Los recuentos llevados a cabo por las Comunidades Autónomas muestran que el número de grupos reproductores ha pasado de los 297 a 333; se ha producido un incremento del 12% en estos diez años pasados. Esto supone que pueda hablarse de una población de entre 1.600 y 1.700 ejemplares. Esas cifras totales se obtienen multiplicando el número de manadas por una cantidad de entre 4,8 y 5,1 ejemplares por grupo reproductor.

«Se trata de un aumento de población moderado», analizan los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica, encargado de recopilar los datos autonómicos.

El Gobierno de España considera con estos datos, que el lobo está en estado desfavorable en el conjunto del territorio español y, por lo tanto, esta situación «impide que se le apliquen medidas de gestión cinegética, medidas letales». «No pueden cazarse lobos» porque «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) así la estableció en julio de 2024».

El TJUE ha enfatizado que la protección del lobo debe basarse en datos científicos y que la caza sólo puede permitirse excepcionalmente, cuando haya daños graves y la población se encuentre en buen estado de conservación.

Ecologistas en Acción Cantabria ha denunciado ante los tribunales el acuerdo del Gobierno de Cantabria de matar 41 ejemplares de lobo, pero de momento no hemos logrado paralizar las matanzas que ya comenzaron hace semanas.

Hace unos días la Consejera ha publicado que ya han muerto 21, la mitad de los lobos que había aprobado matar, 16 mediante los disparos de la guardería y 5 por atropellos o muerte natural.

La asociación ha denunciado reiteradas veces que la Consejería de Medio Rural ha inflado artificialmente el número de lobos en Cantabria, multiplicando por 9 el número de manadas, tanto las presentes en Cantabria como las compartidas con las Comunidades limítrofes. Con ese factor multiplicador, sin ningún respaldo científico, dice, la Consejería ha estimado la cantidad total de lobos en 207 ejemplares y con ello ha justificado la muerte de la mitad de lobos existentes en Cantabria durante un período de dos años.

A partir de este último informe del Ministerio, publicado en el día de ayer, esperan que los tribunales de justicia obliguen al Gobierno de Cantabria y al de Asturias a paralizar las muertes del lobo.

Asimismo, consideran urgente y necesario que se revierta la desprotección del lobo aprobada «mediante un subterfugio legal, al modificar la legislación sobre desperdicio alimentario» en el Congreso de los Diputados, y que el MITECO vuelva a incluir en el LESPRE a las poblaciones al norte del Duero y que las CCAA desistan de sus planes para diezmar su población.

Hoy, Ecologistas en Acción cree más necesario que nunca orientar las políticas de biodiversidad hacia la conservación y recuperación de las especies silvestres clave de los ecosistemas, mediante decisiones basadas en la ciencia y no en odios atávicos e intereses electorales y partidistas.

Ecologistas en Acción Cantabria mantiene la necesidad de que el lobo recupere la protección que se había alcanzado en el año 2021 al incluirse en la lista del LESPRE y seguirán defendiendo que es la mejor medida para proteger al lobo y desarrollar políticas de prevención y mejora del cuidado del ganado. «La convivencia del lobo y la ganadería extensiva es perfectamente posible, si se escucha lo que dice la ciencia», aseguran.