Desde Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio denuncian la actitud de la Dirección General de Montes, «que lejos de cumplir su deber de proteger la biodiversidad y velar por el cumplimiento de la legislación ambiental, cuestiona la existencia de especies en peligro de extinción en la zona afectada por las obras del Polígono Eólico El Escudo, a pesar de que su presencia está acreditada en informes firmados por la propia promotora Biocantaber S.L.», dicen en un comunicado de prensa.

En un reciente escrito, la Dirección General de Montes pone en duda la presencia natural del Luronium natans, especie catalogada ‘en peligro de extinción’ a nivel estatal, alegando que su “aparición repentina” y “coincidente en tiempo y espacio con las obras” podría deberse a un origen antrópico. Incluso llegan a insinuar, según los Colectivos, que se trata de ejemplares introducidos artificialmente, ya que esta planta se puede adquirir en viveros especializados.

Esta «acusación infundada y sin respaldo técnico riguroso revela una preocupante falta de imparcialidad por parte de la administración autonómica, que prefiere avalar las versiones de la empresa promotora antes que analizar con seriedad las denuncias ciudadanas y los datos ecológicos», se quejan los activistas.

Explican en el comunicado que la diferencia entre ejemplares de jardinería y ejemplares silvestres de Luronium natans es fácilmente reconocible por botánicos y técnicos especializados, si se realiza un análisis adecuado. Sin embargo, la Dirección General de Montes «ni ha investigado ni ha solicitado ningún contraste científico independiente, y acepta sin cuestionar los argumentos de la promotora, desoyendo una vez más a la sociedad civil que defiende su territorio».

Esta actitud la enmarcan dentro de una lista de lo que consideran errores, omisiones y falsedades cometidas durante la tramitación y ejecución del Polígono Eólico El Escudo. Han elaborado la siguiente lista:

-El proyecto afecta directamente a espacios de la Red Natura 2000 y se sitúa a menos de un kilómetro de una zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), donde habitan especies protegidas.

-Se ocultó el estudio oficial ‘Seguimiento y caracterización de los hábitats de turbera en Cantabria’ (CBC, 2011), realizado por el Ministerio, que señala zonas de turberas que la empresa promotora ha omitido deliberadamente.

-Se ha permitido la afectación a humedales inventariados en el Inventario Español de Zonas Húmedas, sin evaluación ambiental rigurosa.

-La promotora no detectó la existencia de un campamento romano, catalogado como parte del conjunto de campamentos romanos más extenso de toda Europa, permitiendo el paso de maquinaria pesada y zanjas sobre este patrimonio histórico irremplazable.

-Se está destruyendo uno de los corredores ecológicos más importantes de España, según el informe ‘Autopistas Salvajes’ de WWF.

-Y ahora, se admite la desaparición alarmante de especies en peligro de extinción, como Luronium natans o Pilularia globulifera, en los propios informes de Biocantaber, sin que ninguna administración —ni autonómica ni estatal— haya ordenado la paralización de las obras.

Responsabilidades

Desde Colectivos Vecinales exigen que la Dirección General de Montes cumpla con su función pública, que es la de proteger la biodiversidad, aplicar la ley y actuar con independencia de intereses empresariales.

Consideran «intolerable» que se insinúe una “introducción artificial” de especies protegidas para justificar la pasividad institucional y tapar «las graves negligencias del Estudio de Impacto Ambiental y del propio proyecto».

Resulta vergonzoso, en opinión de los Colectivos, que mientras el promotor reconoce la reducción de 11 a 1 ejemplar en la charca nº2, la administración no sólo no actúe, sino que se dedique a desacreditar a quienes defienden el territorio y la legalidad ambiental.

Creen que Cantabria no puede convertirse en un territorio de impunidad ambiental para los poderosos, ni en un campo de pruebas para proyectos energéticos. La conservación del patrimonio natural y cultural «no es negociable», reclaman.

Tanto el Gobierno central como el de Cantabria «aprovechan, otra vez más, el verano para saturarnos de proyectos», estiman. Y añaden que empezaron resucitando un polígono de 2017, Sierra de Zalama, así como Ornedo, Morosos, Henestrosas, Olea y Cotío; poco después aparecieron Benavieja y Briesa. Para todos ellos solicitan en pleno julio la autorización administrativa previa. Además, ha salido a información pública la autorización de construcción del PE Bustatur.

Acusan a la industria eólica de una codicia que «no tiene límites», por lo que advierten de que ningún territorio está libre de verse afectado. «El polígono eólico El Escudo es el caballo de Troya que próximamente llevaremos ante el Tribunal Supremo», anuncian. Para poder llevar a cabo las acciones judiciales que creen pertinentes, recaudan fondos con la campaña de micro mecenazgo para sufragar los gastos, tanto por Bizum como transferencia bancaria:

Bizum: opción donar dinero- concepto NO EÓLICOS-cod ONG 08711 Territorio Cántabro- enviar.

Transferencia bancaria: ES79 3035 0360 54 3600016563