El colectivo de asociaciones y ciudadanos han presentado alegaciones firmes y detalladas contra el Proyecto de Zona de Bajas Emisiones impulsado por el Ayuntamiento de Santander. Esta misma semana presentaron estas alegaciones en rueda de prensa. Las principales objeciones son las siguientes:

Una ZBE que no actúa donde más se necesita

Santander se encuentra entre el 20% de las ciudades más contaminadas de Europa, según un estudio del ISGlobal. La ciudad presenta niveles preocupantes de partículas PM2.5 y ruido ambiental, factores que afectan gravemente la salud y la calidad de vida de sus habitantes. De acuerdo con los datos del estudio, Santander ocupa el puesto 169 entre 858 ciudades europeas en cuanto a contaminación por partículas en suspensión, lo que se traduce en 118 muertes evitables. A diferencia de otros contaminantes, las PM2.5 no son visibles ni tienen olor, pero sus efectos sobre la salud son letales a medio y largo plazo. Además, el 92,3% de la población santanderina está expuesta a niveles de ruido perjudiciales, lo que agrava aún más el impacto negativo sobre la salud pública.

Pese a esta realidad, el proyecto de ZBE excluye precisamente las zonas más contaminadas y congestionadas por el tráfico, como Castilla-Hermida, Plaza de Las Estaciones, Avenida de Valdecilla, Cuatro Caminos, Calle Alta o San Fernando. En lugar de intervenir en estas áreas críticas, la ZBE se limita a un pequeño perímetro del centro urbano (0,2 km², apenas el 0,55% del término municipal), sin impacto estructural en la calidad del aire ni en la salud ciudadana. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la zona planteada podría generar un efecto frontera, desplazando el tráfico y la contaminación a las zonas limítrofes, agravando aún más el problema.

Falta de transparencia y ausencia de datos públicos

Los colectivos denuncian que el Ayuntamiento no ha hecho públicos los datos de calidad del aire y ruido recogidos por los sensores instalados, a pesar de estar obligados contractualmente (expediente 112/2022). Además, los puntos de medición están mal georreferenciados.

También se señala que no existe un análisis de tráfico real, ni inventarios de vehículos por etiquetas ambientales, ni estudios sobre la movilidad interurbana, la distribución urbana de mercancías o la siniestralidad vial. Todo ello, según denuncian, “convierte el diagnóstico ambiental del proyecto en un simulacro maquillado de legalidad, pero carente de base científica”.

Grave incumplimiento del marco legal y contratación irregular

Las alegaciones subrayan que el Ayuntamiento ha iniciado la adjudicación del contrato de implantación de la ZBE a la empresa EYSA (Expediente 353/2023) sin que exista un proyecto aprobado ni una ordenanza publicada. Esto vulnera flagrantemente la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y el propio Real Decreto 1052/2022 que regula las ZBE.

Asimismo, el proyecto se fundamenta en un Plan de Movilidad de 2010 obsoleto y una ordenanza de movilidad aún inexistente, lo cual deslegitima la actuación y pone en riesgo la legalidad de toda la implantación.

Riesgo de perder fondos europeos

El deficiente diseño del Proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tanto desde el punto de vista técnico, como científico y jurídico, podría comprometer la obtención o incluso provocar la revocación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU). La Unión Europea exige que las ZBE respondan a objetivos ambientales concretos y medibles; sin embargo, el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Santander:

– No garantiza la reducción de emisiones.

– Carece de indicadores verificables.

– Incumple el principio de «no causar daño significativo» (DNSH) de los fondos Next Generation.

Conclusiones

La ausencia de datos públicos de contaminación y ruido impide la participación ciudadana informada y el control social de las políticas ambientales.

Una oportunidad perdida para mejorar eficazmente la calidad del aire, reducir la contaminación acústica y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible que proteja la salud pública.

La perpetuación de un modelo urbanístico y de movilidad que no responde a los retos actuales de la ciudad ni a los estándares internacionales de salud ambiental.

Por todo lo cual existe un riesgo de pérdida o revocación de los fondos europeos Next Generation destinados a financiar la Zona de Bajas Emisiones y las políticas ambientales asociadas, con perjuicios económicos y sociales para Santander y sus vecinos.

Una llamada a la ciudadanía

“Santander necesita una Zona de Bajas Emisiones, global, real, legal y efectiva. No podemos permitir que se imponga un proyecto ficticio o fake ni que se desaproveche esta oportunidad para mejorar la calidad del aire, la movilidad, proteger la salud pública y la calidad de vida. El mantenimiento de los fondos europeos depende de que el Ayuntamiento rectifique a tiempo”, concluyen los colectivos.