El grupo municipal IU-Podemos Torrelavega ha solicitado formalmente al equipo de gobierno la convocatoria de una consulta popular para decidir sobre el futuro de la polémica Ruta del Cuaternario proyectada en el Monte Dobra, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística financiado por fondos europeos.

Desde la coalición denuncian que el proyecto, que contempla esculturas de animales prehistóricos, señalización y actuaciones sobre caminos, ha sido promovido “de espaldas a los vecinos y vecinas y sin transparencia alguna”. Su portavoz, Borja Peláez, ha sido tajante: “Lo mínimo en una democracia es preguntar antes de modificar un espacio protegido que pertenece a todos y todas”.

IU-Podemos ya presentó un recurso de alzada contra la licitación del proyecto por considerarlo incompatible con el planeamiento urbanístico y la protección ambiental vigente del Monte Dobra. Según recuerdan, la Modificación nº 53 del PGOU prohíbe expresamente “la creación de nuevas pistas y construcciones en la Zona de Protección Ecológico-Patrimonial del Pico de la Capía”, donde se sitúa la ruta.

A esta situación se suma la reciente licitación para el aprovechamiento cinegético de un terreno municipal que coincide parcialmente con el trazado del parque del Cuaternario, lo que IU-Podemos considera “un completo despropósito”. Según Peláez, “vamos camino de tener un parque temático cerrado a cal y canto durante la temporada de caza por razones de seguridad, y eso si no ocurre una desgracia antes”. La Ley de Caza de Cantabria prohíbe el acceso del público a zonas donde se celebren batidas, lo que dejaría inutilizado el parque en buena parte del año y supondría un grave riesgo para senderistas, familias y visitantes.

Para Peláez, el proyecto no solo es ilegal sino también innecesario: “¿A quién beneficia esto realmente? Desde luego no a los vecinos y vecinas, que llevan años protegiendo este entorno”. El portavoz insiste en que el monte Dobra no puede convertirse en “un parque temático al servicio de empresas privadas mientras se ignora la normativa y el sentir popular”.

Además, critica la falta de participación pública en un asunto que afecta directamente al uso y conservación de un entorno natural emblemático: “Pedimos al Ayuntamiento que respete a sus vecinos y vecinas y escuche antes de seguir adelante. Si no están dispuestos a frenar el proyecto, al menos que consulten al pueblo”.

IU-Podemos considera que una consulta popular vinculante es el único mecanismo democrático capaz de resolver un conflicto que ha generado una creciente oposición vecinal, especialmente tras conocerse que la ruta se solaparía con el nuevo coto de caza autorizado en la zona.

“No queremos que toquen el Dobra”, concluye Peláez, resumiendo el sentir de una parte importante de la ciudadanía torrelaveguense.

ARCA, Ecologistas en Acción Cantabria, Federación DEAN y Verdes Equo Cantabria denuncian la incoherencia del Ayuntamiento

Las organizaciones ARCA, Ecologistas en Acción Cantabria, la Federación DEAN y Verdes Equo Cantabria expresan su más firme rechazo a la reciente licitación por parte del Ayuntamiento de Torrelavega de un aprovechamiento cinegético privado en terrenos municipales del barrio de La Montaña, incluidos dentro del denominado Monte 363-bis. La zona afecta directamente al entorno del futuro Parque del Cuaternario, un espacio de uso recreativo y educativo que está siendo promocionado como itinerario familiar.

Esta decisión resulta no solo incoherente, sino profundamente irresponsable. Hace menos de dos años, el propio Consistorio, con el respaldo del concejal de Obras y primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, se manifestó públicamente en contra de un intento de crear un coto de caza en esta misma zona, alegando “la alarma social generada entre los vecinos”, la “afectación a zonas urbanas pobladas” y la “imposibilidad de garantizar la protección de las personas y sus bienes”.

¿Cómo puede pasar el Ayuntamiento de oponerse a un coto por los riesgos que supone para los vecinos a promover ahora uno en el mismo lugar? Es la pregunta que se hacen las organizaciones ecologistas. «Esta actuación revela un doble rasero institucional que desprecia tanto a la ciudadanía como a los valores de seguridad, conservación ambiental y coherencia urbanística», añaden.

La gravedad de esta licitación, en su opinión, es aún mayor al coincidir con la planificación de la ‘Ruta del Cuaternario’, un proyecto turístico impulsado por el propio Ayuntamiento con esculturas de animales prehistóricos de gran tamaño, diseñado para visitas familiares y que venden como una combinación de ocio de la naturaleza con la divulgación cultural. Ambas iniciativas, según planos oficiales, comparten el mismo espacio, lo que obligaría a cerrar la ruta durante las jornadas de batida, según admite el propio equipo de gobierno.

Por si fueran insuficientes las críticas y controversias que ha generado el ‘Parque del Cuaternario’ (concebido y financiado con 168.000 € de dinero público y fondos Next Generation) por su impacto ambiental y la introducción de elementos ajenos al entorno natural, ahora autorizan la utilización de armas en la zona multiplicando el riesgo de accidentes y vulnerando el articulado de la Ley 12/2006 de Caza de Cantabria, que obliga a priorizar la seguridad ciudadana y la conservación de la fauna.

El Ayuntamiento sigue en su dinámica desorientada de externalización de la naturaleza común, en este caso por una cantidad irrisoria de 446 € anuales, ignorando la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y las directrices estatales de bienestar animal, mostrando, además, una explícita y reiterada obsesión por el cuaternario, incluso tras el reciente varapalo judicial al parque acuático de Sierrallana en el que se repetía el mismo contexto faunístico.

“No tiene ningún sentido promocionar una ruta familiar dentro de un coto de caza”, afirman los representantes de los colectivos, señalando además las restricciones legales que deberían aplicarse en las zonas de seguridad establecidas por la Ley de Caza.

Desde el punto de vista legal y urbanístico, la contradicción también es flagrante: los terrenos afectados están clasificados como “Área de Protección Ecológico-Patrimonial del Pico de la Capía” en el Modificado nº 53 del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega (aprobado en 2016), que expresamente prohíbe todo tipo de actividad cinegética.

Por todo ello, las organizaciones firmantes exigen la retirada inmediata de la licitación y la apertura de un proceso de diálogo transparente con las asociaciones vecinales y entidades sociales. “No se puede gestionar el monte público de espaldas a la ciudadanía ni poner en peligro a senderistas, ciclistas o escolares por unos ingresos ridículos”, han señalado los representantes en referencia a la cantidad anual que contempla el pliego.

“Esta licitación es un atentado contra el sentido común, la participación democrática y la coherencia de las políticas públicas. Instamos al Ayuntamiento de Torrelavega a rectificar y actuar con la responsabilidad que la ciudadanía exige y merece”, finalizan las cuatro entidades.