La plataforma Pasaje Seguro ha denunciado una situación de “violencia institucional y racismo” tras el desalojo forzoso de decenas de personas migrantes que vivían en un antiguo centro escolar abandonado en Badalona. Según la organización, entre las personas afectadas se encuentran menores de edad, personas enfermas y trabajadores en situación precaria, a quienes no se les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional tras la intervención policial.

El inmueble, que funcionaba como refugio ante la ausencia de recursos públicos para garantizar una vivienda, acogía a familias enteras en situación de sinhogarismo. La precariedad estructural del edificio fue el argumento esgrimido para el desalojo, que fue aprobado judicialmente con la condición de que las personas fueran realojadas, una premisa que —según la entidad— no se ha cumplido.

Desde Pasaje Seguro se critica que, pese a esa obligación legal, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha rechazado cualquier tipo de acogida institucional –esgrimiendo el apelativo de ‘okupas’ (sic) cuando se trata de un edificio abandonado y sin uso, y no viviendas particulares–, llegando a declarar públicamente que “los acoja Pedro Sánchez”. La plataforma acusa al regidor de utilizar discursos racistas y estigmatizantes, y de reeditar campañas de señalamiento similares a las que ya promovió en 2011 contra la comunidad rumana residente en la ciudad.

Desalojo sin garantías ni realojo

La jueza que concedió la orden de desalojo lo hizo en base a criterios de insalubridad, siempre que se garantizara la reubicación digna de los residentes. Sin embargo, la negativa del alcalde a asumir esa responsabilidad no ha motivado la suspensión de la orden, y el desalojo se ha ejecutado con normalidad, dejando en la calle a decenas de personas.

Desde Pasaje Seguro también critican la pasividad de la Generalitat de Cataluña, cuyo presidente, Salvador Illa, ha defendido la ejecución de la orden sin poner en marcha ningún recurso de acogida. La organización subraya que, en situaciones de emergencia como incendios o inundaciones, las administraciones públicas activan mecanismos de alojamiento temporal —como hoteles o instalaciones públicas—, algo que no se ha hecho en este caso pese a estar contemplado legalmente.

En los días posteriores, la respuesta ha venido exclusivamente desde movimientos vecinales y sociales, que han organizado una red solidaria para tratar de dar cobijo a las personas afectadas. Para Pasaje Seguro, esta ausencia de intervención institucional es una forma de violencia estructural que agrava la exclusión social de las personas migrantes.

Una estrategia basada en el señalamiento

La organización denuncia que este tipo de actuaciones no solo vulneran derechos básicos, sino que alimentan una narrativa de criminalización de la población migrante, asociándola de forma sistemática a la inseguridad, sin pruebas ni alternativas. Señalan que muchas de las personas desalojadas trabajan en sectores clave pero mal remunerados, como la construcción, la recogida de fruta o el reciclaje de chatarra, y que lo hacen en muchas ocasiones sin contrato debido a la explotación laboral ejercida por empresarios que se benefician de su situación administrativa irregular.

En este contexto, Pasaje Seguro insiste en que aceptar este modelo de gestión es “renunciar a una sociedad democrática”, y que la única vía para garantizar la convivencia es el cumplimiento de la ley, el acceso a derechos y la regularización de quienes llevan años trabajando en España sin papeles.

Reivindicación de rutas seguras y responsabilidad autonómica

La plataforma ciudadana propone que, en lugar de promover discursos excluyentes, se habiliten rutas seguras para la migración, se establezcan cupos ajustados a la demanda real de empleo y se proceda a regularizar administrativamente a las personas que ya están residiendo y trabajando en el país.

También recuerdan que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de acogida. En este sentido, citan el caso de Cantabria, que debe acoger a una docena de menores migrantes que actualmente se encuentran en situación de hacinamiento en Canarias. Para Pasaje Seguro, el cumplimiento de este compromiso es no solo un deber legal, sino también un acto de humanidad, que debería asumirse sin discursos racistas ni resistencias políticas que emulan a la extrema derecha.

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