Cuando se subió el salario mínimo, las trabajadoras de Cuétara constataron lo que ya sabían: que sus salarios eran bajos, muy bajos. Concebida inicialmente como una fábrica pequeña que permitía a mujeres de Campoo complementar ingresos en casa, la situación actual ha cambiado: Cuétara está integrada en un gran grupo (junto a Cola Cao y Nocilla, por citar dos marcas) y gana dinero, pero las condiciones salariales no eran las de una empresa de esas dimensiones y resultados. Hablamos de un incremento del 60% de beneficios y un aumento, también, de la carga de trabajo, mientras desde la dirección se les escamoteaban los complementos económicos que hacían sus ingresos un poco más dignos o no queriendo tocar el sueldo alegando que la mejora va en los complementos.

Todo en medio de una fuerte desigualdad de género: las mujeres, que son el 80% de la plantilla que saca la fábrica adelante, cobraban menos que sus compañeros al estar adscritas a categorías inferiores, y la fábrica se beneficiaba de trucos como dividir todas sus fábricas en distintas sociedades para que la negociación fuera en grupos pequeños, con menos fuera. Otro de los resultados, que extendía el perjuicio a todo un colectivo, es que una fábrica y un grupo con beneficios veía como muchas trabajadoras, tras formarse allí, acaban en Gullón (la antigua Fontaneda, no sólo la competencia, sino en otra comunidad autónoma).

Contra todo eso venían luchando desde hace meses y finalmente la planta de Cuétara en Reinosa ha cerrado esta semana un nuevo convenio colectivo con vigencia hasta 2027, que contempla subidas salariales del 26%, incrementos en varios pluses y avances en derechos sociales.

El acuerdo fue rubricado por CCOO, UGT y el sindicato independiente, y ha sido respaldado en asamblea por 90 votos a favor frente a 30 en contra, con solo cinco papeletas entre blancos y nulos, sobre un censo de 145 personas. La representación sindical ha subrayado que el nuevo marco incluye también mejoras en permisos retribuidos y el seguro colectivo, así como en los pluses de nocturnidad, asistencia y trienios.

Álvaro Ruiz, delegado comarcal de CCOO en Campoo, ha destacado el compromiso mostrado durante el proceso y ha afirmado que “ahora toca vigilar que se cumpla todo lo pactado”. Desde CCOO se ha valorado “muy positivamente” este paso, señalando que seguirán trabajando para avanzar en derechos en un sector con histórica precariedad y elevada feminización.

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Ontón irá a la huelga por el bloqueo del convenio

Mientras tanto, la plantilla de Derivados del Flúor, ubicada en la localidad cántabra de Ontón, ha convocado nueve días de huelga que comenzarán el 26 de mayo y continuarán durante todos los lunes y martes del mes de junio. La decisión ha sido tomada por el comité de empresa, compuesto por representantes de UGT-FICA, CCOO y TU, tras dos reuniones sin acuerdo en el ORECLA (Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales) y una asamblea que avaló los paros.

Los sindicatos denuncian la falta de avances en la negociación del pacto-convenio de empresa, cuya vigencia finalizó en diciembre de 2023, y que debe complementar al convenio sectorial de Químicas. A las reivindicaciones salariales se suma la demanda de más inversiones en seguridad y salud laboral, una petición ya presente en anteriores movilizaciones en septiembre de 2024.

El comité ha acusado a la empresa de “intransigencia” por bloquear una negociación que afecta a 200 trabajadores y trabajadoras, y ha recordado que la situación de la seguridad laboral en la planta sigue siendo una prioridad.

UGT alerta de cifras todavía “muy elevadas” de siniestralidad

En este contexto de movilizaciones y acuerdos, UGT ha difundido el balance de siniestralidad laboral en Cantabria correspondiente a los primeros cuatro meses de 2025. Según datos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), en ese periodo se registraron 2.134 accidentes laborales, un 6,4% menos que en el mismo periodo de 2024.

El descenso afecta tanto a los siniestros leves (2.117) como a los graves (16) y mortales (uno). Sin embargo, la responsable de UGT-Salud Laboral, Lara Pérez Camino, ha advertido que el número sigue siendo “muy elevado”, con más de medio millar de accidentes al mes, y ha reclamado una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y un mayor control sobre su cumplimiento.

Pérez Camino ha recordado que una parte creciente de los accidentes está vinculada a riesgos psicosociales, y ha subrayado la importancia de reforzar la prevención en todos los sectores, especialmente en aquellos con más precariedad estructural.

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