La Sanidad pública vive un momento crítico en toda España. Y Cantabria no es una excepción. Esta es la premisa de la que parte la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, que se ha presentado esta mañana en la sede de UGT en la Comunidad, en Santander.

Son varios los problemas que enumeran para empezar: la falta de personal en todos los niveles y especialidades de la atención sanitaria; los errores y posibles negligencias en la gestión, incluidos los constantes incumplimientos de los objetivos que los gestores se marcan en cuestión de prevención y de listas de espera; la tendencia a entregar al sector privado porciones cada vez más importantes del sistema, así como la negación del derecho legítimo y legal de participación ciudadanía en esa gestión están disparando las alarmas de nuestra sociedad. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria nace ahora en respuesta a estos retos.

La peligrosa deriva de la privatización

La Administración regional ha adoptado «una perniciosa estrategia de cesión de la sanidad pública a la empresa privada». Así lo denunciaron hace algunas semanas tras un análisis detallado del Plan de Salud 2025-2029. El documento se presentó en el Centro Botín y no en el Parlamento de Cantabria, con lo que, de entrada, «se hurtó su discusión y análisis a los representantes de la ciudadanía», afirma la Plataforma.

El Plan en cuestión está atravesado por continuas referencias a la colaboración público privada, fórmula que en Cantabria «viene traduciéndose en la entrega de cientos de millones de euros en concesiones del sector y sus aledaños a la empresa privada, con sobrecostes millonarios y un inevitable deterioro del servicio prestado desde el momento en que el beneficio compite con la calidad», dice.

El proyecto estrella del Plan de Salud 2025-2029 es la construcción de un Campus de Salud en los terrenos que deje libre la Residencia Cantabria tras su demolición. Se trata de crear, en ese estratégico emplazamiento a medio camino entre la Facultad de Medicina y el Hospital Valdecilla, un campus dedicado a la investigación y la docencia sanitarias bajo gestión de entidades privadas.

Como consultores del Plan, la Administración autonómica contó «con una panoplia de farmacéuticas, despachos de asesoramiento y otras empresas particulares dedicadas al negocio de la sanidad, sin una sola consulta a entidades científicas, sociedades médicas o de enfermería ni a sus representantes colegiales, y con total desprecio a nuestra Escuela de Salud Pública del Instituto de Salud Carlos III», denuncia la Plataforma. Según pudieron constatar, de las casi 60 personas implicadas en su elaboración sólo participaron dos médicos en formación, MIR de familia del hospital Valdecilla, y tres enfermeras: dos de la estructura de la consejería de salud y una del IDIVAL. Y como representantes de la ciudadanía, seis nombres de personas desconocidas.

El Plan no aporta el cálculo económico que debería soportar sus objetivos y justificar la necesidad de la mencionada colaboración público-privada. Todo lo fía a las disponibilidades presupuestarias y las necesidades asistenciales que se vayan planteando en cada ejercicio en las diversas gerencias de atención primaria o especializada. Por eso, la Plataforma se pregunta si estamos ante un brindis al sol para proclamar que el futuro de nuestra sanidad se abre a la industria a fin de que también la salud sea un negocio?

La privatización de la salud «no es una decisión acerca de la eficacia en la gestión, sino que comporta asumir sus consecuencias en la salud», según la Plataforma. La evidencia científica «nos muestra que la privatización significa aumento en la morbilidad y mortalidad». Tal y como la prestigiosa revista The Lancet publicó en un reciente estudio al respecto, las externalizaciones de servicios sanitarios se han traducido en aumentos de la mortalidad de los pacientes. Y lo mismo indicó la publicación Annals of Internal Medicine en un informe aún más reciente según el cual las reducciones de personal en servicios de urgencia de hospitales privatizados de Estados Unidos trajeron consigo incrementos en la mortalidad de los pacientes.

Inquietantes noticias sobre el cáncer de mama

La nueva Plataforma encuentra más muestras de la deriva privatizadora del Gobierno de Cantabria, cuyo consejero «no tuvo empacho en presidir en marzo pasado la inauguración del centro Quirón Prevención en los bajos de El Sardinero», señala.

Después del anuncio de la entrega a Santa Clotilde de 216 millones de Euros mediante un contrato que se extenderá 15 años, sin licitación de contrato alguna. La propia Consejería asegura que se ve obligada a derivar a este hospital privado algo más de un millar de mamografías pendientes de informar desde hace meses, dentro de un plan clave para la prevención del cáncer de mama.

Y es que, en coincidencia con el escándalo sobre los retrasos y la falta de notificación de mamografías críticas a dos mil usuarias de Andalucía, el consejero de Salud de Cantabria reconocía hace unos días la existencia, aquí también, de “casos concretos” y “reclamaciones” relativas a retrasos en la comunicación de resultados de las mamografías a mujeres de la comunidad. César Pascual no concretó las cifras de tales casos, que consideró incomparables a los de Andalucía, y atribuyó el problema a las jubilaciones y vacaciones de los profesionales encargados de realizar los informes, así como a la falta de radiólogos capacitados para hacer la lectura de esos cribados.

En todo caso, en Cantabria habría 3.900 mujeres esperando los resultados de dichas pruebas. “Todas han sido citadas”, dijo luego Pascual ante el Parlamento, pero con retrasos de semanas o meses. En dicha comparecencia, el consejero refirió medidas de refuerzo dentro de la pública junto con la citada derivación a Santa Clotilde. Pascual ha indicado en distintas ocasiones que recurrirá de nuevo a la externalización cuántas veces sea necesario.

En todo caso, «resulta obvio que, hoy por hoy, a causa de la aparente dejación y el abandono de la Consejería, las mamografías se hacen con menos frecuencia de la debida, y los retrasos detectados en el programa afectan tanto a la pruebas en sí como a las lecturas de las placas y a la notificación de los resultados» prosigue la Plataforma.

Por tanto exigen al consejero más explicaciones y mayor concreción con respecto a dichos retrasos, a las reclamaciones formuladas y a la situación de las mamografías preventivas. Y lo mismo reclaman en relación con el resto de cribados incluidos en otros programas de prevención del sistema, entre los que destaca el de cáncer de colon.

La sanidad no sana si no llega a tiempo

La situación de las listas de espera en Cantabria, tanto para consultas como para pruebas diagnósticas e intervenciones en la atención especializada, le parece inaceptable a la Plataforma. Sostiene el consejero, según declaró en reciente entrevista con un medio nacional, que en Cantabria “llevamos año y medio consolidando la tendencia a reducir” las listas de espera hospitalarias. Sin embargo, y según datos oficiales a 31 de diciembre del 2024, la Comunidad era la de mayor número de pacientes en espera de intervención quirúrgica de España por cada 1.000 habitantes, sin que en el resto de ratios de demoras los datos fueran mucho mejores. «Los indicadores aportados en estadísticas parciales de este mismo año, con altibajos por temporadas, siguen situándonos en la cola del país», subraya.

Atrofia en los centros de salud

El panorama no es más alentador en la atención primaria, donde los problemas se acumulan, en opinión de la Plataforma. En este punto, el Gobierno regional siempre responsabiliza al Gobierno central de la escasez de recursos, pero, al mismo tiempo, «muestra una escasa capacidad para retener profesionales jóvenes que palíen la falta de facultativos». Sobre todo en zonas rurales como aquellas cuyos consultorios hubieron de “cerrar por vacaciones” este verano. Así, de la treintena de médicos MIR de familia formados el año pasado en la Comunidad, los, al parecer, escasos incentivos ofrecidos en Cantabria hicieron que sólo cuatro optaran por quedarse en la región.

Además, de los propios centros de salud llegan denuncias, tras las vacaciones estivales, de listas de espera “ocultas” generadas a base de postergar una y otra vez las citas cuando se solicitan.

Denuncia la Plataforma que tanto las listas de espera como las carencias en los centros de salud y los fallos en los programas preventivos «funcionan como el mejor reclamo publicitario para los seguros privados». El deterioro en la sanidad de todos «es el gran acelerador del negocio que surte la sanidad de unos pocos, la de aquellos que pueden pagar más», insiste. Y tiene claro que el perjuicio de esta dinámica lo sufrirán todos los ciudadanos, si no se frena el trasvase que ofrece servicio por negocio.

Momento de pasar a la acción

Como requisito para el adecuado funcionamiento de los sistemas de salud en las CCAA, la ley 16/2003 de 28 de mayo establece la formación de los Consejos de Salud, encargados de articular la participación ciudadana en la organización y funcionamiento de su sistema sanitario. Cantabria, tras más de 20 años de transferencia de las competencias sanitarias, «es la única comunidad en la que tales Consejos de Salud no se han formado», según la Plataforma. Por eso, dice que «vamos a dar los pasos oportunos para quitarnos la mordaza».

De momento, y «en vista de las más que justificadas preocupaciones de los usuarios de este servicio clave en nuestro Estado de Bienestar», un grupo de profesionales, ciudadanos y organizaciones cívicas lanza ahora la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria.

Sus objetivos son claros. Se trata de exigir la participación pública que la ley contempla respecto a la gestión de la Sanidad; de desentrañar y explicar los problemas que aquejan al sector, y denunciar y reclamar responsabilidades a quienes contribuyen a la erosión del sistema; de facilitar el debate sobre posibles cauces de solución a los retos y las amenazas que día tras día merman la calidad de esta preciada conquista del Estado de Bienestar: la de un sistema público que debiera ser siempre una prestación universal y no un objeto de lucro.

Integran la plataforma, además de numerosos ciudadanos a título individual, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria (ADSP), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cantabria (FECAV), UGT Cantabria (Unión de jubilados y pensionistas), Ecologistas en Acción,Verdes EQUO Cantabria, Ciudadanía contra la exclusión sanitaria de Cantabria, Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca, Unión de Profesionales Progresistas de Cantabria (UPP).