La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) Cantabria ha presentado una propuesta de reforma fiscal en la que alerta de la brecha de renta disponible entre personas trabajadoras autónomas y asalariadas con idénticos ingresos. Según expone la organización en su documento de propuestas , un autónomo con ingresos equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) dispone de más de 2.500 euros menos al año que un trabajador por cuenta ajena en la misma situación.

La comparativa incluida en la propuesta fiscal elaborada por la entidad parte de unos ingresos netos mensuales de 1.323 euros, es decir, 15.876 euros anuales. En el caso de una persona asalariada, la cotización asciende a 85,73 euros al mes y no se aplica retención por IRPF en ese tramo, lo que deja una renta disponible mensual de 1.237,27 euros.

Por el contrario, un autónomo con los mismos ingresos afronta una cuota a la Seguridad Social de 300,72 euros mensuales y una retención media de 94,43 euros en concepto de IRPF. El resultado es una renta disponible de 1.022,28 euros al mes, 214,99 euros menos cada mes. En términos anuales, la diferencia supera los 2.500 euros.

Desde UATAE subrayan que esta situación tiene especial incidencia en Cantabria, donde más de 16.000 personas trabajadoras autónomas perciben ingresos por debajo del SMI. Se trata, en su mayoría, de microempresas y profesionales vinculados al comercio, los servicios y actividades profesionales.

Equiparación en el IRPF

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la modificación del tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En la actualidad, los rendimientos del trabajo cuentan con una reducción que puede alcanzar los 7.302 euros anuales para rentas inferiores a 19.747,50 euros. En cambio, los rendimientos de actividades económicas —que declaran los autónomos— tienen una reducción máxima de 6.498 euros y están sometidos a requisitos adicionales.

Entre esos condicionantes figuran que al menos el 75% de la facturación esté sujeta a retención, no obtener rendimientos del trabajo en el mismo periodo o que los gastos deducibles no superen determinados porcentajes. UATAE plantea eliminar estos requisitos y equiparar tanto la cuantía como los límites de aplicación a los establecidos para las personas asalariadas, con el argumento de que el principio de capacidad económica debe aplicarse con independencia del régimen de afiliación.

Además, la organización propone que las indemnizaciones percibidas por los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) cuando finaliza su contrato queden exentas en el IRPF, como sucede en el régimen general hasta determinados límites. En la actualidad, estas cantidades tributan íntegramente.

Retenciones, liquidez y pagos fraccionados

La propuesta también aborda la planificación financiera y las tensiones de tesorería. Actualmente, el tipo de retención en las facturas varía en función del tiempo de ejercicio de la actividad y los pagos fraccionados trimestrales se calculan aplicando un porcentaje fijo del 20% sobre el rendimiento neto acumulado.

UATAE señala que esta rigidez provoca adelantos que, en muchos casos, se devuelven posteriormente en la declaración anual. Por ello, plantea implantar un sistema de retenciones y pagos fraccionados variables en función de los ingresos reales, similar al que se aplica en las nóminas, con el objetivo de ajustar la tributación a la situación económica efectiva.

En este sentido, el documento también reclama una mayor claridad en los criterios de deducibilidad de gastos, incluida la posibilidad de deducir parcialmente el uso del vehículo cuando exista una utilización habitual vinculada a la actividad, así como establecer reglas objetivas que refuercen la seguridad jurídica.

Régimen de franquicia de IVA y morosidad

En materia de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), UATAE insiste en la incorporación del régimen de franquicia previsto en la Directiva (UE) 2020/285, que permite a los Estados miembros establecer un sistema simplificado para pequeñas empresas que no superen determinados umbrales de facturación, hasta un máximo de 85.000 euros anuales.

La aplicación de este régimen, de carácter voluntario, permitiría no repercutir IVA en las facturas ni presentar declaraciones trimestrales, lo que reduciría cargas administrativas y mejoraría la liquidez. No obstante, implicaría la imposibilidad de deducir el IVA soportado, por lo que la organización defiende que cada profesional pueda optar en función de su situación.

El documento dedica también un apartado a la morosidad, señalando que el periodo medio de pago puede situarse en torno a 95 días, frente al plazo legal de 30 días. Al aplicarse el criterio de devengo en el IVA, los autónomos deben ingresar el impuesto al emitir la factura, aunque no la hayan cobrado. UATAE plantea reforzar los mecanismos de control y sanción frente a incumplimientos y flexibilizar los aplazamientos y fraccionamientos de impuestos trimestrales sin intereses ni recargos.

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