Cuando el Ayuntamiento de Cartes decidió sumarse a la procesión de antorchas contra la llegada de menores extranjeros a su pueblo, echando gasolina en lugar de información, entró en una deriva argumental en la que negó que hubiera servicios suficientes en el municipio para que llegaran 20 personas más (ahora asegura que los buscará: en realidad da igual, no está en su mano sino en la de otras administraciones, como el Gobierno de Cantabria –responsable de Sanidad o Educación—o la propia Fundación Cuin; bastaba con que les dejara hacer, pero optó por entorpecer).

Lorena Cueto –que sigue siendo alcaldesa y sigue adscrita a las filas del PSOE, sucesora de Agustín Molleda, actual secretario de Organización de los socialistas cántabros y aspirante a cabeza de lista en Torrelavega– , avanzó desde el primer día que el Ayuntamiento acometería una inspección urbanística del edificio –cuya ubicación señaló- al considerar que no cumplía las condiciones necesarias para la acogida. Es decir, en su visión de la situación, ni el Ayuntamiento ni la vivienda estaban preparados.

Una decisión que sorprendió, ya que bajó ella latía la presunción de que desde el Ayuntamiento se tenía más conocimiento de las necesidades administrativas de un centro de acogida que la administración con competencias –el Gobierno de Cantabria – que lleva poniendo varios en marcha o la propia organización responsable, la Fundación Cuin, que acumula décadas de experiencia en la gestión de estos centros, y no sólo conocedora de todos los pasos necesarios, sino principal interesada en que todo se hiciera bien dado que su fin es velar por la protección de los menores.

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UNA ESTRATEGIA CON UN FIN

Con los días, ese anunció de inspecciones urbanísticas se acabó convirtiendo en ese expediente con amenaza de cierre, visita policial y hasta corte de suministros. Cuando trascendió –y no por que lo expusiera el Ayuntamiento, que paradójicamente viene de denunciar el oscurantismo del Gobierno, y que no se lo trasladó a sus interlocutores en una reunión en la que se vieron las caras–,  el Ayuntamiento achacó esa actuación a una consecuencia ante las denuncias vecinales. Días antes lo había avanzado como acción propia sin relacionar con los vecinos críticos con el centro a cuyas voces se ha sumado dese el principio, despreciando otras voces en su mismo pueblo.

Esa sanción reposaba fundamentalmente sobre un trámite, la licencia de actividad, para el que se reclamaba enfáticamente una declaración responsable (un trámite ya habitual en Cantabria por el que el interesado compromete su palabra con la gestión mientras se va desarrollando).

Ese movimiento hubiera podido tener el efecto que buscaba, el cierre del centro y la no llegada de los jóvenes migrantes.

EL CAMBIO EN LAS DECLARACIONES LLEGÓ TRAS EL REVUELO

Ese es el objetivo que se desprende de sus propias declaraciones, cuando decía que no había capacidad ni servicios, incluyendo policía –es decir, asumiendo la relación entre jóvenes migrantes y delincuencia- y de sus propios actos, ese expediente urbanístico.

Después hubo un cambio en sus declaraciones: pasó a decir que los jóvenes eran bienvenidos (siete días tardó), que les brindaría servicios (afortunadamente no dependen todos del Ayuntamiento y hay otras administras, como la autonómica, y el propio trabajo de Cuin, que simplemente no necesitaban las trabas institucionales y de convivencia que ha sembrado la alcaldesa) y a que el Ayuntamiento garantizaría su llegada (obligatoria por Ley y en cuyo hecho físico simplemente no tiene competencias)

Pero esas declaraciones convivieron en el tiempo con su decisión administrativa y ya fue horas después cuando se produjo ese mensaje en Facebook que no puede calificarse de disculpas y que es posterior a que la polémica llegara a los medios estatales, al propio Consejo de Ministros y a la dirección del partido en Cantabria—.

Para salir del paso, buscó dos argumentos:

1) que respondía a denuncias vecinales (primera vez que las mencionaba, antes eran iniciativa municipal)

y 2) que estaba de acuerdo con la fórmula que encontró el Gobierno para revertir su decisión, la petición de medidas cautelares (siendo más estrictos, cautelarísimas, tecnicismo judicial que implica que se adopta la medida sin escuchar siquiera a la parte, es decir, al Consistorio).

MEDIDAS DESDE EL GOBIERNO A LOS JUZGADOS

Las medidas cautelares son una fórmula de paralizar una decisión sobre la que hay debate legal antes de que se ejecute para que el daño no se ejecute cuando se resuelva el debate. El ejemplo tipo es parar una obra que afecte al medio ambiente para que cuando llegue una sentencia que diga que fueran ilegales no sea demasiado tarde y ya esté hecho. En este caso, era al revés: impedir que cuando la Justicia ratifique que es legal lo que el Gobierno y Cuin hacen en todos los sitios en los que han trabajado, los menores de edad procedentes de otros países no llevaran meses sin poder acceder al centro clausurado-.

Es paradójico (no es la primera contradicción que vemos en esta larguísima semana): el Ayuntamiento que dictó una resolución decía querer que no se ejecutara (pese a que ese deseo va contra sus actos y palabras de la última semana, los adoptados en caliente antes de que la polémica nacional y la conciencia del daño reputacional y de convivencia le hiciera cambiar públicamente de opinión.

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EL FALLO DE LA ESTRATEGIA

La estrategia (es un decir) del Ayuntamiento para impedir la llegada de los menores pasaba porque no hubiera edificio disponible al que llegar, de ahí el expediente urbanístico y sus constantes referencias a las malas condiciones del edificio.

Pero sólo era eficaz si no había menores dentro.

Y los menores son sagrados, como sabe cualquiera que trabaje en una administración. Es un conocimiento además que se le presupone a una institución gobernada con un partido, el PSOE, al que sigue representando, que desde el Gobierno central hace gala de un escudo social que impide el desahucio de vulnerables, entre ellos menores. Si no le sonaba el asunto, justo se debatía esa semana y apareció en en medios cuya lectura se da también por supuesto a un gobernante medio.

Pero para disgusto del Ayuntamiento, finalmente los menores empezaron a llegar –la llegada que había rechazado con sus palabras y acciones- y el Gobierno presentó esas medidas cautelares (cautelarísimas, lo que nos ha ahorrado leer la respuesta del Ayuntamiento si se le consultara). Como era evidente, el Juzgado responsable las ha aceptado y ha paralizado la consecuencia de la sanción, que era el cierre, atendiendo precisamente a la protección de los menores: “el aspecto que más se tiene en cuenta es la incidencia de la inminente paralización de la actividad de la residencia”, señala el auto.

Eso no significa que el asunto se haya acabado en lo administrativo y judicial. El propio Ayuntamiento puede presentar alegaciones a este auto –ahí se verá el alcance de su teórica rectificación y cambio público de discurso-, en un sentido u otro, o no hacerlo. Y también puede haber recorrido judicial, si no se siente conforme con la respuesta a esas alegaciones –nuevamente, en su mano está-.

En cualquier caso, siendo una cuestión de tramitación urbanística, si realmente hay algo mal en lo que el Ayuntamiento tenga más conocimiento que los servicios jurídicos del Gobierno especializados en menores o que la fundación con 30 años de experiencia, se resolverá arreglando el papel que corresponda o con las mínimas obras que haya que hacer, pero nada que impida la estancia de los menores en el centro, objetivo declarado por el Consistorio, reflejado en sus palabras antes de la llamada de atención y, sobre todo, sus acciones. Sea como sea, el centro funcionará, Cuin podrá desarrollar su proyecto educativo y de inserción laboral y se cumplirá con la Ley y con los valores humanos más básicos.

La amenaza administrativa de la alcaldesa se presentó el lunes 2 de febrero, el Gobierno las conoció y difundió el martes 3 y formalizó la presentación de estas cautelares el miércoles 4. La respuesta ha llegado este jueves 4. Y los primeros menores –que no todos—llegaron el mismo martes en que el Gobierno conoció la amenaza del Ayuntamiento a la asociación y a los menores. Fue por un pelo. Una llegada más tardía hubiera hecho aún más difícil el pedregoso camino real de llegada a Cartes.