Izquierda Unida reclama a Inclusión la gestión directa de los centros de menores

Recuerdan su propuesta de una empresa pública que gestione los servicios sociosanitarios como ambulancias, emergencias o dependencia
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Izquierda Unida Cantabria (IU) ha instado este martes a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria a asumir de forma directa la gestión de los centros de menores no acompañados, tras conocerse que la Fundación Diagrama dejará de prestar este servicio por considerarlo “no rentable” desde el punto de vista económico.

El coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, considera “inadmisible” que un servicio esencial como la atención a menores migrantes quede supeditado a criterios de rentabilidad empresarial, y ha exigido que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) asuma la gestión pública de estos recursos “de manera inmediata y estructural”.

La formación recuerda su propuesta de que sea una empresa pública, tal y como ocurre en La Rioja, la que gestione los servicios sociosanitarios, como la atención a menores o dependientes, pero también las ambulancias o las emergencias.

“La protección de la infancia no puede depender de los intereses económicos de entidades privadas. Es responsabilidad del Gobierno garantizar una atención digna, estable y profesional a estos menores, que ya han vivido situaciones de extrema vulnerabilidad”, ha señalado IU en un comunicado.

La Fundación Diagrama, que gestiona estos servicios desde 2012, ha comunicado a sus trabajadores su intención de no renovar los conciertos vigentes, lo que ha generado preocupación entre sindicatos y colectivos sociales. Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que esta decisión pone en riesgo tanto la calidad del servicio como los puestos de trabajo del personal implicado.

A pesar de que la directora del ICASS, Carmen Arce, ha garantizado la continuidad del servicio durante al menos un año, tal y como establece la normativa vigente, IU ha advertido que esta situación evidencia la necesidad de revisar el modelo de externalización de servicios sociales en Cantabria, apostando por una gestión pública que priorice el bienestar de las personas por encima de los beneficios económicos.

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