Pasaje Seguro ha pedido al Gobierno de Cantabria que retire los expedientes abiertos que afectan a menores extranjeros no acompañados –bajo tutela de la administración al no tener familia aquí- y que podrían desembocar en su expulsión, así como que cese la campaña de criminalización que trata de asociar a estos jóvenes vulnerables a actitudes delictivas.

Esa vinculación está en la raíz de la iniciativa parlamentaria que aprobaron PP y Vox en el Parlamento y tras la cual y no antes –y no ha trascendido que otras comunidades lo hayan hecho- se impulsaron estos expedientes ante el Gobierno central, además de contener alusiones a la inseguridad.

Y eso que el propio Gobierno de Cantabria, responsable de la protección de estos menores, ha negado con cifras que haya ningún tipo de incidente ni denuncia policial o acción ante los juzgados ligada a este colectivo.

La petición se la ha trasladado directamente Pasaje Seguro al subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria, con quien se han reunido para conocer más del tema y trasladarle su malestar.

El movimiento ciudadano considera “absolutamente insuficientes y contradictorias” las explicaciones ofrecidas por la administración regional desde que estalló este problema, revelado por la Cadena Ser.

Así, niegan el argumento de que con el inicio de los expedientes se busca lo que es mejor para los menores –toda vez que han preferido estar aquí que en sus propios países, evidencia que debería bastar para que esa frase no cupiera ni en la imaginación-, recordando que estos niños migran “en condiciones dificilísi”as» desde países como Gambia, Mali, República de Guinea, Costa de Marfil, Argelia, Túnez, Marruecos y Moldavia.

Lamentan que el PP se esté sumando a la “vergonzosa operación” para “generar miedo y desconfianza” sobre personas migrantes, campaña que emprendió Vox y a la que el PP se está “subrogando a la misma a pasos agigantados”. En este sentido, inciden en que el Gobierno se ha sumado “con entusiasmo” a esas políticas, con medidas como la marcha atrás en el centro de acogida de Parayas, que además iba a fnanciarse con fondos europeos.

Pasaje Seguro quiere quedarse, en cualquier caso, con la afirmación de la Consejera de Servicios Sociales relativa a que cumplirán la norma de acogida aprobada en el Congreso de los Diputados, “afirmación que se nos reiteró en la reunión con la Subdirección de Infancia”.

Por tanto, llaman al PP a implementar la acogida “de la mejor manera posible, lo que implica celebrar la acogida y bienestar de estos menores de la misma manera, al menos, que lo hemos hecho con las personas ucranianas refugiadas de la invasión rusa, unas 1500 personas en Cantabria”. Y les instan además a a actuar” conforme al humanismo cristianismo del que dicen sentirse parte y que contradicen con las políticas que practican”.

Finalmente, reiteran que casi el 60% de las personas migrantes menores de 23 años que pasaron por los sistemas públicos de acogida, están trabajando y cotizando hoy a la Seguridad Social. Y ponen en valor que tanto en España como en Cantabria, las mayorías sociales actúan de manera diferente al racismo y al odio que la ultraderecha quiere imponer, con 10.000 firmas en Cantabria (700.000 en todo el país), a favor de la regularización de las personas migrantes sin papeles que llevan años trabajando en nuestro país.

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