La apertura del centro de menores de Cartes ya no supone para el Ayuntamiento ningún tipo de alteración al interés general del municipio
Al Ayuntamiento de Cartes, gobernado por la todavía alcaldesa Lorena Cueto, miembro del PSOE, ya no le parece que la llegada de jóvenes migrantes a su pueblo sea imposible por falta de servicios en general, y de policía en particular, como llegó a decir vinculando así a menores extranjeros y delincuencia.
De hecho, ahora cree que lo importante es la protección de los menores, para quienes hace dos semanas, cuando lanzó su alarmista mensaje en Facebook y empezó su ronda en medios –ya ni les coge el teléfono– o la intervención en el Pleno, decía que no había condiciones para su plena integración –algo por lo que en realidad velará la Fundación Cuin, responsable del centro-.
Más allá de las palabras, estuvieron sus hechos: esa orden de cierre, con amenaza de corte de luz y agua incluida, consecuencia en teoría de unas denuncias vecinales que tuvo que atender, pero que responden a una inspección urbanística que ella misma anunció presentándola contra una iniciativa propia contra el “hacinamiento” que veía en el inmueble o por su emplazamiento en un punto central y turístico del municipio.
Esos hechos, esa resolución fue combatida jurídica por el Gobierno de Cantabria, que es quien tiene las competencias en políticas sociales: lo que hizo el Ejecutivo fue dirigirse al juzgado para pedir medidas cautelares que evitaran el cierre. Más que cautelares fueron cautelarísimas, un tecnicismo que supone que se adoptan sin siquiera escuchar lo que tiene que decir la otra parte, el Ayuntamiento, que además había avanzado que, una vez adoptadas, no presentaría alegaciones, es decir, no defendería su propia acción.
Este lunes, han quedado confirmadas las medidas cautelares, lo que supone que se la logrado lo que se buscaba, que los tribunales frenaran al Ayuntamiento de Cartes en su intento de cierre del centro.
Un paso administrativo, el municipal, que escondía una obvia estrategia que convertía en documentos sus palabras de esos días: cerrar las instalaciones antes de la llegada de los menores, ya que sabía –conocimiento que se presupone a un representante del partido que en el Gobierno central promueve el escudo social que impide desalojar a menores- que en cuanto llegaran los jóvenes, primaría su interés frente a cualquier otra norma.
Pese a sus prisas –la sanción la emitió el pasado lunes– no llegó a tiempo con su movimiento y cuando el Ejecutivo recibió la notificación, ya estaban allí los primeros menores y tanto la Ley como la Justicia se convertían en garantes frente al deseo expresado por el Ayuntamiento de que no llegaran allí.
Tras la llamada al orden y su desautorización parcial por parte del líder de su partido y delegado de Gobierno –ese están “defendiendo lo indefendible” y “no representa los valores del PSOE” que convive con su mantenimiento como alcaldesa y la ausencia de consecuencias en el seno del partido—, llegó su cambio de tono: de repente sí que interesaba la protección y la bienvenida de los menores y hasta les garantizaba unos servicios que antes no había –y que no dependen de ella en su totalidad, pues los prestan u otras administraciones o directamente la fundación Cuin, con un veterano proyecto educativo y de inserción laboral que la alcaldesa no conocía ni quiso conocer y que simplemente necesitaba que no se le pusieran trabas.
“Nuestro trabajo es generar oportunidades”: así funcionará el centro de menores migrantes de Cartes
Ese cambio declarativo con el que se intenta hacer olvidar su primera reacción, en caliente, se refleja en el frío lenguaje judicial, en su renuncia a hacer alegaciones a las medidas cautelares en su contra (en su renuncia a defender sus propias medidas y acciones).
El escrito jurídico del consistorio habla ya del principio del “interés superior del menor”, así como del de “prudencia” (la que no mostró en sus primeras declaraciones, que supusieron que en un pueblo pequeño se acabara exponiendo lo que iba a ser el hogar de unos menores señalados por la asociación a conductas negativas, de la que el Ayuntamiento ha participado) y del cumplimiento de las resoluciones judiciales.
La administración municipal, de hecho, no ve que esa enmienda judicial a su gestión (que implica mantener el centro abierto) no sea correcta o que la existencia del centro de menores abierto produzca “una perturbación grave de los intereses generales o de un tercero”, hasta acabar usando el Ayuntamiento la palabra “acatar”.
En el camino, el Ayuntamiento que tardó 7 diazos en pronunciar la palabra bienvenidos sigue no sólo sin desmentir bulos y desinformación sino sin criticar los mensajes racistas que asociación migración y delincuencia, espoleados por su propia institución –esa referencia a la falta de policía suficiente- y que coinciden plenamente con el discurso más identitario de Vox.
El partido de extrema derecha ha convertido estos días Cartes en un plató y un constante mitin electoral, con carteles, recogidas de firmas, visitas de líderes autonómicos –de ellos no se decía que no eran de fuera del pueblo para deslegitimar su opinión—y repetición de su mensaje, sin que el Ayuntamiento se haya distanciado públicamente ni criticado el aprovechamiento electoral de la situación. Este mismo martes visitará Cartes el portavoz nacional de Vox en materia de inmigración, interior y seguridad –su cargo vincular migraciones y delincuencia, al igual que hizo la alcaldesa al relacionar la llegada de los menores con la falta de policía local-: una visita que es posible gracias al caldo de cultivo creado estos días en el pueblo, del que participó el Ayuntamiento al sobredimensionar las voces más alarmistas o críticas.
Y eso que no todo el pueblo piensa igual, por mucho que con su postura quisiera erigirse en portavoz de todos: hay vecinos del pueblo que, a pesar de la oleada de insultos y amenazas por aquellos que teóricamente se presentaba como defensores de la convivencia, se han expresado en público a favor de la acogida y contra los mensajes racistas, e incluso han ofrecido apoyo y voluntariado a la Fundación Cuin.
Poco a poco, las voces críticas más activas se van deshinchando –entre otras cosas porque ya hay menores en el municipio sin que haya llegado el fin del mundo que se pronosticaba–, y este fin de semana apenas una veintena de personas participaba en la última convocatoria de concentración.
“Llevamos años viviendo con gente de otros países sin ningún tipo de problema”
Superada la alarma inicial, los mensajes de odio y los intentos de acallar otras voces a base de insultos, llegan ya las voces en positivo, como la de los convocantes de la manifestación de este sábado 14 a las 12.00 horas, de las sedes de Delegación de Gobierno a Gobierno de Cantabria, al lema de “El odio no cabe en Cantabria”.
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