Los juicios previstos esta semana en Cantabria reflejan muy bien la realidad de las agresiones sexuales, una manifestación más de la violencia de género, aquella que sufren las mujeres a manos de hombres por el hecho de serlo: frente a argumentarios y tópicos, lo que vemos cada semana es que los agresores sexuales proceden del entorno de la víctima, y prácticamente todos acaban con sentencia de conformidad, es decir, con un acuerdo en el que el acusado admite él mismo su participación en los hechos.

Los juicios de esta semana  muestran, además, cómo los agresores se ceban en determinadas situaciones en las que suman una vulnerabilidad extra.

El primer caso se juzgará el miércoles 10 de diciembre a las 09:30 horas en la Sección Primera. El acusado, trabajador como conserje en un edificio de Santander, está acusado de agredir sexualmente a una mujer de 34 años con discapacidad, situación que era conocida por él.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, el acusado habría aprovechado esa condición para atraer a la víctima al interior del inmueble, donde presuntamente realizó actos de carácter sexual sin consentimiento. La víctima ha desarrollado desde entonces conductas de evitación por temor a caminar sola por la calle, según consta en el informe del ministerio público.

El fiscal considera que los hechos constituyen un delito de agresión sexual agravado por la vulnerabilidad de la víctima. Solicita para el procesado una pena de dos años y medio de prisión, tres años de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, y seis años de inhabilitación para ejercer trabajos relacionados con menores. Además, pide una indemnización de 2.500 euros por daños morales.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición a cinco años de cárcel, diez años de alejamiento y prohibición de comunicación, y seis años de libertad vigilada, así como una indemnización de 30.000 euros.

Ese mismo día, a las 10:00 horas, en la Sección Tercera, se celebrará otro juicio, contra un hombre procesado por un delito continuado de abuso sexual a su hija, de diecisiete años, durante el confinamiento por la covid-19.

Según la Fiscalía, los hechos se produjeron de forma reiterada en el domicilio familiar. El escrito señala que la menor manifestó su rechazo, y que tras lo ocurrido ha requerido atención psicológica y psiquiátrica por un síndrome compatible con trastorno adaptativo. También sufre estrés postraumático leve, según consta en los informes.

La acusación califica los hechos como un delito continuado de abuso sexual, aplicando la legislación vigente en el momento de los hechos por ser más favorable al acusado. Solicita ocho años y medio de prisión, ocho años de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, ocho años de libertad vigilada y una indemnización de 10.000 euros.

Finalmente, el jueves 11 de diciembre a las 09:30 horas, la Sección Primera de la Audiencia acogerá el juicio del Procedimiento Sumario Ordinario 5/2025, que juzga a un joven por un presunto delito de agresión sexual a su hermana, de diecisiete años.

El ministerio fiscal describe que los hechos se produjeron en el domicilio de un familiar, y que tanto el acusado como la víctima presentan discapacidad intelectual moderada, con grados del 77 y el 67 por ciento respectivamente. El acusado ha indemnizado ya a la víctima con 4.000 euros, lo que se recoge como atenuante por reparación del daño, junto con la eximente incompleta por alteración psíquica.

La Fiscalía solicita dos años de prisión, tres años de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima, dos años de inhabilitación para trabajar con menores, y tres años de libertad vigilada. También propone que el acusado se someta a un tratamiento médico adaptado a su situación.

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