El Ayuntamiento de Castro ofrece colaboración en lugar de desinformación, prejuicios y trabas a la llegada de jóvenes migrantes
Un mismo hecho se puede gestionar de dos formas distintas y este martes lo hemos comprobado con la forma en que el Ayuntamiento de Castro Urdiales ha reaccionado a la llegada de menores extranjeros no acompañados.
Tal vez por mero aprendizaje de cómo hizo en Cartes su compañera de partido, por tener algo más de conocimiento del mundo o menos prejuicios, tener unos valores cívicos más asentados y alineados con los de su propio Gobierno o simplemente por haber aprendido de los numerosos errores previos y tener algo más de sentido común, incluso una percepción menos sesgada de por dónde respira su pueblo y más capacidad de resistir a las presiones, el caso es que Susana Herrán, regidora de Castro Urdiales, lo ha hecho de forma distinta.
Para empezar, se ha informado dando la cara, en una rueda de prensa sujeta a preguntas y no con un mensaje en Facebook, y no se ha señalado expresamente el lugar donde estará el centro, como hizo el Ayuntamiento de Cartes al plantear una especie de incompatibilidad entre un espacio para jóvenes migrantes y la zona más céntrica y patrimonial del pueblo –que no se ve, por ejemplo, para estructuras de más impacto como hoteles o apartamentos turísticos–. En cualquier caso, esa forma de apuntar al camino real fue, como minimo, imprecisa.
Lo que tampoco se ha hecho en Castro Urdiales es jactarse de no tener servicios suficientes (algo que, por cierto, tendría más legitimidad para invocar el municipio oriental, con una importante población flotante no censada en momentos puntuales e incluso estables, marcada por la presión de los vecinos del País Vasco que son residentes temporales o prácticamentes permanentes, mientras que en Cartes cualquier vecino sabe que se hace una vida muy comarcal, yendo a servicios educativos o sanitarios a municipios cercanos, como Torrelavega o Cabezón). Fue mentira, en cualquier caso: el propio pueblo vende constantemente la profusión de actividades para las familias jóvenes que se van asentando allí, a las que el Ayuntamiento les trasladaba, salvo que los servicios fueran distintos en función de la nacionalidad –y eso tiene un nombre–, que no abía servicios para ellos. Es tan mentira que ya hay chavales haciendo deporte en el pueblo (y, da pudor teclearlo, la propia Fundación tiene claro que no irían todos de golpe al mismo sitio ya que de lo que se trata es que aprendan el idioma y la integración cuanto antes). Y daba igual, de todos modos: el mínimo conocimiento que se presupone a un político, más a uno con sensibilidad social, de la realidad y determinados fenómenos, le debería haber hecho caer en que muchos de los servicios, especialmente los educativos, vendrían o de otras administraciones o, sobre todo, de la gestión de una asociación con tres décadas de experiencia en la atención a menores, con un proyecto de inserción laboral que una vez admitido el imperdonable desconocimiento, bastaba con descolgar el teléfono para conocer. No lo hizo con la entidad, a quien sólo se dirigió para confirmar la llegada del centro antes de poner el mensaje incendiario en Facebook, y ni siquiera pareció hacerlo con las compañeras de partido, de su propia facción interna, que saben más que ella del asunto.
Entre los servicios que aseguró no tener, por cierto, se llegó, en el colmo de la irresponsabilidad, a decir públicamente los horarios en los que el pueblo carece de Policía Local: además de despreciar la labor de cuerpos más que cercanos geográficamente como la Policía Nacional o la Guardia Civil, el mensaje parecía indicar a todo aquel que quiera delinquir la hora para hacerlo sin problemas en Cartes, salvo que, nuevamente, fuera una cuestión que pensara que sólo tiene efecto según las nacionalidad. Y eso tiene un nombre (y constituye un discurso político base de otro partido, que es el que más rédito sacará de todo lo que ha pasado en Cartes, sin que a estas alturas la alcaldesa se haya distanciado nada de nada de esa estrategia).
La alcaldesa de Castro Urdiales ha ofrecido colaboración, y la ha reflejado en una reunión exprés con el Gobierno de Cantabria –responsable de las competencias en materia de protección a menores, que no discriminan entre nacionales y extranjeros–, en un contraste no sólo con los mensajes del Ayuntamiento de Cartes, sino, sobre todo, con sus acciones: hablamos de esa sanción urbanística, esa amenaza de cierre y corte de suministros a la desesperada para tratar de cerrar el centro antes de la llegada de menores, cuando sabía –o debía saber– que no era posible. La sanción que aún está por aclarar si se debió a una iniciativa municipal, como dijo la alcaldesa en un primer momento, o si es reacción a denuncias vecinales, como declaró después. Nuevamente, da igual: el Ayuntamiento creyó saber más de la normativa de gestión de centros de menores que asociaciones con décadas de experiencia y administraciones con letrados especializados.
Y, por ir cerrando, tampoco ha caído en llamarlo castigo, una palabra que luego matizó refiriéndose, o intentando, a que es así como el Gobierno de Cantabria parece ver unos centros que, ha admitido sin pudor, no quiere y sólo gestiona por imperativo legal (igual que el Ayuntamiento de Cartes, por cierto, y en un recordatorio que merece la pena hacerse a todos aquellos que han alzado la voz contra los jóvenes migrantes invocando la legalidad). A estas alturas, parece evidente que en el Ejecutivo cántabro han asumido que la campaña de años contra este colectivo, bien armada y financiada, ha prendido entre la población, por lo que prefieren ubicar los centros en municipios gobernados por sus rivales políticos, en una anomalía estadística (sobre el papel, hay más probabilidades, los datos electorales hablan, de que algo pase en un municipio gobernado por el PP que en uno por el PSOE) lo que parece un intento de situarles en una contradicción facilona. No hay peor cosa que caer en una trampa, y la alcaldesa de Castro no lo ha hecho.
Más de un mes de la crisis desatada por quien no es que echara gasolina sobre la procesión de antorchas, sino que directamente la encabezó, la situación se ha normalizado y los propios vecinos de Cartes se están organizando para apoyar desde el voluntariado al centro gesttionado por Cuin.
Desactivar el odio con algo tan simple como ser buenas personas
Mientras, la sociedad civil ha evidenciado un apoyo real que trasciende la campaña de insultos en redes sociales a quienes simplemente tenían una opinión diferente, que en algún momento se reflejó en el día a día del pueblo en otra de las irresponsabilidades de esta gestión: la sobrerrepresentación por parte del Ayuntamiento de las voces críticas situó en minoría y soledad a otros vecinos del pueblo, que no se vieron apoyados por su alcaldesa. Afortunadamente en esto Castro Urdiales también será diferente, y podrá beneficiarse del importante alcance de la sociedad cviil y movimientos sociales que hay en el municipio.
“Llevamos años viviendo con gente de otros países sin ningún tipo de problema”
Noticias relacionadas:
- Amnistía Internacional pide a las instituciones cántabras una apuesta para combatir el racismo y garantizar una acogida “digna” a menores migrantes en Cartes
- Pasaje Seguro y Las Calles contra el Fascismo piden investigar a Vox por incitación al odio contra menores migrantes en Cartes
- Pablo Zuloaga apela a la tradición histórica del PSOE cántabro en la acogida de menores migrantes