Hace ya varios días que la mala gestión del Ayuntamiento de Cartes de la llegada de menores extranjeros no acompañados al pueblo ha traspasado los límites no sólo del municipio, sino de la política autonómica: los vecinos se han acostumbrado ya a ver a las teles nacionales por la villa de los torreones y el asunto llevó a pronunciarse a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego (Izquierda Unida).

Lo ha hecho también este viernes, a nivel estatal, Amnistía Internacional, la asociación en defensa de los derechos humanos, que cuenta con un activo grupo en Cantabria –organizan cada quince días una concentración de protesta que recuerda el genocidio en Gaza -.

La organización ha centrado su mensaje en la necesidad de responsabilidad, en especial de las instituciones, a la hora de frenar los bulos que atentan contra la infancia y juventud que viajan solos, sin familia, y que llevan años siendo objetos de una campaña de criminalización y mensajes de odio basadas en mentiras, bulos, prejuicios o informaciones sacadas de contexto.

En primer lugar, la veterana organización critica públicamente la decisión de Lorena Cueto (sigue siendo alcaldesa de Cartes y sigue representando al PSOE) de ordenar la paralización del centro de acogida de menores (el Ayuntamiento intentó conseguir el cierre, a través de una inspección urbanística, antes de la llegada de menores, consciente de que cuando llegaran, primaría la protección de los jóvenes, como finalmente sucedió), y también sus palabras de rechazo a la acogida (tras referirse al centro como castigo, aseguró que no podrían acogerlos porque no tenían servicios suficientes, apeló al emplazamiento en un lugar histórico y llegó a advertir de que la policía no estaba por las tardes, vinculando directamente migración y delincuencia).

Pero además se ha dirigido al resto de instituciones de Cantabria para recordarles una cosa que no ha estado en la agenda en todos estos días: desde el martes en que la alcaldesa desató la alarma con su mensaje en Facebook, los mensajes de los responsables políticos han oscilado entre el conflicto de competencias, el reproche partidista o el silencio.

Pero ninguna voz se ha alzado para condenar la criminalización de los jóvenes extranjeros procedentes de otros países con peores contextos.

Amnistía Internacional ha enviado una carta a las instituciones cántabras para explicarles que los mensajes que se han lanzado o alentado estos días “pueden incitar al odio y a la violencia contra los y las menores migrantes que se encuentran en el municipio y los que están por llegar”.

Y añade que “las autoridades, lejos de promover el odio, tienen la obligación de proteger a la infancia no acompañada y de garantizar el interés superior del menor”. “Esto significa que deben proveerles de atención y alojamiento, acceso a formación y oportunidades educativas”, señalan, insistiendo en que este tipo de mensajes “incrementan la vulnerabilidad” de la infancia ante los abusos de derechos humanos.

Finalmente, recuerda que todo esto no es ni más ni menos que una serie de obligaciones que emanan del cumplimiento de la Ley. Y apunta la fecha del 14 de febrero, en la que colectivos como Pasaje Seguro y Las calles contra el fascismo han convocado una manifestación en Santander para mostrar la bienvenida a los menores y el rechazo a la reacción racista.

En este enlace podéis consultar más cosas sobre la campaña de criminalización de los jóvenes migrantes.