La Coordinadora Cántabra de Pensionistas se moviliza este lunes en defensa del escudo social
La Coordinadora Cántabra de Pensionistas ha convocado movilizaciones este lunes 23 de febrero en Castro Urdiales, Astillero, Camargo, Torrelavega, Santander y Cabezón de la Sal para defender la aprobación del denominado ‘Escudo Social’ y la revalorización de las pensiones. Las concentraciones están previstas a las doce horas en las plazas habituales de cada localidad, en el marco de una convocatoria estatal de las coordinadoras de pensionistas.
El origen de esta movilización se sitúa en la votación celebrada el pasado 27 de enero en el Congreso de los Diputados, donde una mayoría de Partido Popular, VOX y Junts per Catalunya rechazó el conocido como Decreto Ómnibus, que incluía, además de la actualización de pensiones conforme a índices oficiales, un conjunto de medidas sociales agrupadas bajo la denominación de ‘Escudo Social’.
Entre esas medidas figuraban descuentos en la factura de la energía para consumidores vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos para colectivos en riesgo, ayuda directa para personas afectadas por eventos climáticos extremos y exenciones fiscales en indemnizaciones por daños personales derivados de incendios forestales, entre otras. El Ejecutivo ha optado por fragmentar el decreto en dos textos diferenciados —pensiones y resto de medidas sociales— para intentar asegurar apoyos parlamentarios suficientes antes del veintisiete de febrero, fecha límite legal para su convalidación.
Desde la organización de pensionistas se subraya que la situación evidencia, a su juicio, que las carencias materiales de amplios sectores de la población tienen un carácter estructural y requieren de respuestas legislativas amplias más allá de las coyunturas políticas. Reclaman que ambos textos sean respaldados “por todos los partidos sin excepción” y que no se utilicen “intereses partidistas” para condicionar su aprobación.
Convocatoria de otro acto de protesta el 24 de febrero por sanciones a activistas
Por otra parte, diversos colectivos sociales y políticos de Cantabria han convocado una concentración el martes veinticuatro de febrero a las diecinueve horas frente a la Delegación del Gobierno en Santander para protestar por la apertura de expedientes sancionadores a dos activistas que participaron en protestas pacíficas durante la Vuelta Ciclista a España de 2025. Según los grupos convocantes, las sanciones se han tramitado al amparo de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza” y suponen, han dicho, un intento de “criminalizar la protesta pacífica”.
En un comunicado conjunto, las organizaciones firmantes —entre ellas Comité-Interpueblos, Comisión 8M Cantabria, CNT Santander, Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, CSO La Lechuza, Podemos Cantabria, Pasaje Seguro Cantabria, Anticapitalistas, Cabezón por Gaza, Ecologistas en Acción Cantabria y Coordinadora Cántabra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones— han exigido la derogación inmediata de los artículos utilizados en los procedimientos sancionadores, el archivo de los expedientes abiertos y han defendido la legitimidad del ejercicio del derecho a la protesta.
La convocatoria de la concentración se realiza bajo el lema “Condenar el genocidio es deber, no delito” y está impulsada por un amplio conjunto de colectivos sociales y políticos que reclaman que la protesta no sea objeto de sanciones administrativas.
Los organizadores han subrayado que estas movilizaciones se producen en un momento de “crítica” en el que, a su juicio, persisten tensiones entre el ejercicio de derechos fundamentales como la libre expresión y de reunión y la aplicación de instrumentos normativos que consideran restrictivos.
No es la única cita en clave social con la que arranca la semana, que incluye un acto de Izquierda Unida, el martes, con presencia del secretario de Estado de Infancia y Juventud para hablar de la acogida de menores extranjeros, a raíz de su instalación en Cartes.
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