Se ha convocado una acción de stop desahucios para tratar de defender el derecho de Alexia de poder seguir en su vivienda de la calle Respuela, 4C, de Santa Cruz de Bezana. Está en una de las esquinas de la urbanización Bezana Lago, donde está la clínica veterinaria Animal Lago. Este jueves, 4 de septiembre, a las 8:00 de la mañana.

Ante otros casos recientes y no tan recientes de desalojo de un hogar, las plataformas activistas por la vivienda piden que acuda toda la gente a la que le sea posible para poder frenar este lanzamiento. Los dispositivos policiales son cada vez más numerosos para asegurarse de que llevan a cabo el desalojo, y por eso se requiere una mayor y mejor respuesta.

Alexia explica, en una entrevista concedida a EL FARADIO, que cumple los requisitos para ser considerada persona vulnerable, porque sus ingresos están por debajo de tres veces el IPREM. Además, tiene una discapacidad reconocida del 54%, por lo que debería llegar a cuatro veces el IPREM para salir de esa consideración. Sin embargo, la jueza del caso, que está en el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santander, estima que su discapacidad no le impide trabajar, por lo que debe abandonar el hogar. «Pero ese no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es que los que cumplamos los requisitos, trabajemos o no, nos quedemos en nuestras casas porque entonces nunca vamos a poder reubicarnos en el mercado laboral y con ello nos echan a la calle, entonces, ¿qué vamos a tener, que estar viviendo toda la vida en precario?», se queja ella.

Zeus Real Estate es el fondo de inversión que quiere desahuciarla. No es la primera vez, pero en esta ocasión parece que pueden tener éxito. Y Alexia dice que sin hablar con ella. Simplemente pusieron la denuncia, sin ningún intento de negociación, mientras que la afectada busca recomprar su piso con unas condiciones que le permitan afrontar los pagos mensuales de la hipoteca.

Alexia cuenta que su situación empieza a complicarse en el año 2017, cuando se entera de que tiene una discapacidad. Ya era trabajadora del sector público y se presentó a unas oposiciones, en 2018, en el turno de discapacidad. Dice que le hicieron la vida imposible, se cogió una baja en 2019 y la echaron del trabajo. Y eso se le juntó con que se quedó sin psiquiatra, su médico de atención primaria fue quien le recetó medicamentos para que saliera de la depresión en la que había entrado, pero la medicación era demasiado fuerte, la propia Alexia dice que «no sabía lo que hacía» y hubo personas en su entorno que se aprovecharon de ella, algo que le terminó explicando la Guardia Civil.

Con todo esto, ella tenía una seguridad, y era una oposición aprobada. Por eso, trató de negociar con la entidad financiera ateniéndose al Código de Buenas Prácticas, pero tampoco consiguió nada por esa vía. En 2021 fue cuando la demandaron por primera vez por impago de hipoteca. Desde entonces, «todo ha sido lucha», afirma, y consiguió entrar en situación de concurso de acreedores. Eso ha evitado que haya sido desahuciada antes. Pero ahora, la jueza ve que, como su discapacidad no le impide trabajar, debe dejar su casa.

Primero descubrió que tenía una discapacidad. Después se enteró de que tiene autismo grado 1. Entendió muchas cosas de las que le habían pasado con anterioridad a raíz de eso. La posibilidad de ser desahuciada le hace estar en un estado de gran nerviosismo. Las personas que lidian con ese trastorno necesitan una organización y una rutina muy claras. Los cambios bruscos son contraproducentes. Un desahucio es un cambio que puede llevarle en la dirección contraria a la deseable, hacerle retroceder después de lo que ha podido avanzar en los últimos tiempos, cuando ha ido entendiendo a lo que se estaba enfrentando. Además, no cuenta con una alternativa habitacional, y el Gobierno de Cantabria no le ofrece solución, porque los requisitos, en este caso, están por debajo de la situación de Alexia. Es decir, lo que contempla el Gobierno autonómico no se corresponde con los parámetros del Gobierno central.

Alexia quiere recomprar su piso. Dice que le queda desbloquear alguna cosa en el Banco de España y ya podría hacer frente al pago de la hipoteca. Pero no se puede permitir salir de su casa y buscar un piso de alquiler, debido al alza de precios que ha habido en los últimos años.

«Sólo deseo que se haga justicia, porque la ley está para cumplirse, no para que se haga una interpretación de aquella manera». No quiere que esto le pase a otras personas. Ha acreditado su vulnerabilidad y ya ha presentado todos los recursos posibles. «Sólo me queda la PAH», lamenta.

Los datos de desahucios y ocupaciones del primer trimestre del año

En el primer trimestre de 2025, los Juzgados de Primera Instancia de Cantabria practicaron un total de 67 lanzamientos, frente a 88 de 2024, lo que supone un descenso del 23,9 por ciento. Esta disminución es más acusada que la experimentada por el conjunto del país, donde los lanzamientos practicados fueron un 1,2 por ciento menos que el año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La tasa de lanzamientos en Cantabria por cada 100.000 habitantes se sigue manteniendo por debajo de la media: 11,3 frente a 15,1.

La mayor parte de los lanzamientos se debieron al impago de un alquiler. Así, durante el primer trimestre de este año fueron 61 los lanzamientos practicados por este motivo. Un año antes, la cifra fue superior (73).

Otros 2 lanzamientos se practicaron por ejecución hipotecaria -10 un año antes- y 4 por otros motivos –5 el año anterior-.

Descienden un 71,4 por ciento los verbales por ocupación de vivienda

Los Juzgados de Primera Instancia registraron en el primer trimestre de 2025 2 demandas de verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda frente a 7 de un año antes, lo que supone un descenso del 74,4 por ciento. A nivel nacional, este tipo de demandas fueron más: un 5,2 por ciento.

Si se analiza este parámetro en relación a la población, se observa que la tasa de demandas por ocupación ilegal de vivienda por cada 100.000 habitantes se sitúa en Cantabria en 0,3, inferior a la media nacional (1,2).

Finalmente, los órganos civiles recibieron en el periodo analizado un total de 3.910 procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como, por ejemplo, gastos comunes de comunidades de propietarios.

Eso supone un incremento del 13,3 por ciento respecto a 2024 (3.452). La media nacional registró un aumento más acusado de este tipo de pleitos: un 64,6 por ciento.

En relación a la población, la tasa de monitorios en Cantabria es de 661,8 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a 1.004,8 del conjunto del país.