En un contexto internacional marcado por 56 conflictos armados activos, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, el papel de las personas cooperantes y de las organizaciones con las que trabajan resulta crucial. Su labor contribuye a garantizar los derechos humanos, el acceso a la ayuda humanitaria y la construcción de paz en territorios profundamente afectados por la violencia y las emergencias.

Sin embargo, este trabajo se desarrolla en un entorno cada vez más hostil. En lo que va de 2025, 265 personas trabajadoras humanitarias han sido asesinadas, de las cuales 173 en Palestina, lo que supone un 65% del total.

Según recuerda la Coordinadora de ONGDs con motivo del Día del Cooperante, se trata del registro más alto desde que existen datos, lo que refleja el creciente riesgo al que se enfrentan tanto cooperantes como organizaciones sociales, a menudo perseguidas por su actividad de denuncia y defensa de derechos.

Emergencia humanitaria global

Las cifras difundidas por Naciones Unidas muestran la magnitud de la crisis: más de 300 millones de personas en el mundo necesitan asistencia humanitaria. A consecuencia de conflictos armados y de la emergencia climática, 120 millones han sido desplazadas forzosamente de sus hogares, más de la mitad mujeres y niñas, quienes sufren mayores riesgos de violencia y exclusión, al tiempo que desempeñan un papel clave en la construcción de paz.

La infancia es especialmente vulnerable. La ONU denuncia que 473 millones de niños y niñas, lo que equivale a uno de cada seis en el planeta, vive actualmente en zonas de conflicto.

Descenso de la Ayuda Oficial al Desarrollo

A pesar del aumento de las necesidades, la financiación internacional destinada a cooperación se encuentra en retroceso. El último informe del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) señala que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) global ha descendido un 7%, la primera caída desde 2017.

En el caso de España, aunque se ha producido un ligero incremento, el esfuerzo continúa muy por debajo de los compromisos adquiridos. La AOD española representa el 0,25% de la Renta Nacional Bruta (RNB), frente a una media europea del 0,47%, y lejos de la meta fijada en la Ley de Cooperación, que establece alcanzar el 0,7% en 2030.

En la IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla en junio, el Gobierno de España se comprometió a reforzar esta política pública. Sin embargo, tanto organizaciones como colectivos sociales reclaman la materialización inmediata de esos compromisos. También advierten del debilitamiento de la cooperación descentralizada, gestionada por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Un trabajo esencial en zonas de conflicto

El despliegue de cooperantes y organizaciones se concentra en territorios como Sudán del Sur, Ucrania, Siria, Yemen, Palestina, el Sahel o Centroamérica. Allí, la cooperación para el desarrollo no solo facilita el acceso a ayuda humanitaria, sino que también impulsa la cohesión social, la protección de la población civil y la prevención de conflictos.

Además, en países donde no hay guerra abierta, la cooperación internacional acompaña a instituciones locales en el refuerzo de políticas públicas relacionadas con la salud, la igualdad de género, la educación, la calidad democrática y la acción climática.

Más de 600 cooperantes españoles en 100 países

Según el informe de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 612 personas cooperantes trabajan actualmente en organizaciones socias de la entidad, un 58% hombres y un 42% mujeres. Su presencia se extiende por 100 países, donde colaboran con 47 millones de personas.

Pero su labor enfrenta crecientes obstáculos legales. Gobiernos como los de Nicaragua, Perú, El Salvador, Guatemala, Hungría o Kenia han aprobado normas que limitan la actividad de las ONG internacionales y de las organizaciones locales con las que colaboran. En el caso de Palestina, las restricciones impuestas por Israel se consideran de las más severas a nivel global.

Estatuto de las personas cooperantes

En 2024 se aprobó el Estatuto de las personas cooperantes, un marco legal destinado a mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el exterior. Su puesta en marcha debe garantizarse con recursos públicos suficientes, evitando que el coste recaiga sobre unas organizaciones ya debilitadas por los recortes en la AOD.

El reconocimiento de las condiciones específicas en las que se desarrolla esta labor se considera un paso necesario para fortalecer la cooperación internacional y dotarla de mayor eficacia frente a los desafíos humanitarios actuales.

🌍 Rompe el algoritmo: hablemos de cooperación y derechos humanos. Comparte esta información en tus redes y grupos para visibilizar a quienes trabajan en primera línea de los conflictos.

🤝 Podemos hablar de cooperación internacional gracias a apoyos como el tuyo. Súmate y hazte socia o socio de El Faradio desde 8 euros al mes 👉 hazte socio