Las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería inician una campaña de movilizaciones para exigir que su categoría profesional refleje la realidad de la formación que se les exige
La de hoy frente al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha sido la primera de las muchas acciones reivindicativas –sin descartar las judiciales– que preparan las Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE, una profesión fuertemente feminizada), uno de los oficios sanitarias tan fundamental en el día a día que su huelga ha supuesto la paralización de varios quirófanos.
Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería forman parte esencial de la atención directa en hospitales, centros de salud, unidades especializadas y residencias. Su labor abarca desde la higiene y movilización del paciente, hasta la preparación de materiales, cuidados básicos y apoyo clínico a enfermería y medicina. Son, en muchos casos, el primer contacto cotidiano del paciente y quienes asumen las tareas más continuas y menos visibles del sistema de cuidados. Las hay en hospitales, centros de salud, sanidad privada y, fuera de la sanidad, en las residencias de personas mayores, en situación de dependencia o con discapacidad.
Según explicaban sus portavoces en la concentración, secundada por medio millar de trabajadoras, lo que se pretende es que su clasificación en categorías (de la que dependen sus salarios y futuras jubilaciones) se adapte a la realidad, porque no sólo es que lleva varias décadas sin cambiar, sino que no refleja, por ejemplo, la formación que se les exige: desde la administración se les pide un nivel de estudios que luego no se corresponde con lo que la misma administración les considera, en una situación, además, que se aleja de lo que sucede en el resto de Europa desde hace más de quince años..
Marta Barata, TCAE en la unidad de Reanimación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y portavoz, explicó que el debate se vincula con la “dignidad profesional” y el reconocimiento del trabajo que desempeñan en los centros sanitarios,, avanzando que la plataforma prevé emprender acciones para obligar a la Administración a modificar la clasificación. “Vamos a tomar medidas ya. Vamos a obligar al Servicio Cántabro de Salud y al Gobierno de Cantabria a que lo ejecute, y si lo tiene que ordenar un juez, seguiremos adelante. Si hay que llegar a Bruselas, se llegará”, manifestó.
Durante la convocatoria, con representantes de los sindicatos USO –que convoca la huelga a nivel estatal- y ATI, José Vía Iglesias, representante de USO, explicó que la protesta forma parte de una estrategia estatal en la que, según indicó, participan más de cien mil profesionales. Afirmó que la ley que regula la clasificación profesional “se aprobó en dos mil siete” y que el retraso en su aplicación “obliga a acudir a vías sindicales, políticas y jurídicas”.
El representante sindical señaló que algunas comunidades autónomas ya están convocando nuevas plazas de TCAE con adscripción al grupo CE1, mientras que profesionales con décadas de experiencia “siguen en el C2”. En su intervención, defendió que el principio de “trabajo de igual valor, igual retribución” es el eje del conflicto y que la situación podría vulnerar la Directiva Europea de Igualdad y el artículo catorce de la Constitución. “Posiblemente terminemos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, indicó.
Esto ha sido el primer paso: en los próximos días se elaborará un calendario de acciones sindicales y reuniones políticas con el objetivo de trasladar la petición al Parlamento de Cantabria. Según señaló Vía Iglesias, el Ejecutivo autonómico “tiene competencias para realizar el cambio legislativo” y no debería condicionarlo a una financiación procedente del Gobierno central.
El sindicato estima que el cambio de clasificación podría afectar a alrededor de dos mil profesionales en Cantabria, incluyendo personal del Servicio Cántabro de Salud, de la Administración pública y de centros privados como el Hospital Santa Clotilde o el Hospital Mompía. En la concentración de este viernes, según los cálculos aportados por la organización, habrían participado “unas quinientas personas”.
Tanto la plataforma como el sindicato mostraron su intención de mantener la presión institucional y visibilizar el conflicto en las próximas semanas. Para ello, avanzaron que retomarán las protestas en la calle y reforzarán el trabajo jurídico con el fin de impulsar la reclasificación al CE1, una medida que, según defendieron, responde al marco formativo y al nivel de responsabilidad que atribuyen a la categoría.
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