quince años que debería espabilarse la restauración ambiental de la ladera norte y no explotar las zonas de encinar cantábrico, además de no sobrepasar la altura de 20 metros de los bancos); que la red de drenajes es insuficiente; que este Plan no contempla una adecuada gestión de residuos; que se sobrepasan los niveles de contaminación atmosférica y acústica…

En el núcleo central de las alegaciones, Ecologistas en Acción Cantabria dice que se vulnera el principio de no regresión ambiental citando jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, por la que los niveles alcanzados con el Plan de Restauración anterior de 2008 o con la Estimación de Impacto Ambiental de 2003 no deben ser negados con el nuevo plan, que no se debe retroceder ni rebajar los niveles de protección ambiental existentes.

Y para ello se hace un estudio comparado de cómo debería estar la restauración ambiental (si se hubieran cumplido el Plan de Restauración de 2008). Ecologistas en Acción Cantabria le recuerda a la D. G. de Industria que la explotación minera no consiste solo en la extracción de mineral, sino que de forma simultánea deben aplicarse la restauración ambiental de las zonas afectadas por la explotación recuperando el sistema vegetativo de encinar cantábrico, algo que viene omitiéndose de forma sistemática en la actividad de la Cantera de Santullán, y que con el nuevo plan alcanza proporciones desmesuradas.

LAHERRÁN se niega a clausurar la actividad en sus instalaciones

Por otra parte, Ecologistas en Acción Cantabria presenta un recurso ante el Juzgado nº 1 de lo contencioso del TSJC para que se rechace un nuevo recurso de la empresa Laherrán «porque incurre en causa de inadmisibilidad, por ser una cuestión ya juzgada y sentenciada».

Denuncian que «a pesar de que existen tres sentencias firmes de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (1) que confirman la orden de cierre de las actividades en la cantera Laherrán de lo localidad de Arce dictada por el ayuntamiento de Piélagos el 25 de febrero de 2016, la empresa Laherrán de nuevo presentó un recurso contencioso contra una última resolución municipal de cierre ordenada con fecha 30 de noviembre de 2023».

Según explican, esta resolución municipal de noviembre pasado la dictó el ayuntamiento «como consecuencia de una nueva denuncia de nuestra asociación ante la dejadez y paralización municipal ante las sentencias firmes de los tribunales que fueron sucesivamente dictadas ante los reiterados recursos presentados por la empresa Laherrán ante el ayuntamiento, ante la Consejería de Medio Ambiente y ante la CROTU, para evitar el cierre de las actividades totalmente ilegales».

Y añaden que «aunque los recursos judiciales que ha presentado Laherrán durante estos últimos años, ante las diferentes administraciones, no han prosperado y ha recibido sentencias contra la actividad ilegal de la cantera y actividades auxiliares, los diferentes ayuntamientos de Piélagos desde el año 2016 no han cumplido adecuadamente con su función de control de la actividad ilegal de la citada empresa, a pesar de las reiteradas sentencias que han aclarado que dichas actividades mineras e industriales carecen de todas las licencias municipales preceptivas (actividad, obra y puesta en funcionamiento) y de la declaración ambiental exigible a este tipo de actividades».

Ecologistas en Acción consideran que el cierre de la actividad de la cantera no tiene recurso posible, pero la empresa se niega a dejar entrar a la policía municipal. El pasado 14 de marzo, el juez concede al ayuntamiento el permiso para la entrada en las instalaciones de Laherrán, para clausurar la actividad de extracción de piedra, pero «la cantera sigue funcionando pese a tener orden municipal de clausura y autorización judicial para proceder al precinto de la cantera».