Sanidad y educación en pie: firmas en Laredo y denuncias del profesorado señalan la falta de recursos en Cantabria
La presión social y sindical se intensifica en Cantabria en torno a los servicios públicos esenciales como son la sanidad y la educación pública.
El caso del Hospital de Laredo
Trabadoras del Hospital de Laredo llevaban al Parlamento de Cantabria su reivindicación de la tercera enfermera en el turno de noche, para la que han emprendido una recogida de firmas, tras su supresión el pasado 1 de febrero. Han entregado las firmas allí en la Cámara, mientras avanzan que llevarán el tema al Defensor del Pueblo.
Les recibía la diputada y candidata del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y portavoz en materia de Salud, Paula Fernández Viaña, quien urgió la comparecencia del gerente del Hospital Comarcal de Laredo para que explique las decisiones adoptadas en materia de personal.
El personal trasladó su “profundo desacuerdo y preocupación” por una medida que, según afirman, ha incrementado la carga asistencial y ha afectado a la calidad del servicio.
Fernández Viaña apoyó su petición y denunció que esta carencia “se suma a otras, como la ausencia de una enfermera de esterilización, la insuficiencia de traumatólogos o la imposibilidad de reducir las listas de espera”.
Desde el PSOE, por su parte, el secretario de Organización; la portavoz, Ainoa Quiñones; el portavoz parlamentario, Mario Iglesias y los diputados autonómicos Raúl Pesquera y Jorge Gutiérrez han señalado que «desde que entró Buruaga en el Gobierno y César Pascual en la consejería de Sanidad el hospital de Laredo está en caída libre». «Necesita ayudas, necesita medidas en positivo y, sobre todo, necesita gestión», ha explicado Pesquera, diputado, y también médico de profesión, quien ha asegurado que el «plan de difícil cobertura» puesto en marcha por la consejería de Sanidad «no está funcionando», poniendo como ejemplo los problemas que tiene de nuevo Valdecilla con los traumatólogos, y asegurando que otra de las consecuencias es que «los ciudadanos de todo el área oriental están desamparados».
«Reivindicamos que haya el mismo trato para todos los lugares, reivindicamos que todos los profesionales, incluidas las enfermeras que están aquí expresando su protesta por una situación injusta, sean escuchadas y se haga una gestión en positivo», ha dicho Pesquera.
El conflicto en la enseñanza pública
Paralelamente, la Junta de Personal Docente no Universitario de Cantabria acusó al Gobierno de mantener bloqueada la negociación sobre la adecuación retributiva del profesorado, tras 18 meses de conversaciones sin acuerdo. El colectivo denuncia que el consejero de Educación se mantiene firme en la llamada Cláusula Silva, que impide cualquier salida al conflicto.
El argumento oficial para rechazar las mejoras salariales ha sido la falta de recursos, pero la Junta recuerda que en 2024 quedaron sin ejecutar 135 millones de euros, lo que desmiente esa explicación. Ante el bloqueo, solicitarán una reunión urgente con la presidenta María José Sáenz de Buruaga, para que asuma la interlocución.
La Junta advierte de que, si no se abre un espacio real de negociación, se intensificarán las movilizaciones. Ya en el inicio de curso se produjeron huelgas en todos los niveles educativos con la participación de más de 8.500 docentes, que salieron a la calle para reclamar una equiparación retributiva con otras comunidades autónomas.
En Cantabria hay más de 8.000 profesores en centros públicos no universitarios. Los sindicatos subrayan que las diferencias salariales con respecto a otras regiones dificultan la atracción y retención de personal, lo que impacta directamente en la calidad del sistema educativo.
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