La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria denuncia una “vía perversa” para enriquecer el negocio privado

Critican el deterioro del sistema público y alertan de que “la privatización mata”
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La Plataforma por la Sanidad Pública siente una “enorme preocupación” ante el incremento del uso de seguros y hospitales privados en Cantabria, una evolución que califican de “muy alarmante” y consideran como parte de una estrategia orientada a “hacer negocio con dinero procedente de las arcas públicas”.

El colectivo se pronunciaba así ante el informe del Ministerio de Sanidad, recogido por EL FARADIO, que constata el aumento del número de personas con seguro sanitario privado en Cantabria y el crecimiento del uso de hospitales privados en la comunidad, incluso para ingresos hospitalarios.

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Según señala la plataforma en declaraciones a EL FARADIO, este proceso responde a una política de privatización progresiva que “poco a poco ha ido creciendo” en Cantabria, una comunidad que hasta hace poco mantenía “índices relativamente tolerables de privatización”.

En este contexto, llaman la atención sobre la “presencia muy notoria y sintomática del consejero” de Sanidad, César Pascual, en la inauguración del centro Quirón Prevención en los bajos el Casino de Santander, así como la firma de un convenio “de precio rampante” con el hospital privado Santa Clotilde, el cual fue pergeñado, aseguran, “de forma opaca”.

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Al “oscuro asunto de este convenio”, firmado por un montante de 256 millones para 16 años pese a que se anunció bajo un presupuesto de 216 millones, se suman -señala la Plataforma- la elaboración por consultores mayoritariamente particulares del Plan de Salud 2025-2029, así como la creación, en los terrenos que deje libre la Residencia Cantabria, de un Parque Científico de la Salud de gestión privada.

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Todo lo cual se añade, señalan, al gasto “también rampante” del convenio que el entonces gerente de Valdecilla y hoy consejero firmó hace más de diez años con Ferrovial para entregarle las dotaciones anexas a este hopital de referencia por un importe que ha ido ascendiendo hasta llegar casi a los 900 millones para 20 años de concesión –y que ha acabado en manos de un fondo de capital riesgo, Portobello, dueño actual de SERVEO, la marca de servicios de Ferrovial–.

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Creen los miembros de la Plataforma, integrada por ciudadanos y colectivos de todos los ámbitos, que “vamos hacia un sistema sanitario de dos velocidades” de asistencia en el cual “el que tiene más espera menos, a través de un seguro privado, mientras el que tiene menos espera más”.

Remarca la organización que “el deterioro, abandono o dejadez, es decir la desatención en la gestión política de la sanidad pública, es una vía perversa pero no casual de enriquecer el negocio de la salud privada”.

La Plataforma advierte del riesgo de que estemos transitando hacia un modelo como el estadounidense, al que describen como “de gasto enorme pero de calidad muy limitada y de cobertura casi exclusivamente privada y por tanto no apto para los más necesitados”, y aluden a indicadores de la OCDE, en especial en el área materno-infantil, como muestra de los riesgos de este sistema.

Añaden que existen ya estudios muy rigurosos, publicados en la revista The Lancet por académicos y expertos de las mejores universidades, que confirman que “la privatización mata”. Pues, lejos de mejorar la atención a través de una mayor competencia, lo que hace es empeorar lacalidad de laasistencia a base de abaratar costes.

Insisten en que se está consolidando una estructura donde “la sanidad no es un servicio, sino un negocio”, y critican que se está actuando “bajo la máscara de las virtudes de la colaboración público-privada”.

“Se empieza hablando de esa cooperación”, alertan, “y bajo ese manto se está convirtiendo la sanidad en fuente de lucro”: un concepto opuesto “al humano de todos los servicios públicos, como es el de cuidar, tratar y curar”. “Lo más perverso es convertir ese bien, ese tesoro, en algo sucio, perverso, como estamos viendo en Madrid”, sentencian. Y apuntan a la existencia de “preocupantes indicios de corrupción” vinculados a la privatización de la sanidad.

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