En días pasados, el alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, ha justificado las obras de encauzamiento de aguas en el sistema dunar de Oyambre como necesarias, invocando el desconocimiento que, según él mismo ha afirmado, tiene la Plataforma Salvar Oyambre sobre la realidad de los hechos.

A la vista de tales afirmaciones, esta plataforma social ha creído oportuno, en aras de la verdad y el rigor informativo, hacer una serie de puntualizaciones sobre las obras en cuestión, su propósito y el papel del Ayuntamiento en lo que califican como una destrucción más de un entorno que lejos de protegerse cada vez sufre mayor deterioro.

Desde Salvar Oyambre consideran que el alcalde no es precisamente el mejor aval para defender este tipo de actuaciones, dado que ante obras de naturaleza similar ha debido de enfrentarse a denuncias y expedientes sancionadores de la propia Administración competente en materia ambiental e incluso verse condenado a sufragar sanciones impuestas por los tribunales.

Como ejemplos en concreto refieren la incoación por parte de la Dirección General de Biodiversidad y Medio Ambiente del expediente sancionador, con 5.000 euros de multa, del 22 de julio de 2020, por construcción de paseo con rellenos, eliminación de vegetación y corta de árboles, y también la sentencia de 18 de marzo de 2016, condenatoria del pago de 10.000 euros y costas, por diferentes infracciones administrativas y la destrucción y deterioro significativo de hábitats de interés comunitario».

Salvar Oyambre cree que el alcalde ha vuelto a las andadas, metiendo maquinaria pesada en el sistema dunar de la playa, arrasando la vegetación existente y depositando todo tipo de restos sobre el arenal, todo ello para abrir un canal que facilite la evacuación a la playa de unas aguas «cuyo origen es todo un misterio, y sobre lo que no estaría de más que el propio regidor explicase y aclarase de dónde proceden y qué es lo que quiere solucionar y a quienes con el canal de vertido que acelera su expulsión atravesando la playa y la zona de baños».

La asociación concluye que Lorenzo González actúa de espaldas a cualquier respeto de la normativa ambiental, a la vez que «pretende arrogarse la titularidad municipal de un dominio público que como tal es patrimonio de todos, mal que le pese, y más aun tratándose de un espacio natural protegido por diferentes normativas que no parece entender ni mucho menos querer asumir».