
Delegación de Gobierno atribuye las solicitudes para expulsar a 18 menores tutelados a los pactos del Gobierno de Cantabria con la ultraderecha
La delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha cargado este miércoles contra el Ejecutivo autonómico por solicitar la apertura de procedimientos de expatriación para 18 de los 20 menores extranjeros no acompañados tutelados por la comunidad, una decisión que ha atribuido a los «pactos por debajo de la mesa» entre el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y VOX y que ha calificado como una «falta de humanidad».
En declaraciones remitidas a los medios, Gómez de Diego ha acusado al Gobierno de Buruaga de «utilizar a los menores como moneda de cambio» en sus pactos con VOX y de actuar con «doble moral». «Mientras públicamente dicen defender el interés superior del menor y que no se les trate como fardos, por detrás remiten 18 oficios para tramitar su expulsión», ha denunciado.
La delegada ha recordado que el pasado mes de marzo el Partido Popular, con minoría en el Parlamento de Cantabria, aprobó una iniciativa presentada por VOX para solicitar la repatriación de los menores no acompañados. «Ese mismo día, sin justificación alguna, VOX apoyó la Ley de Simplificación Administrativa, después de haber dicho públicamente que se opondría», ha recordado, sugiriendo un intercambio político entre ambas formaciones que ya se ha producido en otras ocasiones.
Contrario a la legislación y al derecho internacional
Según ha explicado Gómez de Diego, los 18 oficios remitidos por el Ejecutivo cántabro son idénticos, con un «copia-pega» en el que solo varía el nombre del menor, «sin informe individualizado ni detalle de su situación personal». Ante esto, la Delegación del Gobierno ha requerido al Ejecutivo autonómico que remita la documentación detallada y ha recordado la obligación y el derecho del menor a ser escuchado.
«Lo que se está promoviendo desde el Gobierno de Cantabria es, de forma encubierta, una repatriación colectiva, lo cual es contrario a la legislación española, al derecho internacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo», ha subrayado la delegada. «Si no quisieran que se tramitara la expulsión, no lo habrían solicitado», ha apostillado.
Sin permisos de residencia
Asimismo, Gómez de Diego ha avanzado que, tras constatar que el Ejecutivo regional no ha tramitado los permisos de residencia correspondientes, la Delegación del Gobierno iniciará de oficio el procedimiento para concederlos a seis de estos menores.
«Hace apenas tres años, Cantabria dio ejemplo de solidaridad acogiendo a más de 2.000 personas procedentes de Ucrania. ¿Cuál es entonces el problema con estos 18 menores? ¿Su color de piel?», se ha preguntado la representante del Ejecutivo central. «Me duele ver que la presidenta de Cantabria no esté a la altura de la solidaridad que ha demostrado siempre esta comunidad», ha lamentado.
Por último, ha censurado que el Gobierno autonómico utilice a los menores para confrontar con el Ejecutivo central y alimente discursos de exclusión. «Mientras el Gobierno de España trabaja en las soluciones estructurales y responde a las urgencias, la coalición negacionista de PP y VOX se instala en la oposición destructiva, sin propuestas ni sensibilidad», ha concluido.
«En Cantabria no hay una crisis migratoria, hay una crisis de solidaridad institucional», ha sentenciado Gómez de Diego, que también ha cuestionado la «falta de solidaridad» del Ejecutivo cántabro con Canarias y Ceuta.
Comunicado de la Comisión 8 de Marzo en Cantabria
La Comisión 8 de Marzo, alarmada ante la reciente aprobación de una resolución en el Parlamento de Cantabria en relación al reparto de menores extranjeros no acompañados y ante la petición al Estado de incoar expedientes de expatriación de 18 menores migrantes tutelados, queremos expresar nuestra total repulsa y sumar nuestra voz a todas las que en nuestra Comunidad se están alzando frente a tamaño ataque a los derechos humanos.
Nos avergüenza profundamente que se haya llegado a aprobar en nuestro Parlamento una resolución que criminaliza a los menores inmigrantes por el mero hecho de serlo, que muestra un mezquino interés en conocer el gasto público dedicado en Cantabria a la atención de 26 niños, niñas y adolescentes no acompañados y que rechaza de forma tan insolidaria el reparto de estos menores entre las comunidades autónomas decidido por el gobierno de España. Por si esta vergonzosa resolución fuera poco, el Gobierno de Cantabria acaba de vulnerar toda la legislación en materia de protección a la infancia solicitando el inicio del procedimiento de expulsión de 18 menores que actualmente tutela. Y adopta esta iniciativa ilegal e inmoral alegando, en un ejercicio intolerable de hipocresía, que lo que busca es proteger a estos menores que, sin duda, como mejor están es con sus familias. Estos menores que en palabras de la propia consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Rio están huyendo de la pobreza, el hambre y de la violencia. Señora consejera, ¿es que usted se ha puesto en contacto con sus familias para hablar así?
Señoras y señores del Gobierno, diputadas y diputados del Partido Popular y de Vox, ustedes se han retratado sin remisión. Definitivamente, no nos representan.
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