Las organizaciones Ecologistas en Acción Cantabria, ARCA, Federación DEAN y Verdes Equo Cantabria reclaman al Gobierno de Cantabria que paralice de forma urgente la aplicación del Plan de Gestión del Lobo y que suspenda cualquier medida de sacrificio de ejemplares de esta especie.

La petición se formula en un contexto de enorme fragilidad ecológica, tras los incendios que en las últimas semanas han arrasado amplias superficies en el norte de la península. Según las organizaciones firmantes, «no podemos permitir que, a la catástrofe ambiental de los incendios, se sume la persecución institucional contra el lobo, una especie clave para la salud de los ecosistemas».

Los colectivos advierten que la destrucción del hábitat por el fuego «supone la pérdida inmediata y masiva de biodiversidad, comprometiendo gravemente la supervivencia de especies silvestres», entre ellas el lobo ibérico, depredador apical y pieza fundamental en el equilibrio de los ecosistemas.

Las organizaciones recuerdan que, aunque Cantabria no ha sido una de las comunidades más afectadas por superficie incendiada seguir matando lobos es una irresponsabilidad política y ecológica», han subrayado.

La crítica se dirige de manera contundente al Gobierno de Cantabria, que ya ha ejecutado la muerte de 30 ejemplares del cupo previsto de 41, y que, a pesar de los recursos judiciales presentados por diversas organizaciones contra el Plan de Gestión del Lobo, «no cesa en su empeño de seguir eliminando ejemplares de una especie protegida por la normativa estatal y europea».

Las entidades muestran así su rotunda oposición a un plan de gestión fuertemente cuestionado por la comunidad científica y los colectivos conservacionistas, y denuncian la incoherencia del Ejecutivo Autonómico, que tras la devastación de los incendios mantiene como prioridad seguir sacrificando lobos en lugar de garantizar la recuperación de los ecosistemas dañados.

Por todo ello, las organizaciones firmantes exigen una moratoria a la caza y control del lobo en Cantabria y en el conjunto de España, exigiendo al Gobierno Autonómico que detenga la ejecución de su plan y dé tiempo a la recuperación de los hábitats naturales.

«La matanza de lobos debería cesar ipso facto. No podemos permitir que, tras perder bosques, montes y fauna, la respuesta del Gobierno sea seguir eliminando depredadores en lugar de protegerlos», finalizan.

Por otra parte, el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha solicitado formalmente personarse como parte interesada en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra la modificación normativa que permite la desprotección del lobo al norte del Duero. Esta intervención jurídica busca respaldar la posición de que dicha medida vulnera principios fundamentales de conservación recogidos en la legislación española y europea, además de haber sido tramitada sin la debida participación pública ni evaluación ambiental.

Desde el Fondo Lobo sostienen que la exclusión parcial del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) representa un retroceso legal y ecológico, y advierten de que podría abrir la puerta a un nuevo escenario de persecución institucionalizada. La solicitud de personación se enmarca en la estrategia del Fondo para reforzar la defensa jurídica del lobo ibérico en todas las instancias posibles, y responde a la preocupación por una normativa que, en su opinión, ha sido impulsada por intereses sectoriales sin una base científica sólida ni garantías legales suficientes.