La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha tenido que intervenir este jueves para garantizar que la exhumación de tres combatientes republicanos en Mirones (Miera) pueda desarrollarse con normalidad.

La excavación comenzó ayer a instancias tanto de las familias como de la asociación Héroes de la Republica y la Libertad, con apoyo del Gobierno central (no así del Gobierno cántabro) y en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática estatal.

Comienzan en Mirones (Miera) las tareas de exhumación de tres combatientes republicanos

Según ha relatado el fiscal especializado Carlos Yáñez a EL FARADIO, esta mañana, cuando la asociación y diversas autoridades acudieron al lugar, se encontraron con que una mujer que se identificaba como integrante del equipo de arqueología del Gobierno de Cantabria comunicó que los trabajos debían detenerse. El fiscal inició entonces las comprobaciones oportunas para verificar si existía alguna orden formal que justificara la paralización. Tras constatar que no había ningún documento oficial, aviso administrativo ni constancia alguna que avalara la suspensión —pese a tratarse de un proyecto autorizado y en curso—, la exhumación ha continuado. En el lugar estaban presentes, además de Yáñez, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la directora general de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial, Zoraida Hijosa.

Se trata de una exhumación impulsada por las familias y la Asociación Héroes de la República

Los trabajos buscan recuperar los restos de tres vecinos de Castro-Urdiales, combatientes del Ejército Constitucional de la República, ejecutados extrajudicialmente (es decir, sin juicio ni derecho a defensa) en julio de 1937 y enterrados en el cementerio, pero sin identificar .

En concreto, se busca recuperar los restos de Cecilio Romaña, Luis Portillo y Alejandro Miquelarena, tres vecinos de Castro Urdiales fusilados en 1937. Tras su asesinato, sus cuerpos fueron arrojados al río y posteriormente recogidos y enterrados por los vecinos en una fosa común situada fuera del camposanto.

El Gobierno de España ha financiado con más de 13.000 euros. La intervención stá siendo desarrollada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad especializada en trabajos forenses en fosas de la Guerra Civil. El objetivo es avanzar en las tareas de «dignidad, justicia y reparación» con las familias de las víctimas, en línea con lo establecido por la Ley de Memoria Democrática.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha visitado este jueves el lugar junto a la directora general de Atención a las Víctimas de la Memoria Democrática, Zoraida Hijosa; el presidente de la Asociación Héroes de la República, Jorge Suárez; y el fiscal delegado de Derechos Humanos y Memoria Democrática en Cantabria, Carlos Yáñez.

Pedro Casares, delegado de Gobierno; Zoraida Hijosa, directora general de Atención a las Víctimas (Gobierno de España) y Jorge Suárez, de Héroes de la República

Durante la visita, Casares ha denunciado la falta de implicación del Gobierno de Cantabria, al que la asociación promotora de los trabajos solicitó en varias ocasiones apoyo sin obtener respuesta. Según ha recordado, el Ejecutivo autonómico, presidido por María José Sáenz de Buruaga (PP), anunció que la derogación de la Ley de Memoria de Cantabria no afectaría a las exhumaciones, algo que Casares ha calificado de «mentira».

En este sentido, ha advertido que la ley autonómica sigue en vigor, ya que el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente la norma de derogación aprobada por el Parlamento cántabro a instancias del actual Ejecutivo.

«El Gobierno de España está cumpliendo con su obligación: con las víctimas y con quienes fueron asesinados por la dictadura franquista durante la Guerra Civil», ha afirmado el delegado, que ha agradecido el trabajo de las asociaciones que impulsan estos procesos.

Por su parte, Zoraida Hijosa ha subrayado el compromiso del Gobierno central con la memoria y los derechos humanos, y ha remarcado que actuaciones como la de Mirones buscan dar respuesta a familias que llevan más de 80 años esperando para poder cerrar su duelo.

«Esto no tiene que ver con ideologías, sino con derechos humanos», ha afirmado, insistiendo en que se trata de reconocer a las víctimas y acompañar a sus descendientes en el proceso de reparación.

La directora ha recordado que en Cantabria hay documentadas 150 fosas comunes, y ha ofrecido al Gobierno autonómico colaborar en futuras intervenciones.

El debate político sobre la recuperación de la memoria de las víctimas ha girado también en torno a la declaración del Palacio de la Magdalena como Lugar de Memoria Democrática, promovida desde el Gobierno central con la idea de recordar que alli se ubicó un campo de concentración para presos políticos que además históricamente fue pionero para el franquismo y los campos de concentración para rivales políticos e ideológicos que impuso en todo el país incluso después de haber acado la Guerra, sin que hubiera memoria pública de ello hasta recientemente.

Desde el Partido Popular se ha anunciado la presentación de una iniciativa en el Parlamento autonómico para rechazar esta propuesta, acusando al PSOE de querer “dividir y reabrir heridas” con una medida que consideran “sectaria” y ajena a la convivencia.  El PP ha aludido a las víctimas del buque‑prisión Alfonso Pérez, que han tenido reconocimiento en forma de calle, placa en la Catedral, varios libros que han mantenido su memoria y una fuerte memoria popular repetida durante el franquismo, sin que ninguna voz desde el PSOE, la izquierda o los movimientos memorialistas haya puesto jamás objeción alguna pese a que las víctimas republicanos nunca han tenido esa consideración (el campo de concentración o el bombardeo del Barrio Obrero son dos ejemplos).

La Magdalena será lugar de memoria

En respuesta, el PSOE ha defendido que el reconocimiento de La Magdalena como espacio represivo durante el franquismo es un ejercicio de memoria democrática, amparado por la legislación estatal, y ha recordado que en ese lugar funcionó un campo de concentración tras la toma de Santander en 1937. Desde el partido se subraya que la medida busca dignificar a las víctimas y recordar los hechos con rigor histórico, no dividir a la sociedad. Además, han acusado al PP de “deslealtad institucional”, falta de empatía con quienes sufrieron y de utilizar el dolor de las víctimas para confrontar políticamente.