Este miércoles han comenzado en Mirones (Miera) las labores de búsqueda, exhumación e identificación de los restos de tres soldados del ejército constitucional republicano, asesinados durante la Guerra Civil y enterrados en una fosa común. Los tres combatientes eran vecinos de Castro-Urdiales y fueron ejecutados sin procedimiento judicial en julio de 1937, en el contexto de la ofensiva franquista en el norte del Estado.

Las tareas se llevan a cabo por impulso de las familias de los desaparecidos, con la colaboración de la Asociación Héroes de la República y la Libertad y el apoyo legal y material del Gobierno de España, en el marco de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Esta norma establece la responsabilidad institucional de localizar, identificar y entregar los restos de personas desaparecidas como consecuencia de la represión franquista.

Desde la asociación promotora han señalado que el Gobierno de Cantabria no ha prestado apoyo a esta intervención, a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones, y han recordado que la legislación vigente le obliga a colaborar en este tipo de actuaciones. La Ley de Memoria Democrática establece mecanismos y competencias autonómicas en materia de localización, identificación y dignificación de las víctimas de la guerra y la dictadura.

El objetivo de esta intervención es lograr la identificación forense de los restos y su entrega a las familias, con los honores y el reconocimiento que les corresponden como combatientes por la legalidad republicana. Según destacan desde Héroes de la República y la Libertad, se trata de una actuación “necesaria” tanto por el respeto a las víctimas directas como por el reconocimiento a sus descendientes, que han sufrido décadas de silencio, impunidad y represión durante el franquismo.

El caso de Mirones se suma a las más de 114.000 personas desaparecidas que, según estimaciones del Ministerio de la Presidencia, siguen pendientes de localización en fosas comunes en todo el Estado. Cantabria cuenta con más de 70 lugares documentados de enterramientos clandestinos, según el Mapa de Fosas del Gobierno de España, aunque prácticamente todas  las actuaciones para su exhumación están aún pendientes de financiación y desarrollo.

El inicio de estos trabajos se enmarca también en una creciente demanda social de verdad, justicia y reparación, impulsada por asociaciones memorialistas, familiares y colectivos de derechos humanos. En los últimos años, numerosas exhumaciones han permitido recuperar los restos de víctimas de la represión franquista, aunque desde el movimiento memorialista se advierte del retraso acumulado por la inacción institucional en varias comunidades autónomas, en especial en Cantabria.

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