El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha asegurado que “como concejal y vecino de Santander, respiro aliviado, porque al fin tenemos una buena noticia sobre el estropicio en el que ha convertido Gema Igual el servicio de ‘basuras’”. Aunque ha recordado que la sentencia no es firme y que previsiblemente habrá recurso por parte de la empresa, el edil considera que esta sentencia supone un paso importante hacia el cierre de un conflicto que, finalmente, “no suponga seguir tirando a la papelera el dinero de todos los vecinos a causa de su gestión incapaz, oscura y anhedónica de lo público”.

La formación ha querido subrayar que esta resolución judicial afecta a una de las dos grandes vías del conflicto: la legalidad de la rescisión del contrato, aunque deja abierto otro frente completamente distinto, como es el de las deducciones aplicadas en facturas durante 2020 y 2021.

A este respecto, el Ayuntamiento ha acumulado 16 sentencias firmes en contra, confirmadas en diferentes instancias hasta llegar al Tribunal Supremo, con un impacto económico que ronda los 3,2 millones de euros que deberán abonarse a la empresa con cargo a las arcas municipales. “Por desgracia, aunque la Justicia avale una rescisión de contrato que llevábamos años pidiendo, eso no borra el dinero que ya se ha perdido por una gestión deficiente”, ha señalado Martínez.

Y es que el edil considera que estas 16 sentencias no se habrían producido si el Ayuntamiento hubiera aplicado un buen seguimiento y fiscalización del cumplimiento del contrato. “La falta de control permitió durante años validar certificaciones y servicios que ya entonces denunciábamos que no se estaban cumpliendo”, ha explicado el edil, que ha señalado directamente a la alcaldesa y su equipo como responsable. “Cuando no se supervisa correctamente un contrato de esta envergadura, el resultado es el que estamos viendo: deficiencias en la prestación de servicios, pleitos, inseguridad jurídica y millones de euros perdidos”, ha añadido Martínez, quien ha destacado que basuras no es el único contrato que el Ayuntamiento ha dejado de fiscalizar correctamente.

En este sentido, el concejal ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación que permita analizar con rigor todo el proceso, identificar fallos y depurar responsabilidades. Se trata de una reclamación sostenida por la oposición durante esta y la pasada legislatura, que el equipo de Gobierno del PP ha rechazado reiteradamente “por razones absolutamente opacas y que parecen destinadas únicamente a proteger a los principales responsables de que la situación haya derivado hasta este punto”.

“Si de verdad queremos cerrar esta etapa con garantías y recuperar la confianza de la ciudadanía, hace falta luz y taquígrafos. No basta con una sentencia favorable; hay que explicar cómo se llegó hasta aquí y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir con el siguiente contrato, que todavía no está en vigor pese a cuatro años de contrato de emergencia, que aseguraron que apenas iba a durar unos meses”, ha insistido el concejal.

Por último, y en referencia al nuevo contrato, el edil ha recordado que el nuevo pliego, solamente prevé dos auditorías en diez años. “Basándonos en esta experiencia con Ascán, nos parece muy poco. Es necesario estar más encima, hacer un seguimiento más exhaustivo, más riguroso, que garantice no solamente la buena prestación del servicio, sino que se hace de la forma más correcta y adecuada para que sea eficiente, y no acabe repercutiendo económicamente en el bolsillo de todos y cada uno de los santanderinos”, ha concluido.