El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por Laherrán S.A. contra la sentencia que avalaba la orden de cierre de su cantera y planta de tratamiento de áridos en el municipio de Piélagos, por carecer de las correspondientes licencias municipales y ambientales. La resolución pone fin al recorrido judicial de la empresa tras una década de litigios y recursos para evitar el cese de su actividad, mientras la explotación ha seguido funcionando de forma continuada.

La inadmisión del recurso se produce por falta de fundamentación suficiente y por no justificar la existencia de un interés casacional objetivo, según detalla la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el 28 de enero de 2026. El alto tribunal concluye que Laherrán pretendía una revisión particular de su caso, lo que “resulta incompatible con el sistema casacional”, cuyo propósito es sentar jurisprudencia general.

El Supremo confirma así las resoluciones previas del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santander, de diciembre de 2024, y de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de abril de 2025, que avalaban la decisión del Ayuntamiento de Piélagos de extender la clausura de la cantera a las instalaciones de molienda y clasificación de áridos, al quedar acreditado que también operaban sin licencia.

En esta última resolución, el Tribunal impone a la empresa el pago de las costas procesales: 1.000 euros más IVA a la organización Ecologistas en Acción, que se opuso al recurso, y 500 euros más IVA al Ayuntamiento de Piélagos y al vecino Santiago Palazuelos Botella.

Desde Ecologistas en Acción, organización que lleva una década denunciando la actividad de Laherrán, se valora positivamente el fallo. A través de un comunicado, recuerdan que la cantera lleva funcionando más de 75 años sin licencias, gracias a la inacción reiterada del Ayuntamiento de Piélagos. En este sentido, critican el comportamiento del consistorio, al que acusan de haber permitido de forma «timorata e irresponsable» la continuidad de una actividad que ha sido objeto de varias resoluciones judiciales firmes de clausura.

Ecologistas en Acción denuncia que, a pesar de existir tres resoluciones ejecutivas de cierre firmadas por el actual alcalde, ninguna ha sido ejecutada, y que la empresa ha llegado incluso a romper los precintos municipales en dos ocasiones desde 2016, lo que demuestra, a su juicio, un claro incumplimiento de la legalidad vigente.

El Juzgado de lo Contencioso n.º 1 también recogía en su sentencia de 2024 duras críticas al Ayuntamiento por sus “prácticas perniciosas”, calificando la tramitación del expediente como “caótica, confusa y generadora de conflictos” que han dado pie a la proliferación de recursos judiciales. Además, señalaba que la empresa mantenía una “habitual oposición jurídica y material” a obedecer las órdenes de cierre.

La situación fue denunciada inicialmente en 2015 por varios vecinos ante Ecologistas en Acción, lo que llevó a la apertura de un expediente de clausura en febrero de 2016. Sin embargo, desde entonces, la cantera y la planta de áridos han seguido en funcionamiento mientras se sucedían los recursos y las resoluciones judiciales no ejecutadas.

Ecologistas alertan de los efectos de esta actividad sobre la vida del vecindario: ruido constante, polvo en suspensión, vibraciones por explosiones y tránsito incesante de camiones por zonas residenciales. Reclaman al Ayuntamiento que, una vez ratificada la legalidad de sus propias resoluciones, ejecute de inmediato el cierre y abra un expediente sancionador contra Laherrán por incumplir las órdenes firmes de cese de actividad.

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