La Asociación de Vecinos de las plazas de Pombo, Cañadío y el Ensanche ha presentado al Ayuntamiento de Santander un documento con 21 propuestas de modificación al borrador de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de las Terrazas de Hostelería, actualmente en fase de revisión. Según señalan, el objetivo es lograr una regulación “más ordenada y respetuosa” con el entorno urbano y los derechos del vecindario.

Entre las principales medidas planteadas se encuentra la reducción de horarios de cierre de las terrazas, que pasarían a las 23:00 horas en invierno, las 23:30 en verano y la medianoche los fines de semana. La Asociación también solicita eliminar las ampliaciones horarias en periodos festivos como Santiago, por considerar que son “incoherentes con los objetivos de control ambiental”.

Otra de las propuestas destacadas es la incorporación de sonómetros homologados con transmisión de datos en línea, que permitan controlar en tiempo real el cumplimiento de los niveles acústicos permitidos según la Ordenanza de Control Ambiental del Ayuntamiento de Santander. De este modo, la concesión y mantenimiento de licencias quedaría supeditada al respeto de los límites sonoros.

En cuanto a los elementos de mobiliario y equipamiento, la Asociación pide prohibir los elementos no desmontables como barriles o toneles, así como los televisores o pantallas en terrazas, por los efectos de contaminación acústica y lumínica que generan, especialmente en zonas residenciales.

Desde una perspectiva ambiental, se propone sustituir las estufas de gas por modelos eléctricos de bajo consumo, debido al impacto climático del CO₂ que generan las primeras. También se solicita prohibir la publicidad en terrazas, con el fin de preservar la estética urbana, especialmente en entornos con valor patrimonial o artístico.

Entre otras medidas, la Asociación plantea:

• Señalización obligatoria del perímetro de las terrazas con marcas visibles y antideslizantes.
• Limitación del aforo al 50% del autorizado en el interior del local.
• Actualización de las sanciones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) y mayor rigor en la tipificación de infracciones acústicas.

Según la Asociación, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ruido y ocupación del espacio público es “la verdadera garantía de convivencia”. Consideran que invocar de forma reiterada el término “convivencia” mientras se superan cada noche los límites acústicos permitidos “es tramposo y torticero”.

En este sentido, insisten en que su intención no es frenar la actividad económica de la hostelería, sino promover un equilibrio entre esta y la protección del descanso, la salud y el espacio compartido: “Queremos una ordenanza moderna, eficaz y justa, que proteja la convivencia y la calidad de vida en Santander”.

Finalmente, la Asociación ha mostrado su malestar por la ampliación del plazo legal de consulta pública de la ordenanza, decisión tomada —según indican— a petición de la Asociación de Hostelería y publicada únicamente en un apartado poco visible de la web municipal. Lamentan que esta falta de transparencia pueda haber perjudicado la participación de otras entidades vecinales y de la ciudadanía, reclamando igualdad de condiciones y cumplimiento riguroso de los procedimientos legales.

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