La Ley de Movilidad Sostenible ha sido aprobada este martes en el Congreso de los Diputados, tras más de tres años de tramitación parlamentaria. La norma, que busca transformar el sistema de transporte español para hacerlo más justo y respetuoso con el medio ambiente, recibió los votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. El Partido Popular, Vox y UPN votaron en contra y Podemos optó por la abstención.

Una coalición de 15 organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y juveniles ha celebrado esta aprobación y destaca que, a pesar de las limitaciones del texto, se han conseguido incorporar avances significativos gracias a su trabajo durante los últimos años. “Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado intensamente en estos últimos años con el objetivo de introducir mejoras en el texto de la ley”, afirman en su comunicado conjunto.

Entre sus valoraciones, subrayan que “la Ley de Movilidad Sostenible constituye un paso adelante en la descarbonización del sector transporte-movilidad”, al tiempo que reconocen que “el texto no presenta la ambición que nos hubiera gustado”.

Un sector clave en la crisis climática

La nueva normativa da cumplimiento a una obligación establecida en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que no incluyó objetivos específicos de descarbonización para el transporte. El texto aprobado continuará su tramitación en el Senado en las próximas semanas.

Según los datos más recientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero (GEI) en España, responsable del 33,3 % del total en 2024. De esta cifra, el 32,1 % corresponde solo al transporte por carretera.

A esta realidad se suma el impacto sobre la salud. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2022 murieron de forma prematura 30.000 personas en España debido a la exposición a contaminantes como partículas finas (PM 2,5), dióxido de nitrógeno (NO₂) y ozono troposférico.

Medidas incluidas tras la presión social

Durante el proceso legislativo, las organizaciones han conseguido incluir varias medidas relevantes. Una de las principales es la incorporación del compromiso de alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050, lo que supone que “por primera vez se aplican objetivos de descarbonización total de un sector económico en particular”.

También lograron que se redujera el umbral de las empresas obligadas a tener planes de movilidad sostenible. Si bien el proyecto inicial solo lo exigía a compañías de más de 500 empleados, finalmente se aplicará a las de más de 200. “Inicialmente, el proyecto de ley tan solo contemplaba esa obligación para las empresas de más de 500, las cuales apenas representan un 1 % del total”, destacan.

Entre los avances recogidos en la norma figuran también:

• El reconocimiento de la multimodalidad, la eficiencia energética, la justicia social y la inclusividad como principios del sistema de movilidad.
• La creación de una estrategia estatal contra la pobreza de transporte y la definición del concepto.
• La revisión del sistema de etiquetado ambiental de la DGT, que ahora tendrá en cuenta las emisiones reales de CO₂.
• La eliminación de la mención al gas natural licuado como combustible prioritario en el transporte marítimo.
• El impulso a la eliminación de vuelos nacionales con alternativa ferroviaria de hasta 2,5 horas.
• El fomento del uso de la bicicleta mediante una estrategia estatal específica.
• La recuperación de trenes nocturnos y conexiones ferroviarias europeas.
• La promoción de la movilidad infantil en la planificación urbana.

“La abstención de Podemos ha permitido sacar adelante la ley”

Las entidades también expresan su lectura política sobre lo ocurrido en el Congreso: “Esta coalición de entidades sociales, sindicales, ecologistas, ambientales y juveniles se congratula de que finalmente la abstención de Podemos haya permitido sacar adelante la Ley de Movilidad Sostenible”.

En su comunicado conjunto, apuntan que “confiamos en que este sea el punto de partida para seguir avanzando en la implementación de políticas de movilidad y transporte, incluidas sus infraestructuras, ambiciosas y coherentes desde los puntos de vista social, ambiental y climático”.

Por ello, instan al Ejecutivo y a los grupos parlamentarios a “profundizar en los diferentes elementos de la Ley para avanzar hacia un sistema de transporte y movilidad realmente justo y sostenible”.

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