|| Por Miluca Berberana, del Secretariado de STEC ||

La intervención de la presidenta Sáenz de Buruaga en el debate sobre la orientación política del Gobierno dejó, en lo que a la Educación se refiere, una serie de afirmaciones sobre las que merece la pena reflexionar. Los éxitos de su gestión en materias como inclusión, equidad o infraestructuras educativas son, en palabras del relato oficial, acontecimientos sin precedentes en Cantabria. No obstante, y a pesar de que todo va bien, la presidenta no ilustró con datos determinadas partes de su discurso, o solo lo hizo muy parcialmente. Detengámonos en algunas de ellas, como por ejemplo las aulas de Educación Infantil de un año. Sáenz de Buruaga se ufana del hecho – cierto – de haber aumentado el número de estas aulas de reciente implantación; pero no explicó que, si el curso pasado había 281 alumnos y alumnas de esta edad escolarizados en centros dependientes de la Administración educativa, este año hay 330: sólo 49 más. De continuar a este ritmo, se necesitarán casi cuatro décadas para completar la implantación del primer ciclo de Educación Infantil.

También resultó llamativo que, en materia de condiciones de trabajo del profesorado, presentase como un gran avance – y único – la sustitución parcial de la jornada lectiva para mayores de 55 años. No contó la presidenta que, de los casi mil cien docentes que el primer año hubiesen tenido derecho a esta sustitución, solamente 76 se han acogido a ella. Dicho de otra manera: el 93% del profesorado de más edad no ha obtenido nada. Quizás Sáenz de Buruaga vea en este tema, como en el de las aulas de un año, la botella medio llena, pero es más que probable que un observador imparcial la vea medio vacía.

Cuando entró a dar una explicación del conflicto que vive desde hace meses el sector de la enseñanza pública de Cantabria, hizo hincapié en las virtudes de la oferta salarial presentada por la Consejería de Educación, y precisó que implicaba un esfuerzo cercano a los treinta millones de euros. Ahí terminaron las cifras, porque no supo, o no quiso, cuantificar el montante de la última contraoferta realizada por la Junta de Personal Docente y, en lugar del dato, echó mano del relato. Si se aceptasen las pretensiones salariales del profesorado, el sistema educativo se dirigiría irremediablemente hacia un punto sin retorno alrededor de un agujero negro. Si traspasamos ese horizonte, el agujero nos engullirá para siempre. La presidenta dijo que ceder ante la Junta de Personal suponía hipotecar de por vida el presupuesto de Educación y poner en riesgo la viabilidad de los servicios públicos. La jefa del Ejecutivo autonómico se esforzó en criticar a los representantes del profesorado; sus invectivas contra nosotros resonaban en el Parlamento como queriendo evocar la antigüedad clásica, pero ni Saénz de Buruaga es Cicerón, ni los sindicalistas de la Junta somos Catilina.

Volvamos a los datos que no dio la presidenta: la propuesta de la Junta de Personal supone cuarenta millones de euros en cuatro años; diez millones más que la propuesta de la Consejería de Educación. O sea, dos millones y medio por año. En un presupuesto autonómico de más de 3.700 millones, esa es la diferencia que separa ambas posturas. Resulta difícil explicar que esos dos millones y medio de euros sean los que van a colocar a la Educación cántabra al borde del agujero negro. En consecuencia, como no parece una insalvable cuestión de dinero, hay que buscar otras claves que ayuden a comprender tanta rigidez del Gobierno a la hora de abordar el conflicto.

La primera clave es la obsesión de la Administración por vincular parte de las retribuciones docentes a una modificación de la formación permanente del profesorado: los sexenios. El empeño por cambiar el actual sistema de sexenios – en el que cada docente determina, en función de sus necesidades pedagógicas, el tipo de formación en la que va a participar – y sustituirlo por un sistema en el que sea la Consejería de Educación quien decida las actividades formativas a realizar, sólo se entiende como el deseo de desarrollar algún negocio externo o ejercer algún control ideológico sobre el colectivo docente. La segunda clave se explica en términos más políticos: existe la voluntad de escarmentar a un movimiento sindical reivindicativo, que ya condicionó la legislatura en la que Sáenz de Buruaga era vicepresidenta y que, ahora que es presidenta, vuelve a aparecérsele como un fantasma del pasado.

No hay nada peor para un político que creerse su propia propaganda. Sáenz de Buruaga debería hacer autocrítica. Si no comprende a un profesorado que, en términos de calidad, ha puesto a la educación cántabra a la cabeza del Estado español; si no puede olvidar las fobias que le impiden llegar a un acuerdo; si cree que todo va bien, estará abocando a nuestro sistema educativo a un otoño caliente que nadie desea.