“Es inadmisible, con el grave riesgo que supone, que el Gobierno de Cantabria utilice los medios de comunicación y no el Boletín Oficial de Cantabria, para anunciar la construcción de un vertedero de amianto en la región” manifiesta Luis Cuena, de Ecologistas en Acción Cantabria “sin presentar el proyecto ni someterlo a información pública, ocultando datos que debe conocer la población por su implicación en la salud de las personas”.

“El Convenio internacional de Aarhus y la Ley 27/2006, regulan los derechos de acceso a la información ambiental, y de participación pública, que obre en poder de las autoridades públicas” incide Gabriel Moreno, coportavoz de Verdes Equo Cantabria, “especialmente de un vertedero con un material tan peligroso como el amianto, al tratarse de una instalación con un potencial impacto significativo sobre el medio ambiente y la salud pública”.

El amianto, y los productos que lo contienen, está prohibido en España desde 2002 pero no se eliminan los ya instalados o en servicio, por lo que el amianto sigue siendo hoy día un problema de salud pública, medioambiental y laboral. En 2013, hace más de 12 años, el Parlamento Europeo hace pública una Resolución sobre los riesgos para la salud del amianto, instando a los estados miembros a identificar y censar el amianto instalado y desarrollar planes de erradicación del mismo en el menor plazo posible.

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a los ayuntamientos, en el plazo de 1 año desde la entrada en vigor de la Ley, a elaborar el censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada, teniendo ambos carácter público, y remitirlo a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de la comunidad autónoma correspondiente, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado, priorizando las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028».

“Es una incompetencia política y una temeridad social la dejación de funciones de las administraciones públicas, los Ayuntamientos y el Gobierno Regional de Cantabria, al no actuar en el marco de la legislación que las obliga a velar y proteger los derechos ecosociales, lo que supone un grave riesgo para la vida de las personas y para el medio ambiente”, denuncian ambos colectivos.

Por todo ello, tanto Ecologistas en Acción como Verdes Equo Cantabria ha solicitado el acceso al Expediente completo relativo al proyecto de construcción del vertedero de residuos con amianto mencionado, en especial la solicitud, memoria, informes técnicos (y, si proceden, requerimientos de subsanación correspondientes), informes evacuados a otras administraciones competentes, el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental, la Resolución de otorgamiento de AAI o, en su caso, modificación sustancial de la correspondiente AAI previa, y así como la autorización de gestor de residuos.