Cantabristas ha mostrado su rechazo frontal al nuevo modelo de financiación de carreteras que el Gobierno de Cantabria pretende introducir en la nueva Ley de Carreteras, explicando que supondrá más gasto para las arcas públicas, al “privatizar los beneficios y socializar los costes”, y que podría abrir la puerta a “favoritismos empresariales”.

Para el partido cantabrista, esta reforma legislativa refleja “un modo de gobernar opaco y que sigue sometido a los intereses de las constructoras”, dado que permitiría diseños de pliegos y condiciones ad hoc para favorecer a determinadas empresas.

Además, desde Cantabristas han sido especialmente críticos con el hecho de que las empresas privadas puedan adelantar el dinero de las obras a cambio de quedarse con el mantenimiento de las vías durante varios años. En su opinión, esta fórmula “no supone ahorro alguno para las arcas públicas, sino todo lo contrario: encarece el coste final de las infraestructuras, traslada el gasto a los presupuestos futuros y blinda contratos de mantenimiento durante décadas en favor de grandes constructoras que pueden permitirse jugar con esos plazos de tiempo”.

Por todo ello, desde Cantabristas han solicitado al Gobierno de Cantabria que dé marcha atrás con esta modificación del borrador de la ley en favor de un modelo de gestión de carreteras que apueste por “fortalecer los medios públicos de construcción y mantenimiento, en lugar de priorizar delegar estas labores en empresas privadas”.

Así, han mostrado su oposición a un nuevo sistema de financiación que “hipotecaría a largo plazo la administración, que quedaría presa de los intereses, beneficios empresariales y costes financieros por unas obras que, de gestionarse directamente, resultarían mucho más económicas”.