Izquierda Unida ha denunciado que el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar, promovido por el Gobierno de Cantabria, “nace sin capacidad real para mejorar la situación del profesorado” y se limita a “reordenar cuestiones de convivencia ya reguladas”, sin ofrecer avances significativos en la autoridad pedagógica ni en las condiciones profesionales del colectivo.

Para la Red de Educación de IU Cantabria, que registrará alegaciones a la norma, el texto concentra la mayoría de sus artículos en aspectos disciplinares, mientras que solo dos de los veinte artículos abordan directamente la autoridad docente, y uno de ellos lo hace “de forma parcial”, al supeditar la presunción de veracidad a su formalización documental.

Según el coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, esto supone “una señal de desconfianza institucional hacia un cuerpo altamente formado y con responsabilidad pública”.

La organización considera especialmente grave la distancia entre el contenido del anteproyecto —que insiste en el respeto, el reconocimiento social y la mejora de la función docente— y las recientes declaraciones del consejero de Educación, que llegó a referirse al profesorado como “bajistas profesionales” y a plantear recortes salariales durante una baja médica.

El líder de IU sostiene que este tipo de mensajes “no solo deterioran la imagen del profesorado, sino que también cuestionan el criterio de los profesionales sanitarios y afectan a docentes que afrontan enfermedades graves”.

Frente a lo que describen como “una ley de buenas palabras”, IU defiende que los problemas prioritarios del sistema educativo no giran en torno a la convivencia, sino a la falta de recursos estructurales.

Ruiz Salmón reclama, tal y como hace la Junta de Personal Docente, la reducción de ratios, un refuerzo real de los apoyos educativos, la disminución de la carga burocrática y un respaldo pleno al criterio profesional del profesorado en la toma de decisiones académicas y pedagógicas.

“La autoridad del profesorado no se impone desde la retórica ni desde lo punitivo”, subraya la organización, que defiende que esta debe construirse “desde la confianza en quienes se han formado, evalúan de manera colegiada y garantizan el interés del alumnado”.

Por todo ello, IU exige una revisión profunda del anteproyecto para que deje de ser “una declaración de intenciones” y se convierta en un instrumento eficaz de dignificación real de la profesión docente.