Los servicios mínimos planteados incluyen a todo el equipo directivo de los centros, a un tutor o tutora por cada grupo de alumnado y, además, a un número adicional de docentes en función del tamaño de cada centro. Se trata de «una medida completamente desproporcionada e inaudita, sin precedentes en ninguna huelga docente en Cantabria», según plantea la Junta de Personal Docente en un comunicado.

En huelgas anteriores convocadas al inicio de curso, como las que tuvieron lugar durante la legislatura de Francisco Mañanes en gobierno de coalición PRC-PSOE, los servicios mínimos fueron los habituales y razonables: el equipo directivo y un número reducido y variable de docentes en función de las dimensiones del centro, según los docentes. «Nunca antes se había pretendido imponer una cobertura que, en la práctica, convierte la huelga en inviable», afirman.

Con esta decisión, la Consejería de Educación «trata de cercenar el derecho fundamental a la huelga del profesorado y boicotear de forma descarada el legítimo ejercicio de este derecho constitucional mediante servicios mínimos que, lejos de garantizar la seguridad y la atención básica del alumnado, buscan neutralizar la movilización del colectivo docente», asegura la Junta. En lugar de ponderar el derecho a la huelga de los docentes y el derecho a la educación de los alumnos, mediante la aplicación de unos servicios mínimos razonables y aceptables, «la consejería ha optado por eliminar por decreto el derecho a la legítima protesta del profesorado».

La Junta de Personal Docente considera que estos servicios mínimos son abusivos, totalmente desproporcionados y vulneran de manera flagrante los derechos de los y las docentes de Cantabria. Exigen su rectificación inmediata y la restitución de unos servicios mínimos acordes con la legalidad, la proporcionalidad y el respeto a los derechos laborales.

La Junta de Personal Docente hace un llamamiento a la sociedad en general a participar en la manifestación del próximo día 8 de septiembre por las calles de Santander en defensa de la educación pública y los derechos fundamentales.