Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora Cántabra de ONGD organizó este miércoles un webinar internacional con participación de activistas locales e internacionales que trabajan en contextos de represión, desigualdad estructural y retroceso democrático.

La sesión, titulada ‘Miradas desde los territorios. Derechos humanos en América Latina’, planteó un recorrido por Guatemala y la frontera entre República Dominicana y Haití, a través de experiencias de organizaciones que operan sobre el terreno.

Como explicó el periodista Guillem Ruisánchez, cofundador de EL FARADIO, encargado de moderar el encuentro, el objetivo era “escuchar directamente a quienes viven estas realidades, porque detrás de cada violación hay personas, comunidades y territorios concretos”. Según señaló Ana Sarabia, de la Coordinadora Cántabra de ONGDS, hay preocupación porque a nivel internacional y de derechos humanos, se esté imponiendo la ley del más fuerte.

El seminario incluyó las intervenciones de Carlos Chocoj Ixim, de la organización guatemalteca Acción Sin Fronteras Kabawil; Julia García Grané, cooperante de Brigadas Internacionales de Paz (PBI); y Francisco J. Carril, de la Fundación PROCLADE, con experiencia directa en la frontera entre República Dominicana y Haití.

Alta Verapaz: desnutrición, criminalización y brecha de género

La primera intervención fue la de Carlos Chocoj Ixim, desde el departamento de Alta Verapaz, una de las regiones con mayores índices de pobreza y exclusión en Guatemala. Carlos habló en nombre de la organización Acción Sin Fronteras Kabawil, que trabaja con comunidades indígenas en temas de desnutrición infantil, soberanía alimentaria, formación en derechos humanos y acompañamiento a defensores criminalizados.

Planteó una pregunta clave que guía su labor diaria: “¿La población conoce realmente sus derechos humanos?”. Según su experiencia, la respuesta es clara: no. Aseguró que muchas mujeres afirman conocerlos “de forma general”, pero al preguntarles cuáles son, no pueden mencionarlos. En cambio, enumeran con precisión sus obligaciones familiares: cuidar del hogar, atender a los hijos, obedecer al esposo.

“Cuando explicamos qué son los derechos humanos, muchas lloran”, relató. Para muchas mujeres de zonas rurales, el acceso a esta información es su primer contacto con una narrativa distinta sobre su lugar en la sociedad.

Carlos denunció la brecha profunda entre lo urbano y lo rural, y la transmisión intergeneracional del machismo estructural, que sigue relegando a las mujeres al ámbito doméstico. Aun así, apuntó pequeños signos de cambio: algunas madres empiezan a visualizar un futuro diferente para sus hijas gracias al acceso a la educación y a la cooperación internacional. “Empiezan a entender que ellas no pudieron estudiar, pero sus hijas sí pueden”.

También alertó sobre la criminalización creciente del activismo social. Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en Guatemala se han documentado 1.546 casos de ataques a personas defensoras. Solo en los últimos meses, señaló Carlos, ha habido tres desalojos violentos en la región. Las consecuencias no son solo físicas o económicas: muchas veces se traduce en “muerte civil” para las personas afectadas, que quedan fuera del tejido comunitario, sin empleo ni movilidad.

Además, explicó que el trabajo de las ONG se ve condicionado por la presión de actores económicos transnacionales, especialmente en sectores como la minería, hidroeléctricas y agroindustria, cuya actividad provoca devastación ambiental. “Hay ríos que ya están quedándose secos”, afirmó, una imagen que resume los efectos del extractivismo desregulado.

También criticó el papel del Estado guatemalteco, que a menudo responde a estas dinámicas con silencio o con represión, y expresó su decepción con el gobierno de Bernardo Arévalo, elegido con una fuerte base de apoyo indígena. Según Carlos, pese a las expectativas, persisten prácticas de corrupción y un poder judicial capturado por intereses que impiden cualquier transformación real.

La presencia internacional que protege

A continuación intervino Julia García Grané, cooperante española de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), recién llegada de Guatemala. PBI es una organización que trabaja desde 1983 en el país, con el objetivo de proteger a personas defensoras de derechos humanos a través de una presencia internacional que funcione como mecanismo disuasorio.

Julia explicó que el trabajo de PBI se basa en tres principios: no injerencia, no partidismo y no violencia. En Guatemala, su labor se dirige especialmente a comunidades que enfrentan proyectos extractivos, violaciones de derechos colectivos e impunidad.

“Un chaleco rojo puede hacer que un agresor se lo piense dos veces”, resumió, en referencia al distintivo que llevan los observadores de PBI. Su función principal es generar visibilidad, de forma que se alteren posibles dinámicas de agresión por el simple hecho de saberse observados.

Además, explicó que PBI mantiene una comunicación constante con embajadas y oficinas internacionales. Sus informes, boletines y alertas permiten trasladar las denuncias de las comunidades a instancias diplomáticas con capacidad de incidencia.

Describió también su trabajo como observadora en juicios, en los que se documentan numerosas irregularidades. En muchos casos, los procesos judiciales se dilatan durante años: más de 100 audiencias, testigos que fallecen antes de declarar, aplazamientos sistemáticos. Este escenario genera frustración y agotamiento emocional en las comunidades.

Julia puso el foco en el impacto psicológico de la represión prolongada. “Hay mucho desánimo. El miedo se convierte en parte del día a día. Y ese miedo funciona: muchas personas se retiran de la lucha porque no pueden más”.

Sobre el plano político, reconoció una creciente desilusión con el gobierno de Arévalo, al que se le atribuye inacción frente a las estructuras represivas aún vigentes. Además, alertó sobre el contexto regional, donde fenómenos como el de Bukele en El Salvador están consolidando modelos autoritarios con altos niveles de aceptación popular. En este sentido, subrayó la importancia de las elecciones de 2026, en las que se renovará la Fiscalía General de Guatemala, una institución clave en la disputa entre democracia y autoritarismo.

Apatridia y deportaciones en la isla de La Española

Desde otro punto de la región, Francisco J. Carril, cooperante de la Fundación PROCLADE, abordó la situación de apatridia en República Dominicana, consecuencia directa de reformas legales que han dejado a miles de personas sin nacionalidad reconocida.

Explicó que en 2013 se modificó la legislación para retirar la nacionalidad a hijos e hijas de personas migrantes haitianas nacidas en el país, amparándose en una figura jurídica que las calificaba como “extranjeros en tránsito”, aunque muchas llevaban décadas viviendo allí. Desde entonces, se estima que entre 200.000 y 300.000 personas se encuentran en situación de apatridia o en riesgo de padecerla.

“Ya hay segunda y tercera generación de personas sin papeles”, advirtió. Muchas de estas personas no conocen Haití, no hablan creole y han nacido en territorio dominicano, pero son objeto de deportaciones masivas, con cifras de hasta 10.000 expulsiones al mes, según las organizaciones humanitarias que trabajan en la zona.

Francisco subrayó que el acceso a la documentación es prácticamente imposible: un pasaporte haitiano cuesta entre 120 y 150 dólares, mientras que el salario mensual medio ronda los 150-200 dólares. Esta situación conlleva la vulneración de al menos 13 derechos humanos fundamentales, entre ellos el acceso a la educación, la salud, el trabajo digno o la protección contra el racismo.

📢 Rompe el algoritmo, decide tú de lo que se habla. Comparte esta información en tus redes o por mensajería.

🤝 Podemos seguir hablando de derechos humanos, cooperación y resistencia gracias a apoyos como el tuyo. Súmate a la comunidad de El Faradio por solo 8 euros al mes.
👉 Hazte socia o socio de El Faradio