Las principales organizaciones del Tercer Sector en Cantabria han emitido un comunicado conjunto en defensa del modelo de acogida de menores migrantes, tras el debate suscitado en los últimos días a raíz de informaciones sobre la llegada de menores no acompañados a Cartes.

El mensaje, firmado por la Coordinadora Cántabra de ONGD, EAPN Cantabria (Red Europea de Lucha contra la Pobreza), la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Cantabria y la Plataforma del Voluntariado de Cantabria, apela a la serenidad, responsabilidad y compromiso, y pone en valor la trayectoria solidaria de Cantabria en la atención a la infancia vulnerable. Son decenas de organizaciones que trabajan con todo tipo de colectivos vulnerables, en situación de pobre o riesgo de exclusión o discriminación.

Estas entidades recuerdan que la acogida de menores migrantes no es un fenómeno nuevo, sino una realidad que se lleva a cabo de forma habitual y dentro del marco legal vigente, aplicando criterios técnicos, educativos y de protección por parte de profesionales especializados. Subrayan que su objetivo es garantizar el bienestar de los menores y facilitar su desarrollo personal y social.

En este sentido, destacan que el proceso de acogida se realiza en entornos seguros y normalizados, lo que permite que los niños, niñas y adolescentes puedan avanzar en su integración y en la construcción de un proyecto de vida digno.

Además, las organizaciones firmantes inciden en que la protección de la infancia debe ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad, y que debe abordarse desde el respeto, la información veraz y la colaboración interinstitucional.

El comunicado reitera la voluntad del Tercer Sector de seguir trabajando con profesionalidad y compromiso en la acogida e integración de estos menores, con la convicción de que el diálogo, la convivencia y el acompañamiento adecuado son claves para lograr una integración positiva y duradera.

Los menores extranjeros no acompañados (MENA) tienen derecho, según la legislación española e internacional, a la protección como menores de edad, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. Son competencia de las comunidades autónomas, que deben garantizar su acogida y tutela a través de los servicios sociales.

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