Las organizaciones Pasaje Seguro y Las Calles contra el Fascismo han instado a la Delegación del Gobierno en Cantabria y a la Fiscalía a investigar como posibles conductas de “incitación al odio” las declaraciones realizadas este jueves en Cartes por el responsable nacional de seguridad de Vox, durante un acto celebrado en las proximidades de un centro de acogida de menores migrantes.

En un comunicado, los colectivos han señalado que ya consideraban “incomprensible” que se permitiera la celebración de un acto de Vox en las cercanías del centro, al que, según recuerdan, la formación de ultraderecha “ha señalado con calumnias y amenazas” en anteriores intervenciones públicas.

Durante su intervención en Cartes, el dirigente de Vox afirmó que en los centros de acogida donde residen menores migrantes “ninguno ha dejado de dar problemas”, citando como ejemplo “homicidios, machetes, agresiones sexuales”. Según las organizaciones convocantes, estas afirmaciones contradicen los informes anuales de las fiscalías y las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, al tiempo que reprochan que no se aportaran fuentes que respaldaran esas declaraciones.

En este sentido, sostienen que este tipo de intervenciones públicas “buscan señalar a gente indefensa y bajo protección e introducir el miedo y el odio en la población”. Además, critican que el responsable de Vox añadiera que los hijos de los vecinos de Cartes “probablemente ya no caminen por estas calles con la misma tranquilidad”, en referencia a la apertura del centro de acogida.

Para Pasaje Seguro y Las Calles contra el Fascismo, estas manifestaciones no solo son “infames”, sino que consideran que resultan “calumniosas” y que “incitan claramente al odio” contra menores que se encuentran bajo protección institucional.

Por ello, han solicitado a la autoridad gubernativa y al Ministerio Fiscal que investiguen de forma “pronta” estas declaraciones y valoren si pueden constituir un ilícito penal, al entender que se trata de conductas que “criminalizan y amenazan a niños en protección” y que, a su juicio, no deben quedar únicamente en el ámbito del reproche político o moral.

Las organizaciones también han dirigido un llamamiento al PSOE de Cantabria, formación que gobierna históricamente el municipio de Cartes. En concreto, han pedido un pronunciamiento “claro” a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto; al secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares; y al secretario de organización y anterior alcalde del municipio, Agustín Molleda, para que se posicionen en contra de la utilización de las calles del municipio para transmitir “mensajes de odio” en las inmediaciones de un centro de acogida.

A su juicio, los riesgos para el municipio y para su imagen pública “no vienen de la apertura de un centro de atención a niños migrantes”, sino de la celebración de actos políticos que, según sostienen, promueven discursos de rechazo hacia estos menores.

Asimismo, han señalado que esperan un posicionamiento por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y actual portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, quien tiene prevista su asistencia a un acto del PSOE de Cantabria este fin de semana. Las organizaciones consideran que los responsables municipales, regionales y nacionales del partido “tienen la obligación de mandar un claro mensaje a favor de la acogida” en un municipio como Cartes.

En España, los delitos de odio están recogidos en el Código Penal y contemplan conductas que promuevan o inciten públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por motivos como su origen nacional o étnico. Según los datos más recientes del Ministerio del Interior, los delitos de odio vinculados al racismo y la xenofobia se sitúan entre los más registrados en el conjunto del Estado.

Las organizaciones firmantes han reiterado su defensa de los derechos de la infancia y de las personas migrantes, así como su compromiso con la convivencia en el municipio, y han insistido en que los menores acogidos se encuentran bajo la tutela de la administración y amparados por la legislación vigente.

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