La Plataforma en Defensa del Parque Natural de Oyambre ha difundido un manifiesto con fecha de 28 de noviembre de 2025 en el que denuncia una situación de deterioro ambiental constante y ausencia de políticas efectivas por parte de las administraciones competentes, tanto autonómicas como estatales.

El colectivo, integrado por vecinas y vecinos del entorno del parque, asociaciones ciudadanas y entidades ecologistas, reclama medidas urgentes para frenar la degradación del espacio y avanzar hacia una gestión activa, coordinada y con perspectiva de interés general, en una presentación en público de la plataforma que se producía un día después de que este espacio protagonizara un interesante debate auspiciado por la Institución Libre de Enseñanza, cuyo legado de renovación pedagógica está relacionado con la villa barquereña a través de las Colonias Escolares.

Entre la saturación, la necesidad de coordinación y la implicación de la población local: la Institución Libre de Enseñanza recupera su legado barquereño para analizar los retos de Oyambre

El Parque Natural de Oyambre, declarado en 1988 tras años de movilización social, abarca territorios de los municipios de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Comillas y Udías. Sus 5.758 hectáreas incluyen marismas, dunas, playas, acantilados y praderas costeras, y se encuentran protegidas por su valor ecológico y paisajístico. El parque forma parte de la Red Natura 2000, la red europea de espacios naturales de alto valor, y contiene varias Zonas de Especial Conservación (ZEC).

Pese a estas figuras legales de protección, la Plataforma denuncia que el espacio sufre una intensa presión antrópica, con impactos acumulados sobre sus ecosistemas, principalmente durante la temporada turística. Entre los elementos señalados se encuentra el abandono del sistema dunar, especialmente en su extremo occidental, donde continúa existiendo una carretera asfaltada y donde la propia duna se emplea como aparcamiento permanente, sin intervención alguna para su restauración ni control por parte de la Administración del Estado, responsable de los dominios públicos marítimo-terrestres.

La falta de regulación efectiva ha generado una proliferación de infraestructuras y usos inadecuados. En diversos puntos del parque se han instalado de forma improvisada campings, bares, restaurantes, accesos privados, señalización de baja calidad y barracones vinculados a escuelas de surf. Además, la creciente instalación de áreas de autocaravanas, sin criterios ambientales, y la autorización de escaleras privadas desde viviendas hasta la playa, están contribuyendo a la fragmentación del territorio y a su pérdida de carácter natural.

Uno de los principales focos de denuncia es la falta de actualización de los instrumentos de planificación y gestión del parque. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) fue aprobado en 2010, pero quince años después aún no se ha aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), el documento que debe establecer con claridad las zonas de uso, las actividades permitidas y los mecanismos de control. La ausencia del PRUG impide la aplicación efectiva de las medidas de conservación, algo que la Plataforma califica de “grave negligencia”.

A esta situación se suma la aplicación de la Ley de Simplificación Administrativa por parte del Gobierno de Cantabria, que estaría facilitando actuaciones urbanísticas incluso dentro del espacio protegido. Desde la Plataforma se advierte de que la ley está sirviendo para eludir trámites ambientales y autorizar nuevos desarrollos, sin una evaluación rigurosa del impacto acumulado sobre el parque.

También critican la pasividad de los ayuntamientos implicados, a quienes acusan de ceder ante intereses particulares y de fomentar la expansión de las segundas residencias, especialmente en los municipios de Valdáliga y San Vicente de la Barquera. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en estas zonas la proporción de viviendas no principales supera el 35 %, generando una demanda elevada de servicios durante los meses estivales que satura los sistemas de saneamiento y provoca vertidos y acumulación de residuos, tanto en zonas húmedas como en las playas.

Un modelo turístico que pone en riesgo la biodiversidad

El Parque Natural de Oyambre alberga una gran biodiversidad, con especies de flora y fauna propias de hábitats costeros. Entre ellas se encuentran el chorlitejo patinegro, catalogado como especie vulnerable, o la nutria paleártica, cuya presencia en el sistema de marismas es un indicador de buena calidad ambiental. También se pueden encontrar comunidades vegetales dunares y estuáricas protegidas por normativas europeas.

Según informes de SEO/BirdLife, Oyambre es una zona estratégica para la observación de aves migratorias, mientras que la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 2030 subraya la necesidad de mejorar la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 como condición para el cumplimiento de los objetivos de conservación del continente.

La Plataforma considera que el caso de Oyambre representa un modelo de fracaso institucional en la gestión de espacios protegidos, y alerta de que la inacción prolongada podría derivar en sanciones por parte de la Unión Europea. En Cantabria, otros espacios como el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel también han sido objeto de críticas por parte de organizaciones ecologistas debido a la presión turística y la urbanización.

Demandas y movilización ciudadana

Entre las demandas expresadas en el manifiesto destacan la aprobación inmediata del PRUG, la restauración del sistema dunar, la prohibición de nuevos desarrollos urbanísticos dentro del parque y la revisión de las licencias turísticas que afectan a los ecosistemas más sensibles. También se reclama un refuerzo de la vigilancia ambiental y la implicación de todas las administraciones en una gestión coordinada y transparente del parque.

La Plataforma hace un llamamiento a la sociedad cántabra y a las instituciones para defender este patrimonio natural que, subrayan, fue protegido gracias a la movilización ciudadana hace más de tres décadas, y que hoy vuelve a necesitar de un impulso colectivo para garantizar su futuro.

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