No es la primera vez que las familias y la comunidad educativa del Colegio Público El Pedregal de Castro Urdiales acuden a la sede de la Consejería de Educación a intentar, una vez más, paralizar la decisión de cierre del colegio. Dicen en un comunicado que les apena tener que hacerlo, por la recurrente negativa del consejero de Educación, Sergio Silva, de paralizar el cierre. Esgrimen que hay más de 11.300 firmas recogidas para que el colegio siga abierto, que el Parlamento de Cantabria votó una moción para no tener que llegar hasta ahí y ahora la propia justicia, con un dictamen de medidas cautelares que anulan las decisiones tomadas por el Patronato de la Fundación Barquín.

Refleja la AMPA que el único motivo esgrimido por la Consejería ha sido siempre la decisión de la Fundación Barquín Hermoso de rescindir el contrato de arrendamiento que tenía con ella sobre el inmueble que sirve de sede del colegio El Pedregal.

Desde la AMPA de El Pedregal dicen haber intentado varias posibles soluciones distintas, asumiendo incluso el posible cierre del centro, pero que, de producirse, intentara garantizar la continuidad del proyecto educativo y sobre todo que se realizara de una manera ordenada y lo menos traumática posible para el alumnado.

La respuesta que han recibido reiteradamente, denuncian, es que la Consejería de Educación no podía hacer nada para revertir la decisión del cese del arrendamiento, ya que el inmueble es propiedad de la Fundación Barquín Hermoso, quien es soberana de poder decidir sobre el uso de sus propiedades. Es el argumento que se ha repetido en todo tipo de contextos. Sin embargo, las familias subrayan que la Fundación Barquín Hermoso está controlada por el Gobierno de Cantabria, porque cinco de los ocho miembros de su Patronato, son representantes del Gobierno regional.

Sin embargo, las últimas medidas cautelares aprobadas en los tribunales, tras la denuncia de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, por la presunta ilegalidad de los acuerdos adoptados por la Fundación Barquín Hermoso, obligan a la Fundación a mantener, hasta que se dirima el fondo de la cuestión, el contrato de arrendamiento con la Consejería de Educación. Además, tal y como dicta el auto, son los propios tribunales los que advierten de la obligatoriedad de mantener dicho alquiler para no ver comprometida la continuidad de la actividad educativa que se desarrolla en el inmueble, es decir, la continuidad del CEIP El Pedregal, reivindica la AMPA.

Sin embargo, el consejero Silva sigue hablando del cierre. Dice que ahora ya no tiene sentido continuar la actividad del centro puesto que los niños y niñas de El Pedregal están matriculados ya en otros centros. La AMPA le acusa de presionar a las familias para matricular a sus hijos e hijas en otros centros de Castro Urdiales sin existir ningún decreto de cierre de El Pedregal. Dicen haber recibido cartas, que ya denunciaron públicamente, haber recibido llamadas desde otros centros educativos, promovidos desde la Consejería, para decirles que debían cursar esa matrícula o se quedarían sin plaza, e incluso dicen haber recibido amenazas de represalias en caso de admitir nuevas matrículas en el CEIP El Pedregal. Y ahora, después de que se haya cerrado el plazo de matriculación y que se hayan visto en la obligación de matricular en otros centros a sus hijos e hijas, el consejero dice que es ese el motivo por el que no tiene sentido continuar con la actividad de El Pedregal. El propio Silva ha salido al paso para negar esas acusaciones.

La AMPA se pregunta si será capaz la Consejería, por decisión judicial, de seguir pagando el arrendamiento sin que haya actividad lectiva en el centro, o si aportará ahora el informe técnico que avale el cierre que hasta ahora no ha aportado.

Además, remarcan que han registrado 46 solicitudes de matrícula en El Pedregal ante la Consejería de Educación. Y están seguros de que en el plazo extraordinario de matriculación que se abrirá en septiembre volverán a completar el número de plazas existentes. Insisten, como han dicho en todos estos últimos meses, que El Pedregal no es sólo un inmueble, sino una comunidad educativa y por eso exigen a Silva que respete todas las decisiones y las movilizaciones para evitar el cierre del colegio.