Aunque la cita no es la primera vez que se produce, la sociedad civil se ve interpelada y responde cuando se organiza un festival que propugna la desigualdad entre los seres humanos. La Coordinadora Antifascista ‘Las calles contra el fascismo‘ es quien ha convocado la manifestación para rechazar la intolerancia contra personas por cuestión de género, nacionalidad, religión o el color de la piel.

Cientos de personas han marchado desde Puerto Chico hasta la Plaza Numancia para advertir de los riesgos de que los mensajes y discursos de odio se vayan propagando y enganchen a cada vez más gente, por ejemplo, a los jóvenes. Las personas migrantes han estado muy presentes en el ánimo de la manifestación, porque llegan y aportan a la sociedad mientras son despreciados por determinados discursos.

Las banderas palestinas también han ondeado en la manifestación de esta tarde. El genocidio en Gaza ya ocupa buena parte de las conversaciones y parece difícil desvincularla de otros movimientos sociales. En este caso, se trata de respeto por los demás y de defender los derechos humanos. Algo que los convocantes creen que no sucede en un festival que se celebra este fin de semana.

La Coordinadora instaba esta misma semana al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander a garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad vigente ante la posible celebración del Galerna Fest, un evento sobre el que han circulado informaciones en redes sociales y medios de comunicación.

En un comunicado, la plataforma recordaba que la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, establece las condiciones que deben cumplir este tipo de actos, así como las competencias que ostentan tanto la administración autonómica como la municipal para autorizar, inspeccionar y, en su caso, sancionar aquellos que no dispongan de los permisos pertinentes.

Fascismo, odio y remigración, entre los conceptos que componen el cartel del Galerna Fest

En este sentido, la Coordinadora subrayaba que «no puede permitirse que se desarrollen actividades sin transparencia ni garantías, situando a la ciudadanía en una posición de indefensión», y reclamaba que cualquier acción relacionada con este festival cuente con las autorizaciones administrativas necesarias, así como con los informes técnicos y de seguridad, y las licencias municipales que acrediten la adecuación de los espacios.

La petición se dirigía de forma específica al Ayuntamiento de Santander, como responsable del control de los locales de ocio y cultura, y al Gobierno de Cantabria, que tiene las competencias en espectáculos públicos. A ambas instituciones se les solicitaba que verifiquen si los lugares donde pudiera tener lugar el festival cumplen con los requisitos legales en materia de seguridad, accesibilidad y convivencia.

Además de la cuestión administrativa, la Coordinadora expresaba su preocupación por los discursos y la trayectoria de algunos de los ponentes anunciados, así como por las letras de varias bandas vinculadas al festival, que —según apuntan— han sido objeto de crítica social por «incitar al odio, promover mensajes racistas, xenófobos o machistas», y por difundir simbología que consideran contraria a los derechos fundamentales y a lo establecido en la Ley de Memoria Democrática.

«Resulta inadmisible que, bajo la apariencia de un festival cultural, se busque dar altavoz a expresiones contrarias a los valores democráticos y de convivencia», señalaba la Coordinadora, que remarca que su exigencia no es otra que la aplicación de la ley, sin excepciones ni vacíos administrativos.

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