Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Santander – Cantabria han acudido a una reunión en la Delegación de Gobierno en Cantabria. La idea era exponer una serie de medidas que creen serían de utilidad para ver mejor defendido y más garantizado el derecho constitucional a una vivienda digna.

Recuerdan desde la asociación que España es un Estado comprometido a cumplir el derecho internacional y también a defender los derechos humanos. Es por ello que creen que la vivienda es algo fundamental en el proyecto de vida de una persona y que forma parte de la gama de derechos básicos.

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Pero no se refieren solamente a ese derecho. Cuando judicialmente se decreta un lanzamiento de vivienda, un desahucio, están viendo unos dispositivos policiales de mucho mayor calado, en número de agentes, pero también en cuanto a la hora de acordonar la zona y asegurarse completamente de que se lleva a cabo, aunque suponga dejar a alguien en la calle, sin ni siquiera una alternativa habitacional. Y es Delegación de Gobierno quien está al cargo de esos dispositivos.

Lo que también creen que sucede en esos casos es que se cercena el derecho a la protesta, que se lleva a cabo por parte de personas que intentan defender a la parte que sale perdiendo en un desahucio, que es quien que cargar sus enseres personales y llevárselos al lugar donde pueda continuar con su vida, sea más adecuado o menos. En la reunión también han subrayado que, en los desahucios, se dificulta el trabajo de la prensa.

A la salida de la reunión, los representantes de la PAH aseguraban que han solicitado un paquete de medidas «básico, mínimo». No se han puesto ambiciosos. Han pretendido que esta parte de la Administración pública, la que representa al Gobierno central en un territorio, pueda ocuparse y preocuparse más y mejor de quienes están en una situación de evidente vulnerabilidad y pueden quedarse sin techo. Podría ser estableciendo un canal de comunicación con esas familias. En general, los activistas por la vivienda ven una inacción generalizada de las administraciones.

Un trimestre con 36 desahucios y dos demandas por ocupación

La PAH ha salido de la reunión reflejando una «respuesta ambigua» de la Delegación de Gobierno. Se comprometen a estudiar las medidas, peo no dan plazos de aplicación ni tampoco garantizan que vayan a cumplirlas, según los activistas. Por eso han salido insatisfechos de la reunión.

El otro compromiso que han logrado arrancar es que el delegado de Gobierno, Pedro Casares, se acabará reuniendo con ellos, ya que esta vez no le fue posible.

Mientras consiguen esa futura reunión, la PAH ha querido anunciar que llevará a cabo más movilizaciones y campañas por el derecho a la vivienda, porque creen que esta es una cuestión de vida y de «dignidad».