«Nos la han metido doblada»: el convenio con Santa Clotilde abre el camino a una red «paralela»
La publicación el mismo viernes del detalle del convenio del Gobierno de Cantabria para derivar y ampliar asistencia sanitaria a Santa Clotilde, incluyendo el cribado de cáncer de mama, pero no sólo, marcó buena parte de la charla que en torno a la privatización de la sanidad había organizado esa tarde el Centro Social Smolny (calle Santa Teresa de Jesús), con la participación de Charo Quintana, representante de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública; Arancha Cossío, secretaria de Sanidad en Comisiones Obreras de Cantabria –el sindicato viene impulsando una campaña en defensa de la sanidad pública– e Israel Ruiz Salmón, coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, que ha llevado a la Fiscalía la situación de los cribados de cáncer de mama, colón y cervix.
Y advertían de que el convenio, recién publicado, va más allá de la mera –y ya de por sí para analizar– derivación de servicios públicos a una entidad privada –que sea una orden religiosa, la que gestiona Santa Clotilde, no le quita ni la condición de gestión privada ni que haya más intereses económicos al margen de los estrictamente sanitarios que mueven a la sanidad pública.
Charo Quintana, médica y exconsejera de Sanidad, defendió que el programa de cáncer de mama venía funcionado muy bien –no está tan lejos el tiempo en que se hacía desde un camión–, pero que a los problemas de la pandemia se sumaron una serie de jubilaciones de personal referente sin previsión de su relevo o de una formación equivalente a la que se mantenía antes.
Respecto al convenio singular con el Hospital Santa Clotilde, publicado ese mismo día en el BOC, apuntó que se firma por dieciséis años más cuatro de prórroga, lo que supone trabajar con un horizonte de veinte años cuando, según ella, “todo en cinco años queda obsoleto” en materia sanitaria. Afirmó que el convenio no se basa en criterios científicos ni en necesidades de salud pública, sino en una decisión ideológica.
Explicó que la actividad anual estimada para la unidad es de unas 20.000 lecturas de mamografías (cuando las pendientes son 4.000), y que el convenio incluye la instalación de una unidad fija y la lectura de mamografías procedentes de otros centros como Valdecilla, Sierrallana o Laredo, además de denunciar que esta información no se desgrana de forma transparente.
De modo que lamento que “nos la han metido doblada”, porque esto no es una «colaboración» de lo privado con lo público, como se presenta, sino directamente abrir la puerta a una red sanitaria paralela: se está cogiendo “a manos llenas” dinero público para entregarlo a una sola institución, cuyo personal y estructura crecerán hasta convertirse en un “emporio”.
Aseguró que detrás de este proceso hay una parte médica del sector privado interesada en expandirse, y que la situación es muy similar a la que se produjo en Valdecilla tras su externalización parcial. Añadió que se está externalizando documentación sanitaria y que, a través de las licitaciones encadenadas —de contrato menor en contrato menor—, se está construyendo una estructura que luego podrá ampliar su cartera de servicios a lo que deseen.
«El sistema sanitario es un lujo y no debemos permitir que se destruya»
Por otra parte, Arancha Cossío, secretaria de sanidad de CCOO Cantabria, llamó la atención sobre cómo el convenio parte de la admisión de que la sanidad pública no tiene recursos ni personal suficiente, sin que eso esté siendo acompañado de decisiones de incremento de personal (al respecto, señaló que el consejero de Salud, César Pascual, protagoniza la anomalía de no negociar con los sindicatos en los órganos que existen para ello, sino que llega a «acuerdos políticos», fundamentalmente con uno de ellos, el Sindicato Médico –que pese al nombre es más bien una organizacion corporativa centrada en el colectivo con mejores condiciones de toda la sanidad pública–
Y adirtió de que esta decisión abre la puerta a un cambio de modelo, en el que servicios esenciales pasan a gestionarse desde el ámbito privado, continuando la senda iniciada por el cambio de modelo en el hospital Valdecilla, en el que se entregaron los servicios no sanitarios –que tienen incidencia en la salud, como la alimentación o la limpieza- a una empresa privada, Ferrovial, y hoy en día los gestiona una marca que pertenece al fondo Portobello.
La sindicalista cerró su intervención con una llamada a la unidad entre profesionales, sindicatos y ciudadanía, porque, según alertó, “detrás hay otra cosa”, y todo forma parte de un plan para reproducir en Cantabria el modelo de privatización progresiva visto en otras comunidades.
En este sentido, Israel Ruiz Salmón, coordinador de IU Cantabria, situó el convenio en una estrategia que, a su juicio, reproduce dinámicas vistas en otros territorios como Andalucía. Explicó que la modificación legal que permite convenios singulares de hasta veinte años se introdujo el año pasado en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos –apoyada por el PRC–, lo que, según su interpretación, transforma lo que se presenta como apoyo puntual en un mecanismo de sustitución estructural del servicio público.
Ruiz Salmón adelantó que la denuncia presentada por IU ante la Fiscalía (primero por cáncer de mama, luego ampliada a colon y cérvix) en relación con este convenio ha sido admitida a trámite por la Fiscalía de Cantabria y que, tras su presentación, comenzaron a recibir casos y testimonios de profesionales que apuntan a una degradación deliberada del sistema público para justificar externalizaciones.
Además, alertó de que estas medidas “no son puntuales” y que, con el argumento de la falta de personal, podrían extenderse a otras instituciones como el Hospital Padre Menni.
Izquierda Unida lleva a la Fiscalía el cribado de mamografías de Cantabria
Los tres participantes coincidieron en que la sanidad pública de Cantabria atraviesa una fase de desgaste que afecta especialmente a la prevención, con demoras acumuladas, falta de planificación y un desplazamiento progresivo hacia recursos privados. Recalcaron la necesidad de una respuesta unitaria entre profesionales, sindicatos y ciudadanía para defender un modelo público, universal y de calidad.
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