La Asamblea Ciudadana Santander Saludable denuncia que la Zona de Bajas Emisiones es un “fraude ambiental y normativo”
La Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) ha denunciado que la propuesta de Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander, actualmente en fase de información pública, constituye un “fraude ambiental y normativo”. En un documento de alegaciones registrado ante el Ayuntamiento, el colectivo advierte de que la norma no cumplirá su función principal de reducir la contaminación y proteger la salud de la ciudadanía.
Entre las entidades que forman la ACSS figuran organizaciones ecologistas, vecinales, educativas, sindicales y políticas como ARCA, Ecologistas en Acción Cantabria, Cantabria ConBici, FECAV, FAMPA Cantabria, UGT en Verde o Verdes Equo Cantabria, entre otras.
Falta de motivación legal y técnica
Las alegaciones presentadas por el colectivo destacan que la Ordenanza no está adecuadamente motivada, como exige la Ley 39/2015. En concreto, no justifica elementos esenciales como el perímetro de actuación, los horarios de aplicación, las exenciones permitidas o el régimen transitorio. Además, el Ayuntamiento no dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado, pese a ser un requisito legal para implantar una ZBE según la Ley 7/2021 y el Real Decreto 1052/2022.
También critican la ausencia de datos públicos actualizados y completos sobre la calidad del aire y el ruido, pese a haberse solicitado formalmente, lo que según la ACSS vulnera las obligaciones de transparencia. Igualmente, se señala que la ordenanza ignora los barrios más afectados por el tráfico y la contaminación, limitándose a una pequeña zona en el Ensanche.
Exenciones que vacían de contenido la ordenanza
La Asamblea subraya que la norma incluye horarios y exenciones que, en la práctica, “neutralizan cualquier posible efecto ambiental”, al prolongar la saturación del tráfico. Otro punto crítico es la ausencia de Zonas de Especial Sensibilidad en entornos escolares o sanitarios, algo que debería ser obligatorio.
Además, la propuesta municipal no incluye indicadores ni metas verificables, ni una plataforma pública que recoja los niveles de contaminación y ruido de forma detallada, lo que impide evaluar su eficacia a medio y largo plazo.
Acciones legales y denuncias a otras administraciones
Ante esta situación, la Asamblea ha anunciado que presentará denuncias ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria. Asimismo, no descartan elevar la denuncia a instituciones europeas como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), o a la Fiscalía de Medio Ambiente, por el impacto potencial sobre la salud pública y un posible incumplimiento del deber de protección.
También se plantean acciones judiciales para garantizar el derecho de la ciudadanía “a respirar un aire limpio y contar con una normativa eficaz, motivada y ajustada a derecho”.
En este sentido, responsabilizan directamente a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y al concejal Agustín Navarro de una ordenanza que califican de “mero teatrillo normativo”, sin medidas reales que respondan a la emergencia ambiental y sanitaria.
Rueda de prensa y próximos pasos
La Asamblea Ciudadana ha anunciado que ofrecerá una rueda de prensa pública en una de las zonas más contaminadas de la ciudad para exponer con detalle sus alegaciones y demandas. En ella se abordarán, entre otros aspectos:
- Los efectos sanitarios de la contaminación en enfermedades como asma, EPOC, cáncer, demencia o Alzheimer.
- La ubicación deficiente de los sensores de calidad del aire y de ruido.
- La falta de respuesta del Ayuntamiento a las alegaciones presentadas.
- La necesidad de una ZBE real en los barrios más afectados y de un nuevo modelo de movilidad basado en transporte público, bicicleta y movilidad activa.
Según datos del propio Ayuntamiento, 90.000 vehículos acceden a diario a la ciudad desde otros municipios, lo que contribuye significativamente a los problemas de calidad del aire. Por su parte, un informe del Instituto de Salud Global (ISGlobal) estima en 118 las muertes anuales evitables en Santander por efectos adversos de la contaminación atmosférica.
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