El grupo ciudadano repartirá tarjetas contrastando la realidad que hay tras la infame e inaceptable situación de los niños y niñas migrantes varados en Canarias y Ceuta. También sobre la necesidad urgente de regularizar ya al más de medio millón de personas migrantes que viven y trabajan desde hace años en España. Así como sobre el empeoramiento de las políticas migratorias de la Unión Europea (UE), que «prevé instalar campos de concentración para las personas migrantes que llegan a Europa jugándose la vida, en países limítrofes», denuncia Pasaje Seguro en una nota de prensa.

Aceptar por buenas o inevitables las políticas agresivas de cierre de fronteras y de sometimiento a ciudadanos de tercera de las personas migrantes no es una opción para esta asociación, sino «aceptar un crimen». Es también, afirman, marcar el camino a que esos crímenes se cometan contra nosotros.

En cuanto a la distribución de menores migrantes, Pasaje Seguro habla de «insensibilidad moral» y «racismo» por parte de la derecha y la ultraderecha con el bloqueo a cualquier sistema solidario para que los niños migrantes que llegan sin tutela a Canarias y Ceuta puedan vivir en mejores condiciones en otros lugares de España.

Estima la asociación que no hay ningún problema técnico ni financiero que justifique el que más de 4.500 niños y niñas permanezcan hacinados en Canarias. «Hay mucho problema de racismo y nostalgia por la servidumbre, cuando se criminaliza con toda falsedad a estos niños antes de que lleguen, o cuando ya están aquí; como hace el Gobierno de Cantabria al pretender deportar a los 18 niños que ya acoge en este momento», añaden.

Pasaje Seguro recuerda que son migrantes la mayoría de las personas que cuidan a la gente que más debería importar: niños y niñas, personas mayores, personas dependientes, y manifiesta que «es otro indicador de racismo y desigualdad que se expresa muy bien en la existencia de más de medio millón de personas migrantes viviendo y trabajando sin papeles desde hace años en nuestro país. Afortunadamente, en España y en Cantabria, las mayorías sociales no comparten ese marco de racismo y desigualdad», y cita las cerca de 10.000 firmas obtenidas en Cantabria, 700.000 en toda España, a favor de la regularización de esas personas migrantes. En estas semanas la Iniciativa Legislativa Popular surgida de esas firmas debe ser votada en el Congreso, y la asociación considera que «es el momento de exigir a nuestros representantes que actúen conforme a lo que la justicia y las necesidades del país reclaman: papeles para nuestros vecinos y vecinas migrantes, igualdad de derechos como la hay de obligaciones».

La asociación defiende que «el cierre y la militarización de fronteras, la criminalización de las personas migrantes, no solo no pueden evitar la migración, destruyen cualquier sistema democrático y fomentan la exclusión. No hay que mirar al otro lado del Atlántico para verlo, está pasando en Europa». Se preguntan por qué la UE activa, sin problemas y con eficacia la directiva de 2001 que permite acoger con toda justicia a millones de ucranianos, y cierra cualquier perspectiva de acogida legal a decenas de miles de personas que huyen de situaciones similares y por qué pretende deportar y encerrar en campos de concentración a las personas que consiguen llegar tras jugarse la vida. Critican que transitar por ese camino sólo lleva al fin de cualquier posibilidad de una Europa democrática basada en la igualdad de derechos.

Quieren debatir en el espacio público de estas cuestiones con vecinas y vecinos, utilizar tarjetas con información y con preguntas, desean que las palabras y la escucha sean el mejor instrumento «contra las mentiras y el odio».