El hecho de que una pasarela de madera haya cedido de la manera que lo ha hecho la del trágico accidente en El Bocal abre preguntas sobre el estado de los elementos que se instalaron en las obras que se ejecutaron, aunque no se terminaron, en 2014.

Este miércoles, al día siguiente de la tragedia, la Demarcación de Costas le ha pedido al Ayuntamiento de Santander que precinte dos más de esas pasarelas que hay a lo largo de la senda costera. Y la Policía Local ha dado cumplimiento a esa petición. El proyecto que pretendía reanudar las obras que se pararon por la acción vecinal, en 2016, ya preveía que esta pasarela en concreto fuera retirada, pero ese proyecto nunca echó a andar y ahora, diez años después, se lamentan, al menos, cinco fallecimientos.

La retirada de la pasarela de El Bocal estaba prevista en un proyecto de 2016

Aunque lo más importante es la pérdida de vidas, este miércoles ya ha sido día también de preguntas y respuestas institucionales. Nadie asume directamente las culpas. La alcaldesa de Santander señala a Costas, porque fueron los que licitaron y adjudicaron la obra en 2013, los que decidieron pararla en 2014, indemnización a Dragados mediante, y los que no reanudaron las obras con un nuevo contrato después. Y esa zona junto al mar corresponde a Costas, aunque eso no signifique que tanto Gobierno de Cantabria como Ayuntamiento de Santander no puedan tener una labor de vigilancia por si hay algo que mejorar, modificar, arreglar…

Este miércoles, eldiario.es en Cantabria ha publicado un documento con fecha de 2004 en el que decía que, una vez se hicieran las obras en la senda costera, el Ayuntamiento pasaría a gestionar ese espacio. Ahora, la alcaldesa se tiene que agarrar a que las obras nunca se terminaron, por lo que ese cambio en la gestión nunca se produjo.

Igual no se quedó ahí, sino que recordó las protestas vecinales que se acabaron saldando con la paralización de las obras. Unas obras que el propio Ayuntamiento llevaba años reclamando para esa zona entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar. Hasta el punto de que, 10 años antes de la ejecución parcial, ya se comprometía a gestionar ese espacio de la costa norte de la ciudad.

Todo esto en medio de unas declaraciones en las que decía que no era el momento de las discusiones entre administraciones, por respeto a las víctimas, pero a la vez aludiendo a la memoria de la ciudadanía de Santander y que se recordaba que Demarcación de Costas fue quien las hizo, con el PP, en el momento de las obras, gobernando en España, en Cantabria y en Santander.

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El Ayuntamiento de Santander, lejos de aparcar la polémica, envió un comunicado en la tarde del miércoles insistiendo en que no constaba ningún documento de Demarcación de Costas por el que fuera el Consistorio el que debía hacerse cargo del mantenimiento de los construido en 2014. La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, decía que el compromiso de mantenimiento por parte del Ayuntamiento «sigue a la espera de que finalicen» las obras. Es decir, el Gobierno municipal, durante la tarde del miércoles, realizó trabajo extra para asegurar que no tiene ninguna responsabilidad en este accidente, pese a que se decía centrado en lo más importante, que eran las víctimas.

Este jueves, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha insistido en no buscar una confrontación entre administraciones, que todas envíen la documentación pertinente al juzgado y que allí se diriman las responsabilidades. También ha dicho que lo de precintar dos pasarelas más de la senda costera no fue una orden, sino una sugerencia que se hizo al Ayuntamiento de Santander.

Por su parte, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, que viajó hasta Santander el mismo día del accidente, prefería limitarse a decir que hay una responsabilidad compartida de las administraciones cuando se trata de velar por la seguridad de las personas, y prefería no señalar más responsabilidad o culpabilidades hasta que no concluya la investigación que se está llevando a cabo.

La Policía Nacional es quien se está encargando de recabar las pruebas necesarias para determinar las causas del siniestro y entregarlas en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander. Las diferentes administraciones, como decía la propia alcaldesa, entregarán la documentación pertinente para que se sepa cómo estaba la estructura y qué se ha hecho con ella con el paso de los años. Un vecino había avisado esta misma semana sobre el estado de la pasarela que cedió el pasado martes.